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La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) informó que mantendrá la carpeta de investigación de las causas penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado, el exsecretario de Hacienda Arturo “N” y el empresario Pedro “N”, aun cuando un tribunal colegiado determinó que el caso es competencia federal.

En un comunicado oficial, la FACH señaló que continuará con el proceso debido a que permanece vigente la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, y otorgada por la Jueza Décimo de Distrito.

Para efectos procesales, explicó la Fiscalía, dicha suspensión sigue surtiendo plenos efectos legales, “en protección de las prerrogativas de la víctima, que es la sociedad chihuahuense”.

En el mismo comunicado, la dependencia estatal —que ha llevado las causas contra el ahora senador de la República, el exsecretario de Hacienda y el asesor financiero Pedro “N”— precisó que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió a favor de que un juez penal federal conozca del asunto.

No obstante, subrayó que es indispensable distinguir entre dos asuntos jurídicos distintos: por un lado, el conflicto competencial, cuyas únicas partes son el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y el Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal; y por otro, el juicio de amparo, en el que las partes son la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, la sociedad chihuahuense, el imputado J.C.J., y la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua como tercero interesado.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción reiteró su compromiso permanente e inquebrantable con el combate a la corrupción, la aplicación estricta de la ley y la observancia irrestricta del debido proceso, garantizando en todo momento los derechos de las víctimas.

Tras insistir en que los 98.6 millones de pesos que presuntamente fueron malversados durante el gobierno de Javier Corral corresponden a recursos estatales, la fiscalía sostuvo que la causa debe continuar en el ámbito local y aseguró que seguirá defendiendo la competencia estatal sobre los recursos que integran el erario chihuahuense.

La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) para que defina a la brevedad el espacio y la ubicación donde se construirá el Subcentro del proyecto Centinela en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Lo anterior, luego de que la presidenta de ese municipio, Ana Laura Gonzáles Ábrego, rechazara ceder el Centro de Reinserción Social (Cereso) para esa instalación, debido—dijo— a que ya está ocupado por el Ejército y la Guardia Nacional.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes (Morena), informó que el acuerdo legislativo fue votado durante la sesión celebrada el pasado 9 de enero, ante la falta de definición por parte del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, sobre la sede del subcentro de seguridad en esa región serrana.

La legisladora recordó que el conflicto deriva de un convenio firmado con la administración municipal anterior, emanada del PRI, mediante el cual se autorizaba instalar el Subcentro Centinela en las instalaciones del antiguo Cereso y en la Casa de la Moneda, ambos inmuebles considerados patrimonio cultural e histórico del municipio.

“No entiendo cómo un cabildo puede haber otorgado los únicos dos espacios con valor cultural que tiene el municipio para la instalación de un Subcentro Centinela”, cuestionó Pérez Reyes.

Añadió que dichos inmuebles se localizan en plena mancha urbana, en la zona con mayor concentración de viviendas de Guadalupe y Calvo, lo cual no abona a la seguridad de la población, al tratarse de un centro destinado al combate al crimen organizado, el cual debería ubicarse fuera de áreas habitacionales.

La diputada explicó que, con la llegada de la nueva administración municipal, encabezada por la alcaldesa Ana Laura Gonzáles Ábrego, de Morena, el Ayuntamiento determinó en sesión de Cabildo conservar tanto el ex Cereso como la Casa de la Moneda para destinarlos a espacios culturales, con miras a impulsar el turismo y preservar la identidad histórica del municipio.

En ese contexto, Pérez Reyes rechazó las declaraciones de la SSPE en las que se acusa a la alcaldesa de negarse a colaborar con el proyecto Centinela, afirmación que calificó como “totalmente falsa”.

Sostuvo que la presidenta municipal ha ofrecido al menos seis predios alternativos para la construcción del Subcentro Centinela, sin que hasta el momento la Secretaría de Seguridad Pública haya tomado una decisión.

“Por eso hoy el Congreso del Estado, de manera unánime, exhortó a la Secretaría de Seguridad a que elija alguno de estos espacios y, finalmente, Guadalupe y Calvo pueda contar con su Subcentro Centinela, lo que contribuiría a atender los problemas de inseguridad y vulnerabilidad que enfrenta esta región”, concluyó la legisladora morenista.

