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El 1 por ciento adicional del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), que comenzó a cobrarse este año tras el incremento de la tasa del 3 al 4 por ciento, se utilizará exclusivamente en obras de movilidad que ya estén listas para arrancar, con el objetivo de que los recursos se traduzcan en trabajos visibles y no se queden en proyectos sin ejecutar, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz.

El dirigente empresarial explicó que, para evitar que el año avance sin resultados concretos y se llegue a diciembre sin obras en marcha, se acordó impulsar una agenda urgente con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, priorizando únicamente proyectos que ya cuenten con proyecto ejecutivo concluido.

Detalló que este acuerdo se alcanzó luego de una reunión sostenida el martes con funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos el secretario de Hacienda, José Granillo, y el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Martínez.

“Así definiremos las obras y proyectos que estemos trabajando con respecto a este tema del 1 por ciento del excedente del ISN”, reiteró Pérez Ruiz.

Subrayó que esta ruta responde al compromiso que los empresarios de la frontera asumieron con la gobernadora María Eugenia Campos Galván, al aceptar el incremento al impuesto con la expectativa de que esos recursos se materialicen en obras relevantes para Ciudad Juárez.

Ese compromiso fue ratificado el pasado 1 de diciembre, durante una reunión a puerta cerrada realizada en las instalaciones de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, donde la mandataria estatal se reunió con líderes empresariales para plantear tanto el aumento al ISN como la contribución extraordinaria en UMAS por empleado contratado, destinada al proyecto del Centro de Convenciones.

Un catálogo de obras

“Vamos a trabajar a marchas forzadas para que este mes tengamos ya un catálogo de varias obras. Lo más importante es que ya estén en proyecto ejecutivo, porque si empezamos a divagar con proyectos a futuro, aquí nos va a alcanzar diciembre”, advirtió.

Por ello, insistió en que se arrancará únicamente con obras que cumplan dos condiciones: contar con proyecto ejecutivo terminado y estar enfocadas exclusivamente en movilidad.

De ahí —dijo— la importancia de sumar al IMIP, al que calificó como una “cuna de proyectos prácticamente listos”, y de trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

Sobre la reunión realizada el martes 13, la Canaco difundió un mensaje en sus redes sociales en el que informó que se trató de la primera reunión con funcionarios del Gobierno del Estado, con el objetivo de priorizar las obras a ejecutar en 2026 con los recursos derivados del incremento al ISN.

En dicha publicación, el organismo empresarial señaló que el encuentro representó un ejercicio de coordinación “que fortalece la planeación estratégica y el desarrollo económico de nuestra región”.

César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, cumplirá este año una década de haber concluido su mandato y seis años desde su detención en Miami, Florida, sin que hasta ahora haya iniciado formalmente un juicio en su contra. Su caso ha transitado por distintos juzgados, con múltiples tropiezos legales y cambios de autoridades judiciales que han impedido la continuidad del proceso penal.

Este martes, un juez federal concedió al exmandatario una suspensión provisional contra la vinculación a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que representa una nueva pausa en su causa penal.

La medida fue otorgada por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, quien determinó que la suspensión tendrá como efecto que el juez de control suspenda el procedimiento una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se resuelva si procede una suspensión definitiva.

Actualmente, la justicia estatal acusa a Duarte de dos delitos: asociación delictuosa y peculado, ambos en su modalidad agravada. La imputación señala el desvío de 96 millones de pesos del erario público hacia organizaciones “fantasma”, en las que —según la acusación— él fungía como principal operador. Por ninguno de estos casos ha enfrentado juicio, luego de que su defensa promoviera diversos amparos para frenar el avance del proceso.

De manera paralela, la justicia federal inició un proceso penal en su contra por presunto lavado de dinero, al haber utilizado —según la Fiscalía General de la República (FGR)— el sistema financiero nacional para “lavar” 75 millones de pesos provenientes del erario estatal.

Jueces que han marcado el proceso

Aunque las carpetas de investigación en contra de Duarte comenzaron a integrarse desde 2017 —hace casi nueve años— durante la administración del entonces gobernador Javier Corral Jurado, el exmandatario no ha enfrentado un proceso continuo. Incluso, su caso ha pasado por al menos tres juzgadores distintos.

