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Más de 640 kilos de droga fueron incinerados en el estado de Chihuahua como parte de las acciones derivadas de operativos de seguridad y de investigaciones federales por delitos contra la salud.

De acuerdo con información oficial, la destrucción del narcótico fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

En total, fueron destruidos 640 kilos 709 gramos 510 miligramos de narcóticos, así como tres mil 191 unidades de psicotrópicos, producto de aseguramientos realizados por corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

La droga incinerada corresponde a 20 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud en sus distintas modalidades, relacionadas con las subsedes de Parral, Delicias y Chihuahua.

Entre los narcóticos destruidos se encuentran 596 kilos 146 gramos 960 miligramos de marihuana; 38 kilos 256 gramos 900 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; seis kilos 124 gramos 900 miligramos de amapola; y 180 gramos 750 miligramos de metanfetamina, además de tres mil 191 unidades de psicotrópicos.

El evento se realizó en el campo de tiro de la Quinta Zona Militar, ubicado en la carretera Chihuahua–Delicias, a la altura del kilómetro 17, bajo la supervisión del Órgano Interno de Control, que verificó la cantidad, peso y legalidad del narcótico destruido.

En la actividad participaron autoridades militares, personal de la FGR, elementos de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución.

Autoridades federales reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar delitos federales de manera presencial o anónima.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de la Agencia Estatal de Investigación dio a conocer que realizó un rastreo de búsqueda de cuatro personas que cuentan con reportes de desaparición interpuestos el 31 de enero del año en curso.

El despliegue implementado por los elementos de la AEI, fue en El Largo Maderal, La Norteña y Chuhuichupa, en donde realizaron entrevistas a lugareños.

También se llevó a cabo la pega y reparto de pesquisas, instalaron filtros de revisión de vehículos y personas, a fin de obtener información e indicios sobre el paradero de: 

Homero Rascón López, de 64 años de edad.

Olivia Urquijo Gutiérrez de 49 años de edad.

Jesús Pedro Rascón López de 60 años de edad.

Cecilia Moreno Girón de 62 años de edad.

El rastreo abarcó recorridos por brechas y caminos vecinales del municipio, como parte de las acciones de búsqueda de las mencionadas personas que fueron vistas por última vez en el poblado La Norteña, municipio de Madera, se informó.

CIUDAD DE MÉXICO. — La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Gabriela “N”, conocida como Gaby “N”, una enfermera de 43 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La captura se realizó en el estado de Oaxaca, donde la mujer permanecía prófuga desde el pasado 3 de enero.

Los hechos ocurrieron en la alcaldía Iztapalapa, cuando Gaby “N” conducía un automóvil y presuntamente impactó a una motocicleta conducida por Roberto Hernández, un repartidor de 52 años de una productora de productos lácteos.

Tras el choque, la víctima fue arrastrada por más de dos kilómetros en calles de la zona, lo que le causó la muerte. La conductora huyó del lugar sin prestar auxilio.

La investigación de la FGJCDMX, apoyada en videovigilancia y labores de inteligencia, permitió ubicar a la imputada en el municipio de Ejutla de Crespo (y reportes alternos mencionan Ocotlán), Oaxaca. La detención se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, durante la madrugada de este martes 10 de febrero.

Tras su aprehensión, Gaby “N” fue trasladada a la Ciudad de México e ingresada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde un juez de control definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La reclasificación del delito de homicidio culposo a homicidio calificado se sustentó en elementos como la ventaja, la alevosía y la omisión de auxilio, agravantes que podrían implicar una pena de entre 20 y 50 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal vigente.

La viuda de la víctima, Wendy Leyva, junto con familiares y colectivos de motociclistas, han exigido justicia ejemplar y el fin de la impunidad en hechos viales de esta naturaleza. “Queremos que pague por lo que hizo”, han manifestado en diversas declaraciones públicas.

La FGJCDMX destacó la colaboración interinstitucional que permitió la captura tras 38 días de búsqueda.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación de cinco cuerpos de trabajadores mineros tras el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Las víctimas formaban parte del grupo de 10 trabajadores que fueron privados de la libertad a finales de enero, cuando se dirigían a su jornada laboral en una zona minera de la región.

Entre los cuerpos identificados se encuentran Antonio de la O Valdez, de 36 años, originario de Chihuahua y supervisor del área ambiental; Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, geólogo originario de Zacatecas; José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, geólogo procedente de Taxco, Guerrero; José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, ingeniero industrial, también originario de Zacatecas; y José Antonio Jiménez Nevárez, vinculado a labores operativas dentro de la actividad minera.

Autoridades federales mantienen los trabajos periciales y de investigación para lograr la identificación del resto de los cuerpos localizados en el mismo sitio y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El hallazgo forma parte de las investigaciones federales relacionadas con la desaparición del grupo de trabajadores, caso que ha generado consternación entre familiares, comunidades mineras y sectores vinculados a la actividad extractiva.

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