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La dirigente opositora venezolana María Corina Machado afirmó que llegará a la presidencia de Venezuela y que el cambio político en su país es irreversible.

“Voy a ser presidenta”, declaró Machado en una entrevista con la cadena Fox News tras una reunión que sostuvo esta semana en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora sostuvo que, pese a su inhabilitación política y a las restricciones electorales actuales en Venezuela, confía en que su país encontrará el camino hacia elecciones libres y que ella será la primera mujer presidenta elegida por voto popular.

Machado también aseguró que quiere regresar a Venezuela para encabezar una transición democrática y llamó a confiar en la voluntad de los venezolanos para definir el futuro político del país.

Las declaraciones ocurren en un contexto de fuerte tensión política venezolana, con cuestionamientos sobre la legitimidad de los procesos electorales y la situación de liderazgos opositores, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos de la crisis política en Venezuela.

A año y medio de permanecer acéfala, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) entró finalmente a la fase decisiva para renovar su presidencia, luego de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó por unanimidad la lista de 18 aspirantes que cumplieron con los requisitos de la convocatoria.

El cargo permanece vacante desde el fallecimiento del anterior titular, Javier González Mocken, sin que el Congreso del Estado haya logrado un acuerdo para designar a su relevo, pese a intentos previos.

De las personas que respondieron a la convocatoria emitida en diciembre pasado por el Congreso del Estado de Chihuahua, solo 18 acreditaron la totalidad de los requisitos, por lo que avanzaron a la siguiente etapa del proceso. Del total, 13 son mujeres y cinco hombres.

Las personas aspirantes que cumplieron con todos los criterios establecidos son:

•⁠ ⁠Rafael Sánchez Martínez

•⁠ ⁠Laura Garza Jaidar

•⁠ ⁠Lilia Lizeth Durán Nevárez

•⁠ ⁠Fryda Libertad Licano Ramírez

•⁠ ⁠Gildardo Iván Félix Durán

•⁠ ⁠Eduardo Antonio Sáenz Frías

•⁠ ⁠Claudia Cristina Gurrola Díaz

•⁠ ⁠Yuliana Ilem Rodríguez González

•⁠ ⁠Silvia Ruiz Mijares

•⁠ ⁠Ada Miriam Aguilera Mercado

•⁠ ⁠Flor Alejandra Corral Requejo

•⁠ ⁠Karla Ivette Gutiérrez Isla

•⁠ ⁠Silvia Holguín Cinco

•⁠ ⁠Georgina Ávila Silva

•⁠ ⁠Adrián Raymundo Torres del Toro

•⁠ ⁠Luz Elena Mears Delgado

•⁠ ⁠Liz Aguilera García

•⁠ ⁠Edgar Eduardo Núñez Montes

Asimismo, cinco personas fueron declaradas inelegibles, al no cumplir con todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las entrevistas con las y los aspirantes se llevarán a cabo los días lunes 19 y martes 20 de enero, a partir de las 09:00 horas, con una duración de 20 minutos por participante. Posteriormente, las y los legisladores evaluarán los perfiles mediante la plataforma oficial del Congreso del Estado.

Cabe recordar que el Congreso ya intentó designar a la presidencia de la CEDH el 29 de abril del año pasado, sin lograrlo. En aquella sesión, la candidata que obtuvo más votos, Georgina Bujanda, no alcanzó la mayoría calificada de dos terceras partes que establece la ley, al sumar 21 votos, mientras que los 12 legisladores de Morena, en ese momento, anularon su voto, lo que mantuvo el cargo vacante.

Con la definición de esta nueva lista, el Congreso retoma un proceso que ha estado marcado por bloqueos políticos y que mantiene a la CEDH sin titular desde hace más de un año, en medio de un contexto de alta demanda social en materia de derechos humanos.

Lo que para muchos en el Sureste de Coahuila era solo una expresión coloquial del día a día, ahora podría tener consecuencias penales.

La palabra “chiriwillo” (o “chirigüillo”) ha sido señalada oficialmente como un término peyorativo y discriminatorio, y su uso con intención ofensiva puede derivar en sanciones que incluyen prisión, multas o trabajo comunitario, según autoridades estatales.

Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación del Gobierno de Coahuila, hizo un llamado público esta semana para que la ciudadanía evite el término y, en caso de sentirse agredida, presente denuncias formales.

“Estamos acostumbrados a decir ‘así se dice, no pasa nada’, pero esa forma de comunicarse es ofensiva y puede generar un acto de discriminación”, declaró la funcionaria en entrevistas con medios coahuilenses.

El término, común en regiones norteñas como Coahuila, Nuevo León y Baja California, se emplea de manera despectiva para referirse a personas provenientes del centro y sur del país —especialmente migrantes que llegan en busca de empleo en la industria—.

Se asocia con estigmas relacionados con procedencia geográfica, color de piel, estrato socioeconómico, nivel educativo, aspecto físico o forma de vestir, lo que lo convierte en una expresión que vulnera la dignidad humana y fomenta la exclusión.

El sustento legal se encuentra en el Artículo 239 del Código Penal del Estado de Coahuila, que tipifica como delito los actos de discriminación por motivos de origen étnico, nacionalidad, posición social, color de piel u otras características. Las sanciones incluyen:

• Prisión de 3 meses a 1 año.

• De 6 meses a 1 año de trabajo comunitario o libertad supervisada (en sustitución de la cárcel).

• Multas de 300 a 500 días (equivalentes a un rango aproximado de 30 mil a 100,mil pesos, dependiendo del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización).

Aunque no existe una prohibición explícita de la palabra en sí, las autoridades enfatizan que su uso en contextos de vejación, burla o exclusión —ya sea en la vía pública, el trabajo, redes sociales o entornos cotidianos— puede configurar el delito si se presenta una queja formal.

Hasta el momento, no se han reportado denuncias específicas por este término, pero la dependencia ofrece asesoría legal gratuita y acompañamiento psicológico a las víctimas.

El anuncio ha generado debate en la región. Mientras algunos lo ven como un avance necesario contra la xenofobia y el clasismo —especialmente en zonas industriales con alta migración interna—, otros lo consideran una regulación excesiva del lenguaje coloquial y parte del humor regional.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua aseguró un bien inmueble propiedad del exgobernador Javier Corral Jurado, como parte de una investigación en curso por el delito de peculado agravado.

El inmueble corresponde a un condominio denominado “Cabaña El Rincón”, ubicado en una zona exclusiva de la Sierra Tarahumara, dentro de un área natural protegida, y aparece registrado ante la Dirección de Catastro del Municipio de Ocampo a nombre del exmandatario.

El aseguramiento se llevó a cabo el viernes 16 de enero, en el municipio de Ocampo, cabecera de Basaseachi, por elementos de la Fiscalía Anticorrupción, en cumplimiento de una resolución judicial emitida por un Juez de Control el día previo. Como parte del procedimiento, se realizó la anotación correspondiente en la clave catastral del inmueble.

De acuerdo con la información oficial, la cabaña se localiza en una zona montañosa de abundante vegetación y presenta un estilo rústico. El bien forma parte de la declaración patrimonial del hoy imputado.

El aseguramiento de la clave catastral forma parte de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación 3050/2024, iniciada a partir de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE). La medida busca impedir que el inmueble sea vendido, transferido o gravado, mientras continúan las indagatorias.

La Fiscalía informó que esta acción se suma a otros aseguramientos realizados a distintos imputados dentro de la misma investigación, incluso en otras entidades federativas, como en el municipio de Tepoztlán, Morelos.

Una vez asegurado el inmueble, el Ministerio Público Anticorrupción quedó facultado para realizar diversas diligencias, con el objetivo de garantizar que el bien pueda servir para la eventual recuperación o resarcimiento del daño causado al erario estatal, estimado en 98.6 millones de pesos, presuntamente desviados durante el periodo investigado.

La medida judicial tiene como finalidad evitar la simulación de actos de disposición patrimonial o la transferencia de bienes a terceros vinculados, incluyendo posibles redes de apoyo conformadas por familiares o exservidores públicos que habrían participado durante el quinquenio 2016–2021.

La Fiscalía Anticorrupción reiteró que las investigaciones se realizan con apego al debido proceso, respetando la presunción de inocencia y los derechos humanos, y reafirmó su compromiso de perseguir los delitos de corrupción en beneficio de los chihuahuenses.