Antonio Flores Schroeder

Dos personas fueron sentenciadas a 25 años de prisión por el asesinato del presidente de la Coparmex de Parral, Chihuahua, Uriel Ulberto Loya Deister.

Se trata de los delincuentes Héctor Iván N., alias “El Tali” y César Ulises N., alias el “309” o “Cabo”, se informó hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2018, cuando Loya Deister fue atacado afuera de un restaurante en Parral; los homicidas huyeron a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con reportes periodísticos, Uriel Ulberto Loya Deister murió luego de recibir varios disparos de arma de fuego en el exterior del negocio.

Autoridades informaron minutos después del atentado, que el empresario llegó a un restaurante de mariscos, donde fue interceptado por un hombre en una motocicleta.

El cuerpo del empresario quedó tendido por fuera de su vehículo.

Ese día, la Coparmex confirmó y condenó el asesinato de quien lideraba el Centro Empresarial local desde 2016.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que el próximo 24 de abril podría realizarse la comparecencia de los titulares del Gabinete de Seguridad Pública, misma que será en un formato bicamaral, ante senadores y diputados.

El coordinador parlamentario de Morena señaló que a la reunión están convocados los secretarios de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; Marina, Rafael Ojeda; y Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, así como el comandante de la Guardia Nacional, David Cordova.

Recordó que está comparecencia es consecuencia de la reforma al artículo quinto transitorio constitucional, que incluyó la instalación de una Comisión Bicamaral para revisar el trabajo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En conferencia de prensa en el marco de su visita a Tamaulipas, precisó que en esa reunión de trabajo se abordarán los incidentes que han tenido las fuerzas de seguridad, que se han traducido en “graves acciones” en contra de ciudadanos.

Dijo que “no habrá impunidad, en el Senado vamos a cuidar eso y vamos a dar paso a que haya la investigación correspondiente”.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la posibilidad de que los militares puedan interceptar comunicaciones privadas y realizar cateos sin la autorización de un juez civil.

En la sesión, el ministro Alberto Pérez Dayán, quien estaba de vacaciones, efectuó su voto para alcanzar la mayoría calificada de ocho votos para anular los artículos 299 del Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP) y 81 Bis, fracción VII, del Código de Justicia Militar (CJM).

“Me pronunciaré respecto de los siguientes temas: estoy con el proyecto y por la invalidez de los artículos 291, 295 y 296, que se refieren a la intervención de comunicaciones privadas. Igualmente, con el proyecto y por la invalidez del artículo 81 bis, fracción VII, que tiene que ver con geolocalización.

“En resumen, estoy con el proyecto y por la invalidez de los artículos 278, 282, 295, 291, 296 y 81 bis, fracción VII, referentes a la geolocalización”, manifestó.

Los artículos 291, 295 y 296 del Código Militar de Procedimientos Penales concedían a los militares intervenir las comunicaciones privadas sin contar con una orden judicial. También los facultaba a destruir registros de intervenciones no autorizadas.

La Corte invalidó que los efectivos utilicen la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles como parte de las investigaciones sobre hechos en los que se hayan visto involucrados, al considerar que el precepto era omiso en precisar la materia y las personas sobre las que podría ejercerse esta facultad y aplicarse a los equipos de personas ajenas al ámbito militar.

Además, invalidó que los elementos puedan realizar cateos en cualquier domicilio particular, en residencias, oficinas públicas de los tres poderes de gobierno y a organismos constitucionales autónomos, ya que se permitía realizar medidas restrictivas que impactaron a los civiles.

La Corte también anuló la facultad de los uniformados para asegurar cuentas bancarias sin autorización de un juez civil, luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en demanda de la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del CJM.

El proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales refiere que, lejos de generar certeza, causa incertidumbre en relación con cuál es el límite de esta atribución, dado que sólo se menciona la causa por la que puede ejercerse, pero no se especifica ni la materia ni sobre quién o quiénes puede llevarse a cabo.

“Lo cual puede tener como consecuencia el uso arbitrario por parte de la autoridad ministerial, al poder realizarla, no sólo respecto de personal militar sujeto a una investigación, sino sobre personas ajenas al fuero castrense”, detalla.