Desde su extradición a México en 2022, el expediente de Duarte ha estado bajo la atención de diversas autoridades judiciales y ha registrado episodios que han concentrado la atención pública.

En el ámbito federal, la jueza María Jazmín Ambriz López fue quien dictó la vinculación a proceso el 14 de diciembre de 2025 por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, además de imponer la prisión preventiva justificada que mantiene a Duarte en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano.

En el ámbito local, el proceso estuvo inicialmente a cargo de la jueza Delia Valentina Meléndez, quien sostuvo un altercado con el imputado en noviembre de 2023, cuando le negó una solicitud de libertad condicional por motivos de salud.

Durante aquella audiencia, el exgobernador se negó a acatar la autoridad judicial y profirió la frase: “usted a mí no me manda”.

Poco después, se autorizó el cambio de jueza.

El caso pasó entonces a manos de la jueza Hortensia García Rodríguez, quien en junio de 2024 concedió a Duarte la libertad condicional por motivos de salud y modificó su medida cautelar, decisión que generó controversia política y cuestionamientos públicos.

El año pasado, García Rodríguez dejó el cargo tras ser electa magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Posteriormente, el expediente fue asignado al juez Omar Felipe García Cano, del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, encargado de parte del proceso penal local, particularmente de las causas por peculado y asociación delictuosa. García Cano fue hallado sin vida en diciembre de 2025 en un domicilio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, con una herida de arma de fuego en la cabeza. Las autoridades informaron que el hecho se investiga como un suicidio.

El juez, de 38 años, había asumido el cargo apenas unos meses antes, tras resultar electo en las elecciones judiciales, y llevaba parte de la causa abierta en Chihuahua contra Duarte por delitos distintos a los que motivan el proceso federal.

Acusaciones de la FGR y estado actual del proceso

La Fiscalía General de la República sostiene que Duarte habría instrumentado un esquema para desviar recursos públicos originalmente destinados al sector ganadero hacia empresas en las que figuraba como socio mayoritario, y que posteriormente parte de esos bienes terminaron en cuentas personales suyas y de su familia.

Con la suspensión provisional vigente, el proceso penal permanecerá en pausa hasta que se determine si procede una suspensión definitiva, la cual podría detener el avance del caso por un periodo más prolongado. Hasta el momento, la autoridad judicial no ha dado a conocer los plazos ni la fecha para la audiencia correspondiente.

Pese a los compromisos públicos de las fiscalías y del propio Poder Judicial, el caso de César Duarte evidencia cómo las etapas procesales, los amparos y los constantes cambios de medidas cautelares pueden prolongar durante años un proceso penal, incluso tratándose de un expediente de alto perfil y fuerte impacto político.

Un juez federal concedió una suspensión provisional al exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó este martes la autoridad judicial.

La resolución fue emitida por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, como parte de un juicio de amparo promovido por la defensa de Duarte tras su vinculación a proceso, dictada el 14 de diciembre de 2025 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El acuerdo judicial establece que la suspensión tiene como efecto ordenar al juez de control detener temporalmente el avance del procedimiento penal, una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto se resuelva si procede o no la suspensión definitiva.

El juzgador precisó que la medida no implica la libertad del exmandatario, quien continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Suspensión provisional y próximas etapas del proceso

De acuerdo con los registros judiciales, la suspensión provisional permanecerá vigente hasta la celebración de una audiencia incidental, en la que se analizará si procede conceder la suspensión definitiva, lo que determinaría si el proceso penal puede permanecer detenido por un periodo más prolongado.

Hasta el momento, no se ha notificado oficialmente la fecha y hora de dicha audiencia; sin embargo, algunos reportes señalan que podría realizarse el próximo 30 de enero, aunque esta información no ha sido confirmada por la autoridad judicial.

En esa diligencia se resolverá si el procedimiento penal queda suspendido de manera más amplia, lo que podría implicar que el proceso permanezca detenido por un plazo indefinido.

