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Antonio Flores Schroeder

En el debate de argumentos de la audiencia de vinculación a proceso de Antonio P.C., a quien le fijaron como medida cautelar la prisión preventiva justificada por uso ilegal de atribuciones y facultades, el Ministerio Público, Ramón Anchondo, argumentó que “los contratos son una cosa y la vida privada es otra, y pienso que la vida privada sí tiene que ver con el conflicto de intereses”.

Señaló como pruebas principales los testimonios de un empleado de Xtreme Sports, quien reconoció hacer trabajos de edición y producción; en contraparte, los dichos de empleados de la Coordinación de Comunicación Social que consideraron innecesario la contratación de la empresa.

También señaló que el Comité de Adquisiciones y Servicios fue coptado por el subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, y por el gobernador Javier Corral, de quien dijo, no eran ajenas esas contrataciones de servicio.

Además, mostró como comprobante de la supuesta relación amorosa entre el imputado y la representante de Xtreme Sports, Abril Susana del Pilar Ruiz Licón, una licencia de conducir de Antonio P.C. donde aparece el celular de ella como número de emergencia.

Por éstas y otros razonamientos, la Fiscalía Anticorrupción pidió que al imputado se le formalice el auto de vinculación a proceso.

Esto lo solicitó el defensor José Luis Contreras Cruz a la jueza Miriam Montejo, aludiendo que el testimonio de Pablo Pinedo no reconocía ninguna relación de su padre con las personas involucradas, ni la relación amorosa con Abril Susana.

En su argumentación, el defensor indicó que no encontraba un beneficio para Abril Susana, en su calidad de apoderada de la empresa y tampoco para el excoordinador de Comunicación Social.

La licencia de conducir que mostró el MP, según Contreras, es de una fecha posterior a la de la celebración de los contratos, de enero a junio de 2018, entre Gobierno del Estado con las empresas involucradas (Xtreme Sports, Malcom Sat y Upcom) a finales de ese año.

“Son pruebas suficientes para que usted, su señoría, para solicitar el auto de no vinculación a proceso a favor de Antonio P.C.”, demando la defensoría.

Luego del debate, la jueza estableció una prórroga para emitir su veredicto.

Un día antes de conmemorarse nueve años del Caso Ayotzinapa, un grupo de normalistas realizaron pintas y lanzaron cohetones en las instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes CISEN, en la alcaldía Magdalena Contreras.

Los jóvenes, quienes portaron cubrebocas, pintaron leyendas en las paredes: “Ni perdón ni olvido”, “Para el Estado ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito, pero ser de Ayotzinapa merece la muerte”, “Perpetradores de la impunidad e injusticia”.

En tanto, los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, se manifestaron en las inmediaciones de la dependencia. Melitón Ortega, papá de Mauricio, recordó que en su momento los integrantes del CISEN sabían que en Guerrero habían reuniones de funcionarios y estaban enterados que en ese entonces el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, estaba involucrado en la delincuencia organizada.

“Esta dependencia sabía todos los movimientos que estaban haciendo los estudiantes (…) ellos estuvieron en todo momento y es imposible que digan a estas alturas que no saben, tienen la información y estamos para decirles que deben de entregar toda la información para esclarecer el tema de los 43”, expresó.

Ortega llamó a la ciudadanía a participar este martes en la marcha nacional por los 9 años del caso.

“La marcha central partirá del Ángel de la Independencia a las 16:00 horas rumbo al Zócalo, realizaremos un mitin. Convocamos a los colectivos, sindicatos, campesinos, a participar ¡Porque Vivos se los llevaron, vivos los que queremos!”, remarcó.

Una mamá de los normalistas dijo que no se cansan de buscar a los jóvenes y que las autoridades sabían que los estaban atacando, pero no hicieron nada: “Nos engañaron, nos dijeron que fue la delincuencia organizada la que se llevó a nuestros hijos”.

Prisión preventiva justificada fue la medida cautelar que la jueza de Control, Miriam Montejo, aplicó a Antonio P. C., excoordinador de Comunicación Social durante el quinquenio estatal del exgobernador Javier Corral.

Por lo tanto, el exfuncionario acusado de desviar más de 9 millones de pesos, tendrá la obligatoriedad de la prisión preventiva en la cárcel, para garantizar su presencia en el juicio por el delito de “uso ilegal de atribuciones y facultades”.

El juicio de inicio duró dos días con la presentación de pruebas y argumentos que emitieron tanto la Fiscalía Anticorrupción como su defensa.

A Antonio P. C., se le fijó la fecha del próximo martes 26 de septiembre, a las 16:00 horas, para dar paso a la audiencia de vinculación que emitió la jueza Miriam Montejo.

Al reanudar el juicio inicial de Antonio P., el Ministerio Público prosiguió con el desahogo de pruebas y presentó documentos originales del contrato que celebró el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social (CCS) con X treme Sports quien “tiene amplia cobertura y capacidad financiera suficiente” por diversos servicios, uno de ellos durante el informe del gobernador.

El contrato de enero de 2018 presenta las rúbricas de aprobación del entonces subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Luján Peña, de Antonio P, de la administradora de CCS, Araly Cristina L. A. y del representante legal de Xtreme Sports.

La Fiscalía Anticorrupción también mostró el dictamen del acta de adjudicación, del 16 de enero de 2018, autorizado por Carolina Córdoba, en su calidad de presidente del Comité de Adquisiciones.

El Ministerio Público reforzó sus argumentos al mostrar a la jueza Miriam Montejo, facturas y comprobantes de pago, entre enero y noviembre de 2018, con pagos parciales por la cantidad de 379 mil 636.04 pesos mensuales.

El desahogo de pruebas siguió con la presentación de un diálogo del 18 enero 2018, donde Araly Cristina se comunica con ingeniero Gamboa Rascón de Upcom y remite documentos para recibir una mega pantalla, con la instrucción de fijarla en la avenida Paseo Triunfo de la República en Ciudad Juárez.

Enseguida, la jueza pidió un receso.

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