Los efectos de la invalidez decretada respecto de las normas surtirán efectos a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos del fallo al Congreso de la Unión sin perjuicio de que se apliquen los principios en materia penal de conformidad con los artículos 105 y 45 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por tratarse de normas en materia penal, se propone que la invalidez decretada surta efectos retroactivos al 17 de mayo del 2016, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado.

Aspirantes de oposición a la Presidencia de la República del PAN, PRI y PRD, e integrantes de organizaciones de la sociedad civil subrayaron la importancia de construir una candidatura común, así como un gobierno de coalición que pueda representar las propuestas de la ciudadanía.

Tras criticar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron que la oposición debe organizarse, a fin de definir el método para elegir al candidato de oposición.

En un foro organizado por las asociaciones civiles agrupadas en Unid@s, el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles propuso que para evitar divisiones se realice un método democrático y transparente que incluya a la sociedad civil, como la organización de elecciones primarias.

“Todo va a ser miel sobre hojuelas mientras no lleguemos a la definición de las candidaturas. No se puede que los partidos encerrados en ese mundo quieran definir las reglas, y mucho menos decidir quién es la candidata o candidato”, sostuvo.

El exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que para un mejor México no se necesitan caudillos, sino una alianza entre ciudadanos y partidos.

Confió en que se elija un método democrático y ciudadano para la elección del abanderado de oposición, y que se defina de preferencia antes de las elecciones de 2023. “Veo a la alianza como la única capaz de detener el deterioro de este país”. En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, sostuvo que el primer paso para una candidatura y gobierno de coalición es dejar atrás las divisiones. “Que quede muy claro: el lugar que yo deba ocupar, soldado raso general, eso me lo dicen ustedes”

El diputado panista Juan Carlos Romero Hicks señaló que los partidos políticos deben abrirse, porque actualmente no logran representar a la población.

“El próximo gobierno debe de entender que la coalición no es un reparto de cuotas de partido, ni puede ser un tramado de intereses. El gobierno debe gobernar para todos: los que votaron por uno, por otro y los que no votaron por nadie”, expuso.

Reconoció que el panorama para la elección de 2024 es difícil e incierto, pero posible por espacios como UNID@S que ayudan a aprender y comprender las exigencias de la ciudadanía.

Tras reiterar su intención de encabezar un proyecto de oposición, el expresidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, advirtió que una nueva alternancia será imposible sin un amplio y profundo acuerdo entre los partidos de oposición y la sociedad civil.

El empresario recalcó que para que sea posible un gobierno de coalición se debe pasar de la gobernabilidad tradicional a la gobernanza democrática.

La senadora del PAN Lilly Téllez urgió a las fuerzas políticas de oposición y a organizaciones de la sociedad civil a definir lo antes posible el método de elección del candidato o candidata a la Presidencia de la República.

Al participar en la mesa Gobierno de coalición y cambio de régimen, la legisladora convocó a la construcción de un programa de gobierno que fije con claridad el nuevo rumbo del país.

“Este programa no puede bordar sobre la nostalgia al pasado, a ese México que existe en los discursos de la política, pero que no ven ni sienten la mayoría de los mexicanos”, dijo.

“Debemos partir por reconocer que los gobiernos de las alternancias dejaron una herencia de enojo, de reclamo y agravio social que hoy tiene a López Obrador en el poder”, sentenció.

Por su parte, el investigador Diego Valadés subrayó que un gobierno de coalición tiene que estar basado en acuerdos políticos públicos y conversaciones ante su incumplimiento, ya que, de lo contrario, se convertiría en un gobierno de corrupción.

“Un gobierno de coalición en las condiciones actuales del país es insuficiente, porque lo que está enfrentando México es un claro déficit de gobernabilidad”, dijo.

El exministro de la Corte José Ramón Cossío recomendó a las fuerzas políticas opositoras tomarse muy en serio la posibilidad de un convenio de coalición de gobierno rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

También asistieron al foro el exsecretario del Trabajo Javier Lozano y la excandidata presidencial del PT, Cecilia Soto.