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El secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, informó que la dependencia a su cargo tiene detectada la presencia y el uso de drones por parte de organizaciones delictivas en la franja fronteriza, los cuales son utilizados para guiar a grupos de migrantes que cruzan hacia los Estados Unidos.

Ese tráfico de personas, explicó, ha generado la presencia de drones en ambos lados de la frontera, situación que ha motivado la petición de autoridades de ambos países para que exista una mayor regulación sobre el uso de estos artefactos.

En conferencia de prensa, Loya Chávez se refirió al cierre del aeropuerto de El Paso, Texas, ocurrido el pasado 11 de febrero, ante una supuesta alerta por drones del narcotráfico que sobrevolaban la frontera entre México y Estados Unidos, y aclaró que ese tema “ya ha quedado aclarado”.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estadounidense, se detectó un objeto suspendido en el aire dentro de su espacio aéreo, lo que provocó una reacción inmediata de las autoridades.

“Ellos detectan un objeto suspendido en el aire, lo que provocó que reaccionaran de manera inmediata”, señaló.

Sin embargo, precisó que, al menos con la información que se tiene hasta el momento, no se trató de un dron, sino de otro tipo de objeto de mucho menor riesgo.

Sí hay detección de drones con explosivos… pero en la Sierra de Chihuahua

Sobre el uso de drones por parte de la delincuencia organizada, el secretario reconoció que sí se ha detectado el uso de estos artefactos con fines violentos, particularmente en la zona serrana del estado.

Se trata de drones utilizados para lanzar explosivos, atacar a grupos rivales, generar violencia e incluso agredir a fuerzas de seguridad estatales.

Loya Chávez indicó que el reto inmediato es mantener la coordinación entre las corporaciones de seguridad y avanzar en la regulación del uso de drones, tanto en el ámbito estatal como a nivel nacional.

Un costo adicional estimado en 20 millones 655 mil pesos representaría para el Instituto Estatal Electoral, organizar la elección de regidores por voto directo y por demarcación territorial, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

El diputado panista dijo que la iniciativa de reforma a la Ley Estatal Electoral impulsada por Morena implicaría un aumento aproximado del 25 por ciento al presupuesto del órgano electoral local.

Explicó que el costo de la elección se incrementaría por la contratación y capacitación de personal, revisión de candidaturas, traslado y resguardo de material electoral, campañas informativas y fiscalización de nuevas postulaciones.

Chávez recordó que el impacto económico del pasado proceso electoral extraordinario del Poder Judicial fue de 478 pesos por cada elector que participó en la elección.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa con carácter de decreto para replantear la propuesta que contempla elegir regidores por zonas territoriales rumbo al proceso electoral 2026–2027.

La iniciativa panista plantea ajustar artículos transitorios aprobados en legislaturas anteriores que abrían la puerta a ese esquema, al considerar que la realidad territorial y demográfica de Chihuahua es distinta a otros estados donde existe ese modelo.

“La entidad cuenta con 67 municipios y una población estimada de 4 millones 087 mil 306 habitantes, frente a los 20 municipios y un millón 235 mil 456 personas de Nayarit, el único referente donde se aplica ese mecanismo”, indicó el legislador.

Chávez consideró que la implementación directa de regidurías por demarcación territorial, en las condiciones actuales, no garantiza por sí misma una mejora efectiva en la representación ciudadana.

Aseguró que, contrario a la iniciativa morenista, su propuesta busca dar certeza jurídica al próximo proceso electoral y ajustar el modelo electoral con base en criterios técnicos, operativos y presupuestales.

La actriz y productora Salma Hayek afirmó que durante años fue más fácil conseguir financiamiento para filmar fuera de México que dentro del país, debido a la ausencia de incentivos fiscales y a un modelo de exhibición que limitaba la presencia del cine nacional en salas comerciales.

