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Los misioneros juarenses que resultaron lesionados durante el descarrilamiento del Tren Interoceánico avanzan en la recuperación de su salud; sin embargo, no se descarta que puedan presentar secuelas mayores, tras el accidente registrado el pasado 28 de diciembre, informó el abogado Irving Arellano, del despacho Vega Mac Gregor Arellano.

Tras el percance, Juan Manuel Iglesias López, su esposa Flor del Carmen Temich Sinta y su hijo Alexis buscaron asesoría legal, por lo que se interpuso una denuncia que fue recibida por la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México.

En entrevista con Norte Digital, Arellano explicó que, con la apertura de la carpeta de investigación, se dejó abierta la posibilidad de que otras personas interesadas puedan sumarse a la acción legal.

Señaló que el acompañamiento jurídico se brinda de manera gratuita y que ya existen pláticas con otras personas que podrían integrarse a la denuncia, con el objetivo de que los afectados conozcan y ejerzan sus derechos.

Precisó que la denuncia fue presentada por lesiones y que se busca el esclarecimiento de los hechos, “con la finalidad de determinar si existe o existió negligencia por parte de las constructoras que participaron en el mantenimiento del trayecto donde ocurrió el accidente”.

Buscarán reparación del daño

Arellano indicó que antes de solicitar un posible resarcimiento económico para las familias afectadas, “se requieren los actos de investigación que posteriormente se traducirán en pruebas y, si estas determinan que hubo omisión o negligencia, se exigirá la reparación integral del daño a las víctimas”.

Respecto a la familia juarense que se dirigía a Oaxaca para realizar una misión de ayuda a la población, el litigante detalló que el padre resultó con diversos golpes, aunque no de gravedad, mientras que la esposa y el hijo presentaron lesiones más severas.

Agregó que están a la espera de que el médico legista determine el tipo de lesiones, lo que permitirá estimar a cuánto podría ascender un eventual monto de reparación.

Arellano comentó que el menor de edad tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, ya que requirió más de diez puntadas en la cabeza.

Subrayó que las tres personas se encontraban en la parte del vagón que quedó colgando, donde vivieron momentos de mayor terror al sufrir una caída de decenas de metros en una zona montañosa.

“No solo son las lesiones, sino todo el sufrimiento que estos hechos les han traído a sus vidas”, enfatizó.

El especialista en Derecho expresó su confianza en que la FGR lleve a cabo el proceso de manera adecuada, a fin de permitir que las víctimas colaboren activamente en la investigación.

Indicó que, conforme fluya la información por parte de las dependencias y se identifique a las personas morales involucradas en la obra, se podrán deslindar responsabilidades y avanzar en el trabajo de la Fiscalía.

Afirmó que esperarán la respuesta que emita la Fiscalía respecto a la denuncia presentada, para que, como asesores jurídicos, puedan dar seguimiento puntual al caso.

La atención a las víctimas llegó tarde

Explicó que los misioneros juarenses vieron frustrado su objetivo de llegar a su destino, ya que han tenido que concentrarse en la atención de su salud y, hasta ahora, no han podido retomar sus actividades.

Agregó que, en un primer momento, no recibieron la atención adecuada, e incluso el padre de familia tuvo que pernoctar en un lugar inapropiado, debido a que no se les brindó el servicio médico que requerían.

El abogado del despacho Vega Mac Gregor Arellano señaló que la familia ha tenido que cubrir algunos gastos con recursos propios; aunque posteriormente el gobierno, a través del sector Salud, les ha brindado atención, de manera tardía.

Indicó que, de acuerdo con la información difundida hasta ahora, más de 90 personas habrían resultado lesionadas por el descarrilamiento, así como más de 10 fallecidas.

Finalmente, señaló que conforme transcurra el tiempo habrá mayor claridad sobre las lesiones, ya que algunas secuelas no se manifiestan de manera inmediata.

“También estamos a la espera de lo que determinen los dictámenes médicos, para establecer con precisión el tipo de lesiones que presentaron las víctimas”, concluyó.

Chihuahua cerró 2025 como el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos, de acuerdo con información presentada por Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante la Mañanera del Pueblo del 8 de enero, ante el Gabinete de Seguridad federal.

Según la gráfica oficial difundida, siete entidades federativas —entre ellas Chihuahua— concentraron el 50.5 por ciento del total de homicidios dolosos del país, lo que equivale a 11 mil 805 víctimas, evidenciando una marcada concentración territorial de la violencia letal en México.

