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Antonio Flores Schroeder

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva para convocar a reservistas a fin de que se sumen a la lucha contra el tráfico internacional de drogas en la frontera sur.

El pasado 27 de abril, Biden envió un “Mensaje al Congreso sobre la Orden Ejecutiva sobre la Autoridad para Ordenar la Reserva Lista de las Fuerzas Armadas al Servicio Activo para Abordar el Tráfico Internacional de Drogas”, en el que señala que, a partir de ese día, se autoriza al secretario de Defensa Lloyd Austin y al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para “ordenar el pase al servicio activo de las unidades y miembros individuales de la Reserva Preparada bajo la jurisdicción del secretario”, conforme éste lo considere necesario.

“La orden ejecutiva se fundamenta», explica Biden en el mensaje, “(…) en la Ley de Emergencias Nacionales y la sección 12302 del título 10 del Código de los Estados Unidos, con el fin de responder a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14059 de 15 de diciembre de 2021, que habla sobre la imposición de sanciones a aquellos extranjeros “implicados en el tráfico mundial de drogas ilícitas”.

El mandato ejecutivo se produce en momentos en que Estados Unidos enfrenta una crisis por el flujo de fentanilo que mata a decenas de miles de estadounidenses.

La orden ejecutiva, acota el mensaje, “garantizará que el Departamento de Defensa pueda mantener adecuadamente su apoyo al Departamento de Seguridad Nacional en relación con el tráfico internacional de drogas a lo largo de la frontera sudoccidental”.

Legisladores republicanos han reclamado que cárteles mexicanos de las drogas, responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos, sean declarados organizaciones terroristas y se autorice el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el combate al fentanilo.

Apenas el domingo, Mayorkas dijo en entrevista con NBC News que México es un “aliado” en la lucha contra el fentanilo y que “tenemos una relación muy cercana”, a pesar de los dichos de Andrés Manuel López Obrador sobre que en México no se produce fentanilo y de que se trata de un problema que Estados Unidos debe resolver.

“No puedo hablar sobre sus comentarios públicos [de López Obrador]”, dijo Mayorkas. “Pero puedo hablar de lo que está sucediendo en el terreno en términos operativos. Trabajamos muy de cerca con nuestros socios mexicanos”.

La audiencia de vinculación o no a proceso de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), se extendió por más de tres horas, sin que se tenga una determinación por parte del juez Víctor Manlio Hernández Calderón.

A las 11:00 horas comenzó en Ciudad Juárez la audiencia bajo la causa penal 237/23, en la que se lleva el caso de los 40 migrantes muertos y 27 lesionados de la estación migratoria del puente Lerdo, tras un incendio ocurrido el pasado 27 de marzo.

Van decretados dos recesos y todavía no se tiene definida la hora en la que finalizará la audiencia.

La defensa de Garduño Yáñez presentó 28 medios de prueba a su favor, pero el Ministerio Público rechazó más de la mitad de ellos, por considerarlos no vigentes o impertinentes.

Entregó entrevistas con tres víctimas del incendio, sin embargo, se solicitó fueran excluidas por no haber informado de su realización a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus representaciones consulares (CEAV).

La defensa del acusado de provocar el incendio en el que murieron 40 migrantes, buscará demostrar que el venezolano cometió un delito culposo, en lugar de uno de dolo eventual, al activar el fuego en la estación migratoria el pasado 27 de marzo.

Eso significa que de recibir una sentencia de 500 años de prisión, serían solamente 10 años, explicó Jorge Vázquez Campbell, quien encabeza la defensa de Jeison Daniel C. R., de 28 años.

El abogado mencionó que se adentrarán a la filosofía del derecho, para tratar de demostrar que el migrante venezolano nunca tuvo la intención de matarse o matar a otros.

Aseguró que su intención fue protestar para llamar la atención del personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Al quedar demostrado que no hubo dolo en su actuar, equivaldría a cuando un automovilista comete un atropello de forma imprudencial, y de ese acto resulta alguien muerto, indicó.

Vázquez Campbell agregó que por un homicidio de dolo eventual no amerita fianza, pero por uno culposo sí.

El litigante mencionó que se les amplió el plazo para la investigación cuatro meses, porque la investigación del incendio del pasado 27 de marzo está todavía muy incompleta.

Señaló que Bomberos realizó únicamente un dictamen inicial, pero hace falta uno más completo y todo requiere tiempo, de tal manera que el juez noveno amplió el plazo para robustecer la averiguación.

Vázquez Campbell explicó que solicitó un amparo también para su defendido y será el 30 de mayo cuando lo reciban en audiencia para resolver si se le otorga.

Reconoció que el amparo solicitado está muy complicado, porque se analizará la doctrina de alto derecho de interpretación, en el que se examinará si Jeison Daniel tuvo voluntad o no para matarse o de protestar, o intimidar, o de causar un daño al momento en que se encendió el cerillo.

Señaló que se hablará de la posible falta de precaución y si esa falta de precaución constituye un delito culposo y no un delito con la intención de asesinar.

Dijo que la sentencia será histórica, porque habrá de razonarse sobre todos estos aspectos de filosofía, para determinar cuál era la voluntad de las personas involucradas en el incendio.

Consideró que “el juez noveno es un hombre muy recto, muy estudioso, un excelente juez”, que seguramente habrá de tomar en consideración todos los argumentos presentados.

Calculó que para el mes de junio es cuando el juez podría dar una sentencia por este caso, en el que perecieron 40 personas y otras 27 resultaron lesionadas.

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, llegó a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación de Ciudad Juárez para su audiencia en la que se decidirá si se le vincula o no a proceso.

El funcionario federal deberá responder por la acusación de ejercicio indebido del servicio público, por la muerte de 40 migrantes y 27 lesionados.

En estos momentos se desarrolla la audiencia.

En la audiencia celebrada el pasado martes 25 de abril, ante el juez Víctor Hernández Calderón y mediante la causa penal 237/23, se estableció que Garduño Yáñez tendrá que acudir a firmar cada mes como medida cautelar.

El agente del Ministerio Público federal solicitó en la pasada audiencia al juez que se separara del cargo de comisionado del INM para realizar las investigaciones, y que se prohibiera salir del país para evitar su huida, sin embargo no se concedió a dicha petición.

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