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El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, afirmó que el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército por parte de funcionarias municipales en Guadalupe y Calvo obliga a que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) advirtió que el caso revela un contexto de riesgo y posibles vínculos criminales dentro del gobierno municipal.

Jáuregui Moreno reiteró que, al tratarse de armamento que no puede ser portado legalmente por civiles ni forma parte del equipo de corporaciones municipales, corresponde a la autoridad federal investigar los hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales durante los festejos de Año Nuevo.

Por su parte, el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, sostuvo que el uso de ese tipo de armas no es un hecho aislado, ya que no se trata de armamento oficial de la policía local ni de armas que un civil pueda tener en su domicilio para defensa personal, lo que —dijo— abre la posibilidad de un involucramiento con grupos del crimen organizado.

En ese mismo sentido, Loya señaló que la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González, se ha negado a permitir la instalación de una sede de la SSPE en el municipio para el monitoreo de la Plataforma Centinela, lo cual, afirmó, abona a un escenario de riesgo.

“Eso te va dando un panorama de lo complejo que está el municipio de Guadalupe y Calvo, por el probable involucramiento de personas que trabajan en el Gobierno Municipal con posibles grupos delincuenciales”, subrayó el secretario.

Loya detalló que debía haberse firmado un convenio para instalar un centro de mando regional, pero el proyecto no se ha concretado debido a la negativa de la alcaldesa.

Respecto a las personas que aparecen en los videos portando un arma larga y un arma corta, de manera extraoficial fueron identificadas como Esmeralda Pizarro Mendívil, subdirectora de Obras Públicas, y Blanca Marín, secretaria particular de la presidenta municipal.

Delcy Rodríguez juró este lunes como presidenta interina de Venezuela luego de la captura y traslado a Estados Unidos del mandatario Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos penales ante una corte federal en Nueva York.

La juramentación se realizó tras una resolución del Tribunal Supremo de Justicia, con el argumento de garantizar la continuidad del Ejecutivo ante la ausencia del presidente. Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta y una de las figuras centrales del chavismo, asumió el cargo en un contexto de fuerte tensión política e institucional.

En su primer mensaje, la mandataria interina defendió la soberanía venezolana y calificó los hechos recientes como una agresión externa, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el rumbo del país, marcado por la incertidumbre política y presiones diplomáticas.

Delcy Rodríguez es una política cercana a Maduro, con amplia trayectoria dentro del oficialismo. Antes de asumir la vicepresidencia, fue ministra de Relaciones Exteriores, embajadora ante organismos internacionales y una de las principales operadoras políticas del gobierno venezolano, tanto en el frente diplomático como en la conducción interna del poder.

Ante la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) activó una agenda preventiva de riesgos ante la posibilidad de que grupos criminales venezolanos se desplacen hacia México, utilizando a Chihuahua como ruta estratégica hacia la frontera norte.

El titular de la dependencia, Gilberto Loya Chávez, advirtió que el nuevo escenario político en Venezuela podría detonar una reconfiguración del crimen organizado en la región, con efectos directos en la seguridad fronteriza, el libre tránsito y la relación bilateral con Estados Unidos.

Explicó que un eventual nuevo gobierno en Venezuela podría iniciar acciones de presión o persecución contra pandillas y estructuras criminales, lo que provocaría su desplazamiento hacia otros países de América Latina, entre ellos México, con Chihuahua como punto natural de paso por su ubicación estratégica.

“Existe un riesgo real de que pandillas busquen nuevas rutas y territorios. Ese movimiento podría afectar la seguridad fronteriza y el nivel de confianza con Estados Unidos”, advirtió.

Loya señaló que el estado ya reforzó sus labores de inteligencia, particularmente para identificar movimientos de organizaciones criminales transnacionales, con el objetivo de anticipar escenarios antes de que se materialicen.

Precisó que no se ha detectado presencia directa del llamado Cártel de los Soles, presuntamente vinculado a Maduro; sin embargo, reconoció que sí existe información sobre la presencia de integrantes del Tren de Aragua, principalmente a través de alianzas con pandillas locales, lo que representa un foco de riesgo adicional.

“Estamos buscando identificar cualquier tipo de movimiento para poder preverlo y actuar con oportunidad”, subrayó.

El secretario informó que en los próximos días sostendrá reuniones con agencias de seguridad de Estados Unidos para reforzar el intercambio de información y la coordinación en materia de seguridad fronteriza, especialmente en lo relacionado con el desplazamiento de pandillas en la zona binacional.

Advirtió que, por su condición de frontera más extensa con Estados Unidos, Chihuahua podría convertirse en un corredor de tránsito, escenario que obliga a blindar la región y anticipar riesgos.

Finalmente, no descartó un incremento en la migración de retorno de ciudadanos venezolanos, fenómeno que también será monitoreado para evitar que sea aprovechado por estructuras criminales para camuflar desplazamientos ilícitos.

Loya reiteró que el objetivo central de estas acciones preventivas es proteger la seguridad de los chihuahuenses y cerrar espacios al crimen organizado, en un contexto internacional que ya comienza a reflejar impactos regionales.

CIUDAD DE MÉXICO – Un repartidor de 52 años, identificado como Roberto Hernández, perdió la vida la madrugada del domingo 4 de enero tras ser atropellado y arrastrado por casi dos kilómetros bajo un automóvil en calles de la alcaldía Iztapalapa.

El fatal accidente ocurrió en el cruce de Anillo Periférico Oriente y Eje 6 Sur, colonia Constitución de 1917. Hernández, quien laboraba para una empresa lechera, fue embestido por un Honda City azul con placas E85-BPC.

Según información preliminar manejada por medios capitalinos, esa noche la víctima se dirigía en su motocicleta a Nezahualcóyotl para recoger a su pareja sentimental pero su moto fue golpeada por atrás.

Hernández bajó para reclamar el golpe, pero en respuesta fue embestido por el automovilista quien en su intento de darse a la fuga no frenó y lejos de eso, continuó la marcha con el cuerpo atrapado debajo del vehículo.

Videos grabados por testigos y que se viralizaron en redes muestran el automóvil avanzando mientras dejaba un largo rastro de sangre en el pavimento.

El cuerpo se desprendió al pasar un tope en la calle Ingeniero Félix Palavicini, donde paramédicos confirmaron el deceso por lesiones graves.

Este lunes, autoridades localizaron el vehículo abandonado en Nezahualcóyotl, Estado de México, sin placas y con daños evidentes. La unidad será sometida a peritajes, pero el responsable permanece prófugo.

Familiares y colectivos de motociclistas protestaron el domingo bloqueando Ermita Iztapalapa y exigieron justicia, pidiendo reclasificar el delito como homicidio doloso por considerar que el conductor tuvo oportunidades de detenerse, ya que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX investiga como homicidio culposo con fuga.

Imágenes fuertes, se recomienda discreción:

Se tiene identificada a la mujer que este fin de semana atropelló a un motociclista y lejos de prestarle ayuda lo arrastró por las calles de Iztapalapa mientras se daba a la fuga.

Se trata de Gaby Gómez Córdoba de 43 años; las autoridades solicitan ayuda para localizarla… 👇 pic.twitter.com/InsEVVS05S

— Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 5, 2026
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