Antonio Flores Schroeder

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, luego del incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez.

“Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vida de migrantes en Ciudad Juárez”, dijo el jefe del Ejecutivo esta mañana en su conferencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó anoche que procedió penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación, porque son varios los implicados, y hoy en la mañana (en la reunión de Seguridad), se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, pero todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir la justicia”, agregó López Obrador.

La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), aprobó un proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 81,105,109 y 111 de Ley de Migración y así garantizar una presencia máxima de 36 horas a las personas migrantes en territorio nacional una vez que estén en la tutela del Estado mexicano.

“Extender la privación de la libertad por más de 36 horas mientras se resuelve su situación migratoria resulta violatorio de derechos humanos, en virtud de no existir razones particulares relacionadas con la persona”, dice el texto.

Además, validaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley de Migración con la intención de ampliar el plazo establecido en la Ley de Migración, para realizar la revisión migratoria para personas que pretendan ingresar al país y que se ostenten como mexicanas.

“Este procedimiento deberá ser racional y no deberá exceder de 4 horas, excepto en los casos en los que la persona que se ostenta como mexicana solicite expresamente su ampliación.

“En ningún caso el plazo podrá exceder de 24 horas. Durante el tiempo que dure el procedimiento de revisión, la autoridad migratoria deberá brindar todas las herramientas tecnológicas y de comunicación que tenga a su disposición para que la persona de que se trate, complemente o aporte nuevos elementos objetivos de convicción”, señala el dictamen.
Asimismo, avalaron diversos puntos de acuerdo para exigir la protección verdadera de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional.

El primero de ellos, es un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Instituto Nacional de Migración se salvaguarden los derechos humanos e integridad de las personas migrantes que se encuentran en tránsito dentro del territorio nacional.
El segundo de ellos, solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de la Ciudad de México, implementen mecanismos para reubicar en albergues a las personas migrantes que permanecen al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, “con la finalidad de respetar y garantizar sus derechos humanos”.

En un tercer documento, avaló un exhorto para que el titular del Instituto Nacional de Migración garantice protección y seguridad a las mujeres migrantes durante sus traslados.
También suscribió un llamado con relación a las políticas públicas y programas de acción en materia de migración de retorno a fin de proteger a las personas migrantes.

El quinto dictamen contiene un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración para que, de manera urgente, se atienda la crisis migratoria que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicha solicitud es con relación a los hechos ocurridos el 12 de marzo pasado donde más de cien personas intentaron ingresar a territorio de los Estados Unidos de manera violenta, “ante una migración no ordenada”.

Adicionalmente, la Comisión de Asuntos Migratorios se reunió con John Robert Hernández, titular de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam).
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) expuso que todas las oficinas de migración en las entidades del país deben tener una oficina de capacitación, “muchos de los estados ni siquiera saben qué hacer en caso de que un migrante muera, no saben cómo repatriar a sus muertos”.

Mario Alberto Torres Escudero, diputado de Morena, aprovechó la presencia de algunos representantes del sistema migratorio en las diversas entidades del país, para preguntarles cómo ha sido su experiencia en materia de presupuesto público “para poder ayudarles desde el Legislativo”.

En su momento, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena) expresó que la capacitación es indispensable «y debemos siempre estar actualizando el marco legal, que vengan quienes tengan las condiciones de sumar a nuestro país».

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN) expuso que existen muchas situaciones irregulares en el proceso de migración en México, “creo que hay mucha gente con experiencia en las dependencias de asuntos migratorios en el país”.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena) afirmó que el movimiento de migrantes en el mundo está auspiciado por el interés de grandes empresarios y “hay que seguir el hilo del dinero, hay muchos empoderados que continúan haciendo un negocio de la migración”.

De MC, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra resaltó que es un negocio el fenómeno de la migración. «No hay ni un sólo centroamericano que haya hablado mal en su trayectoria en México; miles de migrantes hablan de que se les dio de comer y alojamiento”.