En primer lugar se ubicó Guanajuato, con 10.9 por ciento del total nacional, equivalente a 2 mil 539 víctimas. Le siguió Chihuahua, con 7.7 por ciento, que representa mil 791 homicidios dolosos, colocándose como la segunda entidad con mayor incidencia por este delito.

En tercer sitio apareció Baja California, con 7.3 por ciento (mil 714 casos), seguida por Sinaloa con 7.1 por ciento (mil 653); Estado de México, 6.5 por ciento (mil 519); Guerrero, 5.6 por ciento (mil 312), y Michoacán, 5.4 por ciento (mil 267 víctimas).

Estas entidades se ubicaron muy por encima del promedio nacional, que fue de 730.44 víctimas por estado, según el corte presentado por el Secretariado Ejecutivo del SNSP.

En contraste, los estados con menor número de homicidios dolosos registrados fueron Yucatán, Durango, Coahuila, Aguascalientes y Campeche, todos por debajo del promedio nacional.

En cuanto a la variación del promedio diario de homicidios dolosos, Chihuahua no se ubicó entre los primeros lugares de reducción, sino casi al fondo de la tabla, de acuerdo con la presentación del SNSP.

Entre las 26 entidades que lograron disminuir su incidencia, Chihuahua registró una baja del 12 por ciento respecto al año anterior. La cifra quedó lejos de los mejores resultados, encabezados por Zacatecas (menos 71.1 por ciento), Chiapas (menos 42.2 por ciento), Quintana Roo (menos 52.7 por ciento) y San Luis Potosí (menos 32.5 por ciento).

La exposición de los datos formó parte del informe de seguridad presentado en la conferencia matutina del Gobierno federal, en el que se reiteró que la violencia homicida en México continúa concentrándose en un número reducido de entidades, lo que plantea retos específicos de coordinación y estrategia regional.

Numeralia | Homicidio doloso en México, 2025

  • 1,791 homicidios dolosos registrados en Chihuahua
  • Segundo lugar nacional en número de homicidios dolosos
  • 7.7 por ciento del total nacional corresponde a Chihuahua
  • 7 entidades concentran la violencia letal en el país
  • 50.5 por ciento de los homicidios dolosos nacionales se concentran en esos estados
  • 11,805 víctimas en conjunto

Estados con mayor número de homicidios dolosos:

  • Guanajuato: 2,539 casos (10.9 por ciento)
  • Chihuahua: 1,791 casos (7.7 por ciento)
  • Baja California: 1,714 casos (7.3 por ciento)
  • Sinaloa: 1,653 casos (7.1 por ciento)
  • Estado de México: 1,519 casos (6.5 por ciento)
  • Guerrero: 1,312 casos (5.6 por ciento)
  • Michoacán: 1,267 casos (5.4 por ciento)
  • 730.44 homicidios dolosos: promedio nacional por estado

Variación anual:

  • -12 por ciento en Chihuahua respecto a 2024
  • 26 entidades lograron reducir su incidencia

Mayores reducciones porcentuales:

  • Zacatecas: menos 71.1 por ciento
  • Quintana Roo: menos 52.7 por ciento
  • Chiapas: menos 42.2 por ciento
  • San Luis Potosí: menos 32.5 por ciento

De manera sorpresiva, nombres, imágenes y consignas asociadas a funcionarios públicos comenzaron a aparecer en bardas y muros de la ciudad de Chihuahua, sin que exista claridad sobre quién las mandó realizar.

Las pintas, con rasgos propios de la propaganda política, han colocado nuevamente en el centro del debate los límites entre promoción personal, función pública y tiempos electorales, en un escenario donde ninguno de los señalados reconoce autoría ni responsabilidad directa.

La imagen, el nombre y el apellido del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, aparecen en una serie de pintas en diversos puntos de la ciudad, con mensajes que bien podrían pasar por propaganda política.

La pinta consiste en un mapa del estado de Chihuahua en color azul, con el dibujo de tres cuartos de una persona que parece Gilberto Loya y el letrero “A-Gil-ízate”, en colores azul y naranja, y más abajo, en letras mayúsculas, un “LO-YA” en azul.

A diferencia de otras formas de propaganda política disfrazada, las pintas en favor de Loya Chávez no remiten a ninguna publicación ni se justifican —como en muchos otros casos de proyección personal de políticos en funciones— en una entrevista concedida a algún medio de comunicación.

