Archives for enero 2026

El gobierno de Venezuela anunció que comenzará la excarcelación de presos políticos venezolanos y extranjeros, como parte de lo que calificó como un gesto unilateral de paz.

El anuncio fue realizado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano mayor de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien señaló que el proceso ya está en marcha, aunque no se detalló el número de personas beneficiadas ni el calendario de las liberaciones.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado la detención de cientos de personas por razones políticas en el país, entre ellas ciudadanos extranjeros, en un contexto de tensiones internas y cuestionamientos internacionales al gobierno venezolano.

El anuncio ocurre en un momento clave, marcado por presiones diplomáticas y llamados de organismos internacionales para que el gobierno de Nicolás Maduro garantice el debido proceso y respete los derechos fundamentales de los detenidos.

Sin embargo, activistas y familiares de presos políticos han advertido que liberaciones sin información clara ni garantías legales podrían responder a cálculos políticos, por lo que insistieron en la necesidad de transparencia y de la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos.

El Congreso de Estados Unidos decidió poner un alto al presidente Donald Trump. Desde el Capitolio, el Senado aprobó una resolución que le impide ordenar ataques o nuevas acciones militares contra Venezuela sin el permiso expreso del poder legislativo.

La medida se sustenta en la Ley de Poderes de Guerra, un instrumento constitucional que reafirma que la decisión de ir a la guerra no corresponde de manera unilateral al presidente, sino que debe pasar por el Congreso.

Con esta resolución, Trump pierde margen de maniobra inmediata: cualquier nueva ofensiva militar contra Venezuela deberá contar primero con el aval de los legisladores, lo que representa un freno político directo a la estrategia impulsada desde la Casa Blanca.

La votación evidenció un quiebre interno, ya que senadores republicanos se sumaron a los demócratas para respaldar el límite, bajo el argumento de que ningún presidente puede actuar al margen del Congreso cuando se trata del uso de la fuerza.

Aunque la resolución aún debe ser discutida en la Cámara de Representantes, esta podría enfrentar un eventual veto presidencial.

Desde el entorno presidencial, Trump acusó a los legisladores de debilitar la autoridad del Ejecutivo. Sus críticos, en cambio, sostienen que el freno busca evitar una escalada militar y restablecer los contrapesos constitucionales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre el hallazgo de tres cuerpos sin vida que se encontraban a un lado de la carretera Aldama a Ojinaga, a la altura del kilómetro 57+200.

Fue a las 12:55 horas de este jueves 8 de enero de 2026 cuando la FGE atendió el reporte de las tres personas sin vida, por lo que se desplazó un grupo de trabajo de la Agencia Estatal de Investigación, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Destacamento Ojinaga y peritos en criminalística.

Los cuerpos serán trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Mientras tanto, se trabaja para lograr la identidad de las personas y se realizan las investigaciones para el esclarecimiento de estos hechos.

Hasta la tarde de este jueves 8 de julio, la FGE no había precisado ni la identidad ni la causa de muerte. Tampoco ha detallado si se trata de las tres personas que fueron reportadas como desaparecidas en días pasados.

De gobernador de Oaxaca a integrante del Gabinete presidencial por el PRI, y posteriormente diputado federal y funcionario de administraciones emanadas del PAN, hasta llegar a su encargo más reciente como asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua, Diódoro Carrasco Altamirano ha transitado por distintas etapas del poder público en México.

Así se resume la trayectoria del político oaxaqueño, a quien la gobernadora María Eugenia Campos Galván “destapó” como probable secretario General de Gobierno, en caso de que el actual titular, Santiago de la Peña, deje el cargo para buscar una candidatura en las elecciones del próximo año.

Nacido en San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca, el 30 de enero de 1954, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano no tuvo contacto directo con el estado de Chihuahua sino hasta el inicio de la actual administración estatal.

Carrasco fue gobernador de Oaxaca entre 1992 y 1998, un periodo que quedó marcado por una dualidad: por un lado, el impulso de reformas institucionales y la creación de organismos formales de derechos humanos; por otro, un número significativo de quejas, recomendaciones y señalamientos por violaciones a derechos humanos, documentados por instancias estatales y nacionales.

Gobernó durante los primeros años del sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, en un contexto de alta conflictividad social, caracterizado por tensiones políticas, protestas comunitarias e inconformidades en regiones indígenas.

Durante su administración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió diversas recomendaciones dirigidas al gobierno estatal, relacionadas con abusos de autoridad, deficiencias en la procuración de justicia, condiciones penitenciarias y violaciones a garantías individuales.

Un Gobierno marcado por omisiones

De acuerdo con diagnósticos elaborados a partir de archivos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, durante la gestión de Carrasco se concentró uno de los mayores números de recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos en el estado, en comparación con otros gobiernos de la época.

Entre los casos documentados se encuentran detenciones arbitrarias, malos tratos a personas privadas de la libertad y omisiones graves de autoridades estatales y municipales, particularmente en zonas rurales e indígenas, donde las corporaciones de seguridad y el sistema de justicia fueron señalados por operar con escasa supervisión.

Paradójicamente, fue durante ese mismo sexenio cuando se creó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca, en 1993. No obstante, activistas y especialistas han señalado que su autonomía era limitada, al depender en gran medida del Poder Ejecutivo, lo que redujo su capacidad real de investigación y sanción.

Años después, diversas organizaciones civiles han vinculado prácticas documentadas en los noventa —como el uso excesivo de la fuerza, la criminalización de la protesta social y la debilidad institucional— con conflictos que se profundizaron en administraciones posteriores, lo que coloca al sexenio de Carrasco como un antecedente clave para entender la crisis de derechos humanos que Oaxaca enfrentaría en décadas siguientes.

Último secretario de Gobernación del sexenio de Zedillo

Concluida su gestión como gobernador, Carrasco Altamirano se incorporó a la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994–2000) como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, asumió la titularidad de la dependencia cuando Francisco Labastida Ochoa dejó el cargo para competir como candidato del PRI a la Presidencia de la República.

Durante su paso por la Secretaría de Gobernación, se le atribuye una intervención directa en la solución del conflicto de la UNAM, que se prolongó por cerca de 10 meses y derivó en la salida del entonces rector Francisco Barnés de Castro.

Asimismo, tuvo a su cargo la transición política del último gobierno federal emanado del PRI al primero del PAN, encabezado por el presidente Vicente Fox Quesada.

En 2005, Carrasco se afilió al Partido Acción Nacional y un año después fue electo diputado federal por ese instituto político.

Actualmente, preside el Consejo Consultivo de la Fundación para la Reserva de la Biósfera Cuicatlán, Oaxaca, A.C., y se desempeña como asesor del Gobierno del Estado de Chihuahua, desde donde podría asumir un cargo de alta relevancia política en los próximos meses.