Durante el acto realizado este día para presentar incentivos al cine, Hayek relató que cuando intentó producir una película en México, los recursos solo se ofrecían si el proyecto se filmaba en el extranjero.

“Cuando quise venir a hacer mi película a México, no podía conseguir el dinero, me lo daban si me iba a cualquier otra parte, menos México”.

Indicó que países como Australia, República Dominicana, Colombia y las Islas Canarias contaban con incentivos que México no tenía, lo que empujó a muchas producciones a salir del país y a buscar mejores condiciones de exhibición fuera del circuito nacional.

“¿Cómo se le hace una carta de amor a México en Australia, en República Dominicana, en Colombia, en las Islas Canarias?”, cuestionó.

Producción y salas, el mismo problema

Hayek señaló que el reclamo de la industria no se limitaba a la filmación, sino también a la dificultad para acceder a salas de cine, donde las producciones nacionales suelen tener espacios reducidos o exhibiciones limitadas.

“Esta comunidad ha intentado a través de los años conseguir este apoyo. Teníamos toda la data de años”.

La actriz atribuyó el giro en la política cinematográfica al actual Gobierno federal y reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por impulsar incentivos y ajustes al marco legal para fortalecer la producción y exhibición del cine mexicano.

“Quizá lo que no teníamos era a esta presidenta”.

Las declaraciones se dieron en el marco del anuncio de medidas para evitar la fuga de producciones y ampliar la presencia del cine nacional en salas y circuitos de exhibición del país.

Ciudad de México– El exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro, permanece atrincherado en su oficina ubicada en Avenida Universidad 1200, en la alcaldía Coyoacán, desde el pasado viernes 13 de febrero, acumulando ya más de 70 horas de resistencia tras su remoción del cargo.

El conflicto estalló cuando la SEP notificó verbalmente a Arriaga el cambio de naturaleza de su plaza a “libre designación” a partir del 15 de febrero, con un nuevo titular designado para el 16.

La dependencia, encabezada por el secretario Mario Delgado Carrillo, confirmó el relevo administrativo y negó cualquier desalojo forzoso, aclarando que se trató de una diligencia legal por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control.

Sin embargo, Arriaga rechazó abandonar el puesto argumentando que no ha recibido notificación formal por escrito y que defiende los principios de la Nueva Escuela Mexicana y los libros de texto gratuitos que impulsó durante su gestión.

En transmisiones en vivo ininterrumpidas por Facebook Live desde el sábado, el funcionario ha convocado a “jornadas de protesta con propuesta” de 24 horas, donde dialoga sobre la educación transformadora y acusa presiones para modificar los contenidos educativos.

Durante la resistencia, Arriaga reveló que meses atrás rechazó ofertas del secretario Delgado, incluyendo una embajada en Costa Rica, porque implicaba “una vida de lujo sin austeridad republicana” y facilitaría cambios en los libros.

“No acepté para no traicionar al magisterio ni permitir que se alteren los materiales que miles de compañeras y compañeros crearon”, afirmó en sus intervenciones.

Elementos de seguridad intentaron desalojarlo el viernes, según videos y testimonios que circularon en redes, donde Arriaga retó a los oficiales: “Va a necesitar la fuerza armada”.

La SEP desmintió el uso de violencia y enfatizó que el proceso es administrativo. Fuentes cercanas indican que podría seguirse una ruta jurídica si no desocupa voluntariamente.

El caso ha generado división: simpatizantes lo ven como resistencia ideológica en defensa de la Cuarta Transformación y los libros controvertidos, mientras críticos lo califican de “berrinche” o show administrativo.

Maestros de los Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, impulsados por Arriaga, rechazaron su cese y exigieron un aumento salarial del 100%.

Hasta el momento (tarde del 15 de febrero), Arriaga continúa en la oficina, transmitiendo en vivo y rodeado de aliados.

La SEP mantiene que el relevo es irreversible, y el desenlace podría definirse en las próximas horas o días mediante negociación o acciones legales.

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