Las pintas aparecieron desde hace días en varios puntos de la capital, principalmente en bardas de terrenos baldíos o de casas viejas de las que solo han quedado las tapias en pie.

Si bien el funcionario ha salido a desvincularse de esas pintas y a decir que desconoce quién las pudo haber mandado hacer, en ocasiones anteriores se ha proyectado como probable candidato del Partido Acción Nacional a alguno de los cargos que estarán en disputa en las elecciones de 2027.

“Sería un gran honor para mí”, ha respondido el encargado de la seguridad pública del estado cuando se le pregunta acerca de la aparición de su nombre en encuestas de preferencias electorales, donde tiene un grado aceptable de intención de voto.

No es el único: también Loera se “aparece” en bardas

Además de Loya Chávez, el nombre del secretario de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, Rafael Loera, se “apareció” en bardas de la ciudad de Chihuahua, como promocional de una entrevista concedida al medio digital mensajeropolitico.com.

El nombre “Rafa Loera”, pintado en color negro sobre fondo blanco, se encuentra plasmado en varios tramos de una larga barda del edificio abandonado que alguna vez albergó a una fábrica de textiles de la ciudad de Chihuahua, ubicado en la avenida Agustín Melgar, casi esquina con la avenida de las Industrias.

El funcionario estatal ha sido mencionado como probable candidato del PAN a la Presidencia Municipal de la capital.

En las bardas del mismo edificio, aunque ya por el lado de Las Industrias, se aprecian las pintas “Amor por Chihuahua”, en colores guinda y rosa sobre fondo blanco, que se han atribuido a promotores de la candidatura de la secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, identificada por el acrónimo “AMOR”.

La presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, rechazó ceder en comodato las instalaciones del antiguo Centro de Reinserción Social (Cereso) para la instalación de la Plataforma Centinela de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), al argumentar que dicho inmueble ya se encuentra ocupado por la Guardia Nacional y el Ejército.

Luego de recibir cuestionamientos y críticas por parte del gobierno estatal tras su negativa, la alcaldesa señaló que ha sostenido reuniones con el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, a quien —dijo— se le han planteado diversas alternativas para la ubicación de dichas instalaciones.

En entrevista concedida de manera remota a medios de la ciudad de Chihuahua, González Ábrego informó que su administración ha ofrecido al menos seis opciones distintas para la Plataforma Centinela; sin embargo, la dependencia estatal ha insistido en utilizar el antiguo Cereso.

Precisó que la decisión de no entregar ese inmueble fue tomada de manera colegiada por el Ayuntamiento y no como una determinación unilateral de la presidenta municipal.

Asimismo, descartó ceder otro inmueble considerado de alto valor histórico para el municipio, como la antigua Casa de Moneda, al señalar que ese espacio tendrá un uso estrictamente cultural.

“Estamos en la mejor disposición de ayudarles”, afirmó la alcaldesa, quien agregó que ya envió una carta a la gobernadora María Eugenia Campos Galván para reiterar las alternativas propuestas por el municipio para la instalación de la Plataforma Centinela.

“Nosotros nunca les hemos dicho que no; lo que hemos hecho es argumentar por qué no podemos entregar el Cereso”, subrayó.

Denuncia violencia política y de género

Acompañada por las diputadas locales Antonieta Pérez, Magdalena Rentería y Elizabeth Guzmán, todas de Morena, Ana Laura González Ábrego negó que su secretaria particular aparezca en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una mujer realizando disparos con un arma de alto poder para celebrar el inicio del año 2026.

Sobre el tema, informó que sostuvo comunicación tanto con Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas, como con Blanca Arleth Marín Escárcega, su secretaria particular, quienes han negado ser las personas que aparecen en las imágenes.

La alcaldesa acusó al medio electrónico regional La Carroña de encabezar una campaña de desprestigio contra ambas funcionarias.

Añadió que sus colaboradoras son víctimas de un “linchamiento mediático” que forma parte de un golpeteo político, el cual —aseguró— se agrava por tratarse de la primera administración encabezada por una mujer en Guadalupe y Calvo y, además, por no pertenecer al PRI.

“Nos hemos mantenido al margen de la violencia de género que se ha ejercido contra nosotras, pero creo que ha llegado el momento de defendernos”, concluyó.

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