John Robert Hernández expresó que “si tuviéramos que definir en una sola palabra la importancia que tiene la Conofam para el país, sería: acompañamiento; por ejemplo, a pesar de la contingencia por Covid-19, en los últimos tres años pudimos atender de manera oportuna a los migrantes, no los dejamos solos cuando más lo necesitaron”.

Modificar las 23 leyes en materia administrativa como lo plantea el Ejecutivo violentarán el orden jurídico nacional, son discrecionales, provocarán opacidad, atentan contra el medio ambiente y generarán un clima de incertidumbre jurídica, dijo la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

La iniciativa pretende que el gobierno unilateralmente decida cuando “revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados”.

Por lo que, la Confederación pidió al Congreso de la Unión un “diálogo abierto, franco, serio y sin excusiones”, a través de un parlamento abierto con todos los involucrados.

Esa propuesta “violenta el orden jurídico nacional y atentan contra las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno federal, porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización alguna”.

En segundo lugar, toda decisión unilateral es discrecional y ello “genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos”.

Se pretende modificar 23 leyes. La Concamin aseguró que dentro del planteamiento de la reforma que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión para modificar 23 leyes en materia administrativa está el concentrar en “la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas”, de aprobarse, como está, se hará “a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad”.

Les preocupa también que se atentará contra el medio ambiente y los recursos naturales “al no ser necesarios” esos estudios de impacto ambiental para iniciar la construcción de una obra.

Por todo ello, la Concamin, dijo que “de ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”.

En el texto de las reformas se permite que la administración pública federal modifique contratos o las condiciones iniciales de una compra, incluso después de que se concretó la compra, de encontrarse que no se responde al interés general o si quebrantan las leyes en beneficio de interés privados.

La iniciativa que busca acotar las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reforma los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución.

Entre los puntos más destacados, faculta expresamente al Poder Legislativo Federal para adoptar acciones afirmativas en materia electoral, y prohíbe al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y acciones afirmativas.

Establece que en caso de controversias sobre esos temas, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la autoridad encargada de resolver.

De igual forma, se busca vincular a los partidos políticos para establecer en sus respectivos documentos internos, las reglas para garantizar la paridad de género en la conformación de sus órganos partidistas. Es decir, que los partidos son los que fijarán la forma en la que cumplen con los preceptos constitucionales, mientras que el Tribunal ya no podrá pronunciarse y deberá respetar lo que digan los partidos en sus documentos básicos.

También prohíbe emitir sentencias en torno a decisiones de los órganos de la Cámara de Diputados sobre la integración del Congreso, es decir, que el Tribunal ya no podrá favorecer a minorías para que sean parte de la Comisión de la Permanente, como ocurrió recientemente con Movimiento Ciudadano.

¿Quién impulsó la reforma al TEPJF?

La reforma que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, con la firma de 6 coordinadores parlamentarios.

La propuesta, que entre otras cosas plantea prohibir al Tribunal emitir sentencias en materia de paridad de género y de acciones afirmativas, fue firmada por Ignacio Mier (Morena), Carlos Puente (PVEM), Alberto Anaya (PT), Rubén Moreira (PRI), Jorge Romero (PAN) y Luis Espinoza Cházaro (PRD). Solo Jorge Álvarez Máynez, de MC, rechazó el proyecto.

La iniciativa ha sido ampliamente criticada porque presuntamente coarta los derechos de las mujeres y de otros grupos vulnerables. Hasta este momento, permanece atorada, pues aunque la mayoría de los líderes parlamentarios están de acuerdo, las diputadas federales se han manifestado en contra.

Para aprobar dicha reforma constitucional, se requieren al menos 333 de 500 votos, sin embargo, el sector femenino cuenta con 250 votos, motivo por el que el proyecto no pasaría sino se cumplen con las exigencias de las diputadas, quienes exigen que se elimine el apartado antes mencionado.