Antonio Flores Schroeder

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la travesía de migrantes hacía el norte de México es “riesgosa en extremo” y que los secuestros por parte de bandas del crimen organizado no solo ocurren en San Luis Potosí -donde se han rescatado a más de 100 migrantes – sino también ocurre en Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que como estrategia para defender y proteger a los migrantes su gobierno procura ofrecer opciones de trabajo y albergue en el sur y sureste del país, sin embargo, señaló, los migrantes ya vienen con el propósito de llegar a Estados Unidos.

“Acaba de suceder en Matehuala, una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada, siempre hemos planteando buscar ofreciendo trabajo, albergue, atención mantener en el sureste a los migrantes porque la travesía hacía el norte es riesgosa en extremo. Entonces tenemos que buscar opciones alternativas”.

“No es nada más en San Luis, es en Guanajuato, es en Veracruz y en Tamaulipas y por eso como estrategia para defender, proteger a migrantes, procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergue en el sur, sureste, sin embargo, ellos vienen con un propósito de llegar a Estados Unidos por eso insistimos mucho en que debe de atenderse el problema en los pueblos de origen de los migrantes”, dijo.

La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora, advirtió que la reforma para limitar sus facultades en materia de acciones afirmativas, representa un retroceso democrático y es una afrenta contra los derechos de las minorías.

“Cualquier decisión de quienes ostentan el poder para limitar las posibilidades de que cada vez más personas participen activamente de la vida política, no solo es una afrenta contra sus derechos, sino un retroceso democrático que no debe permitirse”, apuntó Otálora a través de redes sociales.

Indicó que “los desacuerdos entre los órganos del Estado jamás pueden servir de pretexto para limitar el ejercicio de los derechos de todas las personas, ni para privarles de oportunidades para defenderlos”.

La magistrada expuso que la responsabilidad pública que exige la Constitución no es la de imponer una visión ideológica, sino la de defender las libertades que permiten convivir en sociedades diversas.

Dijo que se requiere que quienes tienen poder decisión, lo ejerzan para visibilizar las desigualdades y utilizar las herramientas del gobierno para resolverlas.

“Por eso, los partidos políticos tienen la obligación constitucional de ampliar las voces que buscan construir una sociedad más igualitaria y respetuosa de la diversidad. Como vehículos de la participación política, su función siempre debe ser que la representación ciudadana sea tan plural, como lo es la sociedad que les confiere el poder a través de su voto”, sostuvo.

Señaló que la función constitucional del Tribunal Electoral, es garantizar que esa pluralidad sea respetada y que ninguna decisión excluya a quienes han logrado por primera vez en la historia que sus derechos cuenten con representantes que los defiendan.

“En esa tarea el Tribunal Electoral no puede dar marcha atrás y el poder político debe actuar en consecuencia con esa exigencia constitucional”, escribió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gabinete de Salud federal analiza poner fin a la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, como lo hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que este anuncio dependerá de las condiciones de salud, de análisis de especialistas y de lo que “más convenga al pueblo de México”.

Aseguró que en Estados Unidos intervienen “otros factores”, pero en México, indicó “la salud es primero”.

“Lo estamos viendo, lo está analizando Salud. Yo creo que pronto va a darse a conocer ya el acuerdo. Se está analizando y les vamos a informar. Esto ya lo hicieron en Estados Unidos”, dijo.

¿De qué depende poner fin a la pandemia de Covid-19 en México?

“¿De qué depende?”, se le preguntó.

“Pues de las condiciones de salud básicamente. Allá (Estados Unidos) intervienen otros factores, aquí la salud es primero”, respondió.

López Obrador señaló que no necesariamente su gobierno esperará a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haga este anuncio.

“No necesariamente, es que tengamos el análisis de los especialistas, es un asunto nuestro y de lo que más convenga al pueblo de México”, dijo.

EU declara fin de la pandemia de Covid-19

Ayer lunes, Joe Biden convirtió este lunes 10 de abril en ley la resolución que pone fin a la emergencia nacional por Covid-19.

La Casa Blanca emitió un comunicado explicando que Biden firmó la resolución 7, que termina la emergencia nacional relacionada con la pandemia del coronavirus.

La Casa Blanca se oponía a la medida propuesta por el Partido Republicano, que obtuvo cierto apoyo bipartidista en el Congreso, a pesar de que el gobierno tenía previsto poner fin a las declaraciones de emergencia el 11 de mayo.

La desaparición de una persona es una situación crítica y de emergencia que debe atenderse de inmediato, pues las primeras horas son cruciales para encontrar con vida a quien ha sido víctima de tan deplorable delito, aseguró el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Comentó que ante ello impulsa una iniciativa para que la presunción de la existencia del delito de desaparición forzada u otro que origine la ausencia de una persona, se establezca a partir de las 12 horas y no en 72 horas como lo establece la ley vigente.

En entrevista afirmó que esta reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es trascendental para que las autoridades procedan a la investigación y localización de las personas desaparecidas oportunamente.

De lo contrario, expresó, aún y cuando las comisiones de búsqueda informen sin dilación a la fiscalía correspondiente, la autoridad presumirá la existencia del delito sólo hasta que transcurran tres días, lo cual es un tiempo excesivo para las familias de las víctimas.

“La Ley deja desprotegidas por 72 horas a las personas cuyas desapariciones, en un primer momento, no presentan indicio que permita relacionar su ausencia con la comisión de un ilícito o un contexto de peligrosidad”.

Pero dicha situación, advirtió, conlleva el retraso en la realización de acciones de búsqueda, pues las autoridades responsables de emprenderla, mientras se las catalogue como no localizadas, no poseen las atribuciones legales para activar la totalidad de los métodos de localización al alcance del Estado.

Por ello, expresó, es preciso que, además de las acciones que el Estado mexicano ha implementado a partir del inicio de la transformación nacional, “en el Poder Legislativo demos mayor eficacia a las normas en materia de desaparición forzada de personas”.