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Las investigaciones por el ataque en el que fue asesinado un agente de la Policía del Estado han permitido confirmar que la célula criminal responsable de la agresión está relacionada con más de 50 homicidios cometidos durante 2025.

Así lo informó este viernes el subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Luis Ángel Aguirre Rodríguez, quien precisó que 15 de esos asesinatos se registraron sólo en el mes de diciembre.

El funcionario explicó que, en coordinación con la Fiscalía Zona Norte, se ha obtenido información clave que permitirá fortalecer la carpeta de investigación relacionada con el ataque contra los agentes estatales.

Indicó que, dentro del plazo de seis meses fijado por la autoridad judicial para la investigación complementaria, tras la vinculación a proceso de cuatro de los detenidos, se integrarán nuevos datos, entre ellos más material videográfico y la identificación de otros posibles implicados.

Aguirre Rodríguez afirmó que este trabajo derivará en nuevas órdenes de aprehensión, ya que —dijo— el objetivo es detener a todos los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades han realizado más de 20 intervenciones en igual número de ubicaciones cercanas al lugar del ataque, ocurrido en la intersección de la avenida Adolfo López Mateos y la calle Simona Barba.

Entre los sitios intervenidos se encuentran casas de seguridad, así como puntos donde los presuntos responsables ocultaron vehículos utilizados durante la agresión.

“Esta pandilla que hemos estado combatiendo desde el año pasado también está vinculada con los arsenales asegurados en operativos previos”, señaló el subsecretario.

Añadió que ya se tiene identificados a los principales cabecillas o líderes del grupo criminal y lanzó una advertencia directa:

“Todos los que sirvieron de halcones, quienes ayudaron a conseguir casas de seguridad, vehículos, talleres o yonques, todos están siendo identificados y vamos por ellos”, advirtió.

“Vamos a dar con el responsable intelectual de estos hechos”, remarcó.

Tras el ataque, explicó, la mesa de seguridad acordó reforzar la presencia de fuerzas federales en la ciudad, lo que derivó en la llegada de 300 elementos de fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

Además, se registró un refuerzo significativo de la Guardia Nacional, mientras que la SSPE concentró en Ciudad Juárez su flota aérea y mayor número de elementos operativos.

Actualmente, precisó, los tres grupos especiales de la Policía del Estado se encuentran operando en Ciudad Juárez.

El senador Javier Corral Jurado denunció que autoridades del estado de Chihuahua aseguraron una cabaña de su propiedad bajo el argumento de presunta corrupción, una medida que calificó como ilegal, inútil y parte de una estrategia de persecución política impulsada —dijo— por el gobierno estatal.

Aseguró que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua carece de competencia para intervenir en el caso, situación que —afirmó— ya fue resuelta en dos ocasiones por jueces federales y ratificada por unanimidad por un Tribunal Colegiado de Circuito.

A través de su cuenta en X, el exgobernador y actual senador acusó a la Fiscalía Anticorrupción y a su titular, Abelardo Valenzuela, de mantener el expediente activo pese a resoluciones judiciales adversas.

Corral Jurado enfrenta un proceso penal en el estado de Chihuahua por un presunto desvío de recursos superior a los 98 millones de pesos, que —según la acusación— habría sido cometido junto con el entonces secretario de Hacienda, Artur J. V., durante el proceso de reestructuración de la deuda estatal en 2019.

No obstante, el senador enfrenta el proceso en libertad, debido a que cuenta con fuero constitucional, además de que se impidió su aprehensión en la Ciudad de México durante un operativo de la Fiscalía General de aquella entidad.

El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en el que informó el aseguramiento de una cabaña ubicada en la reserva natural protegida de Basaseachi, propiedad de Corral Jurado.

“Patadas de ahogado”

A juicio del senador, el único recurso que le queda al gobierno estatal es el “golpeteo mediático”, mediante el uso de recursos públicos para difundir una narrativa que calificó como “amarillista y sin sustento”.

Corral vinculó esta acción con la reciente detención del exgobernador César Horacio Duarte Jáquez, a quien calificó como “protegido” del actual gobierno estatal.