Lavado de dinero, el delito federal que le atribuye la FGR

La investigación de la FGR sostiene que, durante su gestión como gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016, Duarte habría implementado un esquema de simulación de apoyos al sector ganadero, mediante el cual recursos públicos estatales fueron canalizados a empresas en las que figuraba como socio mayoritario, para posteriormente ser transferidos a cuentas personales suyas o de familiares.

La causa penal 142/2024 imputa al exmandatario el delito de lavado de dinero, por el presunto desvío de decenas de millones de pesos del erario estatal.

Duarte fue detenido en diciembre de 2025 y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, tras ejecutarse la orden de aprehensión que derivó en su vinculación a proceso, dictada por la jueza María Jazmín Ambriz López.

La FGR obtuvo dicha vinculación con base en elementos que, a juicio del Ministerio Público federal, configuran la posible comisión del delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El plazo de la investigación complementaria es de seis meses, el cual vence en junio de 2026.

La suspensión provisional concedida no detiene de manera definitiva el proceso penal, pero sí obliga a la autoridad a frenar temporalmente el curso del juicio, en tanto se determina si procede una protección judicial más amplia mediante la suspensión definitiva.

Cabe recordar que, al momento de su detención, Duarte Jáquez se encontraba en libertad condicionada, portando un brazalete electrónico, mientras enfrentaba otros procesos por peculado y asociación delictuosa, ambos en modalidad agravada.

El exgobernador había permanecido en libertad bajo medidas cautelares desde el 3 de junio de 2024, pero actualmente se encuentra recluido en el Altiplano, acusado del delito federal de lavado de dinero.

Al corte de este miércoles 14, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua se mantiene con 12 integrantes, informó su coordinador, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

Ante versiones que apuntaban a una posible expulsión de las diputadas Rosana Díaz y Edith Palma, luego de haberse ausentado de la sesión en la que se aprobó autorizar al Gobierno del Estado la contratación de 3 mil millones de pesos de deuda pública, Estrada Sotelo aseguró que nadie le ha notificado formalmente alguna determinación en ese sentido.

En tanto no exista una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), ambas legisladoras continúan formando parte del grupo parlamentario, afirmó.

A casi un mes de la controversia generada por su ausencia, en una sesión clave en la que el bloque mayoritario no alcanzaba las dos terceras partes necesarias para avalar tanto el nuevo crédito como la reestructuración a 25 años de una deuda estatal de 55 mil millones de pesos, el coordinador reiteró que Díaz y Palma siguen siendo diputadas de Morena.

Como muestra de ello, señaló que el grupo de WhatsApp de la bancada continúa integrado por 12 legisladores —la misma cantidad previa a aquella sesión— y que ninguno ha manifestado su intención de abandonar el grupo.

No obstante, reconoció que Rosana Díaz, quien ha advertido que podría demandarlo por presunta violencia política por razón de género, no se sumó recientemente a una iniciativa de reformas para reducir el número de regidores.

Sobre las posibles consecuencias políticas de una eventual salida de ambas diputadas, Estrada Sotelo indicó que aun sin completar los 12 votos —equivalentes a una tercera parte del Congreso— Morena podría seguir promoviendo controversias constitucionales, aunque con menor margen de maniobra.

–Primero tendrían que ser panistas: Chávez

En relación con la posibilidad de que Rosana Díaz y Edith Palma se incorporen al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador de esa bancada, José Alfredo Chávez, señaló que ambas tendrían que ser aceptadas previamente por la dirigencia estatal del partido.

Recordó que Acción Nacional llevó a cabo un “relanzamiento” de su plataforma política, por lo que cualquier persona interesada en afiliarse —incluidas las legisladoras— tendría que ser evaluada y aprobada por los órganos internos del partido.

En caso de concretarse su incorporación, el PAN alcanzaría 15 votos en el Congreso del Estado, luego de haber sumado recientemente un legislador más tras el fallecimiento del diputado priista Luis Fernando Chacón Erives, cuyo escaño fue ocupado por Jaime Torres Amaya, militante del PAN.