Familiares y personas cercanas convocaron a la velación y misa en memoria de Francisco Javier Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua y figura clave en la transición democrática del estado, el sábado 17 de enero de 2026 en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la invitación difundida, la velación se llevará a cabo de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, mientras que la misa está programada a las 4:00 de la tarde, en la Capilla Mausoleos Luz Eterna, ubicada en esta frontera.

Barrio Terrazas fue una de las figuras más influyentes en la historia política reciente de Chihuahua. Su llegada al gobierno estatal en 1992 marcó un punto de quiebre en la vida democrática del estado, al encabezar uno de los primeros triunfos de la oposición tras décadas de hegemonía priista.

A lo largo de su trayectoria también se desempeñó como alcalde de Ciudad Juárez, senador de la República, entre otros cargos, consolidando una carrera pública ligada al combate a la corrupción, la alternancia política y el fortalecimiento institucional.

Para amplios sectores de la sociedad chihuahuense, su nombre quedó asociado a una etapa de ruptura y reconfiguración del poder político, cuyo impacto trascendió el ámbito estatal.

La familia invitó a la ciudadanía, amistades y actores públicos a acompañarlos para celebrar su vida y recordar su legado, en un acto de despedida abierto al público en Ciudad Juárez.

La defensa del senador Javier Corral Jurado informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua, resolvió que el proceso por el presunto delito de peculado deje el ámbito local y sea conocido por el fuero federal, al dirimir el conflicto competencial 20/2025.

En un comunicado, el despacho Schütte & Delsol Abogados, defensor de quien fuera gobernador de Chihuahua entre 2016 y 2021, señaló que la solicitud de atracción ante la Fiscalía General de la República (FGR) se sustentó en que en el ámbito estatal no se garantizaban los fines constitucionales del proceso penal, ni los derechos de las víctimas ni de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación del daño.

La defensa agregó que a los imputados no se les permitió presentar pruebas ni ejercer plenamente su derecho de defensa.

“Confiamos en que las autoridades federales constaten su inocencia y desenmascaren la brutal fabricación de un delito contra quien encabezó uno de los mayores esfuerzos contra la corrupción política en el país”, expresó el despacho en su cuenta de X.

De confirmarse la atracción, la resolución ratifica la facultad de la FGR y ordena que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y el juez de control local se desistan del conocimiento del asunto y remitan el expediente a las autoridades federales.

La determinación llega tras un prolongado diferendo entre instancias estatales y federales. En noviembre pasado, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, denunció que el juez federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez, en funciones de juez de control, intentó conceder “de manera indebida” la atracción del caso.

El fiscal sostuvo entonces que la facultad de atracción corresponde exclusivamente a la persona titular de la FGR y no a un juez de control.

Dos jueces coincidieron: es competencia federal

El despacho defensor informó que la FGR y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación ya habían coincidido previamente en que la competencia del caso era federal. Tras audiencias, alegatos y análisis de pruebas, el Tribunal Colegiado confirmó ese criterio y ordenó el traslado definitivo del expediente.

Con ello, las autoridades federales quedarán en posibilidad de analizar de fondo las pruebas y alegatos para emitir una determinación conforme a derecho. La defensa reiteró su confianza en que el proceso federal acreditará la inocencia del senador y exhibirá lo que calificó como una fabricación de delitos por parte de autoridades estatales.

El comunicado añade que la propia FGR investiga presuntas violaciones legales y a derechos humanos cometidas durante la integración del expediente por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y otros funcionarios.

En el proceso también están señalados el exsecretario de Hacienda de esa administración, Arturo “N”, y el empresario Pedro López Elías, por un presunto desvío de recursos públicos cercano a 98 millones de pesos.

Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no ha emitido una postura oficial sobre la resolución.

La decisión del Tribunal Colegiado marca un punto de quiebre en uno de los casos más controvertidos del escenario político y judicial de Chihuahua, al retirar el expediente del ámbito estatal y llevarlo a la esfera federal.