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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló las cuatro rutas principales utilizadas para el tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México, entre las cuales destaca un punto de entrada desde Nuevo México hacia Ciudad Juárez, Chihuahua, que alimenta la violencia y la presencia de armamento ilícito en la frontera norte.

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga, el general Omar Quinn Ponce detalló que entre el 80 por ciento y 84 por ciento de las armas decomisadas en territorio mexicano provienen de Estados Unidos, y que estas rutas corresponden a corredores geográficos que facilitan el flujo ilegal de armamento hacia zonas de alta incidencia delictiva.

La Sedena señaló que las principales vías de tráfico de armas son:

De California a Tijuana, Baja California

De Arizona a Nogales, Sonora

De Nuevo México a Ciudad Juárez, Chihuahua

De Texas a Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas

La presencia de Ciudad Juárez en estas rutas resalta la importancia estratégica de la frontera chihuahuense, tanto para la entrada de armas ilegales como para la dinámica de violencia ligada a los grupos criminales que operan en la región.

Una frontera con impacto directo en seguridad

El corredor que conecta Estados Unidos con Ciudad Juárez forma parte de una red mayor de tráfico de armas que, según informes y estudios previos, aprovecha las leyes laxas del otro lado de la frontera y los corredores de transporte existentes para introducir armamento de alto calibre a territorio nacional.

Organizaciones criminales, incluidas células vinculadas al crimen en la zona de Juárez, se benefician de estas rutas para abastecerse de armamento que luego es utilizado en enfrentamientos, extorsiones y otros delitos que afectan día a día la seguridad de la población. Este flujo también complica los esfuerzos de las autoridades federales y locales para contener la violencia.

Además del señalado predominio de armas provenientes de Estados Unidos, reportes recientes estiman que 85 por ciento o más del armamento decomisado en México recorre rutas transfronterizas que conectan con estados como Arizona, Nuevo México y Texas, siendo Ciudad Juárez uno de los puntos neurálgicos por su volumen de tráfico terrestre y aduanero.

Las autoridades federales han reforzado operativos conjuntos para intentar frenar este flujo, aunque el problema persiste debido a factores estructurales en la producción, comercialización y traslado de armas en la región fronteriza.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 77.2 millones de pesos en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, equivalente al 53.1 por ciento de los recursos revisados en la fiscalización correspondiente al gasto federalizado del ejercicio 2024.

De acuerdo con la revisión practicada a la Cuenta Pública del tercer trimestre de 2025, la ASF examinó operaciones por 145.3 millones de pesos, financiadas con Participaciones Federales, principalmente en los capítulos de Servicios Personales, Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública.

Pagos irregulares y obra con anomalías

Entre los hallazgos más relevantes se encuentran pagos de nómina a personal que no acreditó el perfil requerido para ocupar los cargos por los cuales recibió remuneración.

En materia de obra pública, la Auditoría documentó irregularidades como:

Falta de acreditación de la propiedad del inmueble donde se ejecutó una obra.
Ausencia de pruebas de laboratorio para validar la calidad de los trabajos.
Conceptos de obra pagados que no fueron ejecutados, presentaron mala calidad, carecían de autorización o no estaban en operación.

Además, se detectó que una persona fue autorizada como supervisor de obra sin cumplir con los requisitos legales, al no contar con nombramiento vigente ni con el grado académico exigido por la ley. A pesar de ello, autorizó volúmenes y estimaciones de obra.

Fallas en control interno

La ASF concluyó que, aunque el Poder Judicial cuenta con mecanismos de control interno, estos no resultaron razonables ni suficientes para garantizar la eficacia en el ejercicio de los recursos, la confiabilidad de la información y el cumplimiento del marco normativo.

La auditoría abarcó el tercer trimestre de 2025, periodo en el que la ASF fiscalizó gastos públicos ejercidos con recursos federales recibidos por estados y municipios de todo el país, incluidos poderes y organismos autónomos.

Las inobservancias detectadas se relacionan con diversas disposiciones estatales, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público del Estado, la Ley de Obras Públicas y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En su conclusión, la Auditoría señaló que el Poder Judicial de Chihuahua no realizó un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos federalizados revisados. Las observaciones dieron lugar a la promoción de acciones administrativas.

Acusada de matar a una mujer, lesionar a un hombre y previo a ello, secuestrarlos, Lizbeth Noemí V. P., fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro.

Lo anterior, luego de que los agentes cumplimentaran una orden de aprehensión en su contra, por los delitos de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa y secuestro, se informó a través de un comunicado de prensa.

La detención se llevó a cabo en el kilómetro 152, de la carretera Chihuahua-Juárez, a la altura del poblado El Sueco, se indicó.

En la orden de aprehensión obsequiada por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos bajo la causa penal 4094/2022, aparece como probable responsable de la muerte de una mujer, así como de atentar contra la vida de un masculino, y del secuestro en perjuicio de ambos, agrega el comunicado.

No se dieron mayores detalles sobre cuando se registraron estos hechos, así como en el lugar en el que se habrían llevado a cabo dichos delitos.

En próximas horas, Lizbeth Noemí V. P., será llevada a la audiencia inicial, en donde un agente del Ministerio Público formulará imputación en su contra, se dio a conocer.

CHIHUAHUA, Chih. — El fiscal Anticorrupción del estado, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, confirmó que la Fiscalía Anticorrupción acudirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar las resoluciones que han declarado la competencia federal en la investigación contra el exgobernador Javier Corral Jurado por presunto peculado.

Valenzuela Holguín argumentó que dichas decisiones violan la Ley de Coordinación Fiscal, el pacto federal y la Constitución, al transferir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) pese a que involucra recursos y participaciones federales en el contexto de una investigación estatal por el supuesto desvío de 98.6 millones de pesos durante la reestructura de la deuda pública en la administración de Corral (2016-2021).

El funcionario reiteró que la institución agotará todos los recursos legales disponibles, incluyendo una controversia constitucional ante la SCJN, y no entregará la carpeta de investigación a la federación.

Afirmó que la carpeta está técnicamente sustentada y que la Fiscalía defenderá su competencia hasta las últimas instancias, sin descartar incluso instancias internacionales si es necesario.

El conflicto surge tras fallos de un Tribunal Colegiado federal que resolvió a favor de la atracción del caso por la FGR, lo que ha generado un choque competencial entre autoridades estatales y federales.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la investigación debe permanecer en el ámbito local para proteger los intereses de la entidad como víctima del presunto delito.