Sostuvo que dicho arresto reactivó el interés nacional en la Operación Justicia para Chihuahua y en el caso de la “nómina secreta”, y señaló como principal beneficiaria a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien —recordó— la Fiscalía General de la República ha señalado por presuntos sobornos.

Asimismo, Corral afirmó que el reconocimiento de la competencia federal en su caso ha generado nerviosismo en el gobierno estatal, pues —aseguró— no sólo se demostrará su inocencia, sino que también quedará al descubierto una presunta fabricación de delitos y una colusión entre funcionarios estatales y jueces para consumar una venganza política.

Finalmente, lamentó que la institución encargada del combate a la corrupción en Chihuahua esté encabezada —dijo— por una persona “servil a los intereses del Ejecutivo estatal” y carente de conocimientos jurídicos, lo que —advirtió— debilita el estado de derecho en la entidad.

La jueza Ana Patricia Portillo García fue designada para llevar el proceso penal en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, acusado de peculado y asociación delictuosa, en lo que representa el cuarto cambio de persona juzgadora desde que inició el caso.

La reasignación se dio tras la salida de la anterior titular, María Berjes, quien renunció al cargo que había obtenido en las elecciones judiciales de junio pasado para incorporarse al Poder Judicial como secretaria proyectista de la Segunda Sala en Materia Penal.

El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua informó a Norte Digital que Ana Patricia Portillo quedará a cargo del expediente del exmandatario, a quien se le atribuye el desvío de más de 96 millones de pesos del erario estatal hacia empresas y organizaciones en las que presuntamente tenía influencia directa.

De manera paralela, Duarte enfrenta otro proceso penal en el ámbito federal, por un presunto delito de lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.

Actualmente, el exgobernador se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano, aunque permanece bajo libertad condicional por las causas penales que se le siguen en Chihuahua.

Con la nueva designación, el expediente suma cuatro relevos judiciales, una circunstancia poco común en un proceso de esta magnitud y que ha marcado el ritmo del caso desde su arranque.

En un primer momento, el proceso estuvo a cargo de la jueza Delia Valentina Meléndez, quien dictó el auto de vinculación a proceso. Posteriormente, tras negarle la libertad condicional y registrarse un altercado durante una audiencia, fue sustituida por la jueza Hortensia García Rodríguez, quien sí concedió la libertad condicional al exmandatario.

Más recientemente, el expediente quedó en manos del juez Omar García, quien falleció en diciembre pasado, lo que obligó a una nueva reasignación del caso.

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad avanzar en una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar como delito la realización de llamadas falsas a los sistemas de emergencia, como el 911.

La diputada Nancy Frías, presidenta de la Comisión, informó que durante 2025 el número de emergencias 911 en Chihuahua recibió más de 346 mil llamadas, de las cuales cerca del 67 por ciento fueron improcedentes.

Esto significa que dos terceras partes de los reportes corresponden a bromas o falsas alarmas, una práctica que satura las líneas de atención, reduce la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad y genera un gasto innecesario de recursos públicos al movilizar personal y unidades ante emergencias inexistentes.

Durante la misma sesión, la Comisión aprobó además un paquete de iniciativas en materia de seguridad y derechos humanos, enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el fortalecimiento del sistema de emergencias en el estado.

Entre los acuerdos avalados destaca la reforma a la Ley General de Víctimas y a la normativa estatal, con el objetivo de evitar la revictimización institucional de menores de edad que sean víctimas o testigos de delitos.

La propuesta plantea eliminar prácticas que generan trauma, como la repetición innecesaria de declaraciones de menores ante distintas autoridades, con el fin de garantizar procesos más sensibles y eficaces.

Asimismo, se dio inicio al análisis para la expedición de la Ley de Cultura de la Legalidad y Construcción de la Paz, una iniciativa que busca actualizar un marco normativo con más de una década de antigüedad, orientado a fortalecer la convivencia social y el respeto a la legalidad.

En la reunión de trabajo participaron las diputadas Irlanda Márquez (PT) y Xóchitl Contreras (PAN), así como los diputados Arturo Medina (PRI), Pedro Torres (Morena) y Octavio Borunda (PVEM). También estuvieron presentes especialistas de la Fiscalía General del Estado y el director del C7 de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes aportaron elementos técnicos al análisis de las iniciativas.