Antonio Flores Schroeder

En las últimas horas se conoció que Camilla Parker ha tenido que renunciar a una de sus grandes pasiones para poder convertirse oficialmente en Reina del Reino Unido el próximo 6 de mayo.

La esposa del rey Carlos III tiene 75 años y ha tenido que ver su vida modificada en muchos aspectos cuando falleció la reina Isabel II. Ahora Camilla debe cuidar más que nunca su salud y su integridad física, por lo que ha decido abandonar una de sus principales pasiones.

¿A qué debió renunciar Camilla Parker?

La esposa del rey Carlos III aseguró que es una fanática de los caballos, y que es una gran jinete. Sin embargo, su avanzada edad ha influido en ella para que abandone esta pasión. “Ya no estoy para estos trotes”, aseguró Camilla.

Los caballos era una de las principales pasiones que Camilla Parker compartía con la difunta reina Isabel II. Sin embargo, para cuidar su salud, ahora la Reina ha decidido no montar más sus caballos.

Su edad ya no le permite ser tan elástica y deportista como antes, por lo que la esposa de Carlos no se siente segura en la silla de montar. Ahora, como mucho, podrá montar pequeños ponis, pero no podrá ser la jinete de los caballos de Isabel II, de los cuales es copropietaria.

Esta decisión fue comentada por la mismísima Camilla Parker en una de sus últimas apariciones públicas. Los mandamases del Reino Unido acudieron la semana pasada a Alemania en su primer viaje oficial de Estado como reyes del país y no dudaron en reunirse con altos representantes de la República Federal germana.

Allí Camilla aseguró: “Lamentablemente, ya no monto a caballo. Creo que soy demasiado mayor, pero tengo caballos de carreras. Anoche vi nacer a uno de los potros, fue muy emotivo”.

En su sesión del 30 de marzo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Bienestar buscar y entregar el nombre, cargo, domicilio, teléfono y extensión del secretario particular o equivalente a asesores, secretario técnico o coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de la dependencia.

“Este recurso de la Secretaría de Bienestar demuestra el interés social por saber quiénes son los funcionarios públicos que laboran en esta secretaría federal, que es una de las dependencias con un recurso nunca antes visto en la historia. Hay que decirlo con claridad: las y los mexicanos tenemos derecho a saber quiénes son los servidores que trabajan en cualquier institución pública, sea de la Administración Pública Federal, de organismos autónomos o de cualquier nivel de gobierno. Ocultar la información de quiénes manejan estas situaciones, es caer en la opacidad”, señaló la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, al presentar el caso.

La Ccomisionada Del Río advirtió que la corrupción no solo se mide en pesos y centavos, sino que implica muchas otras acciones que pueden parecer menores, pero no lo son, como poner a determinada persona en un cargo público para el que no tenga las habilidades necesarias, lo cual no solo es auditable, sino que representa un riesgo, más en una Secretaría de ese calado.

Así, “la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, los asesores, los coordinadores, o cualquier cargo en la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado -en este caso la Secretaría de Bienestar- transparente la información solicitada”, acotó.

En el caso concreto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una persona solicitó el nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular, o su equivalente a asesores, secretario técnico o Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría del Bienestar.

El sujeto obligado, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, señaló que no se encontraron coincidencias entre los puestos de secretario Particular o equivalente a Asesores, secretario técnico, Coordinador de Gestión, de la oficina de la Secretaría de Bienestar y los registrados en el Sistema de Administración de Personal.

Ante la respuesta de inexistencia de la información, el particular presentó ante el INAI un recurso de revisión.

En alegatos, la citada Secretaría reiteró su respuesta inicial

En el análisis realizado por la ponencia, a cargo de la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas, se indicó que al analizar las constancias que integran el expediente y la normatividad aplicable al caso, pudo determinarse que la Secretaría del Bienestar “no cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues si bien turnó la solicitud a una unidad administrativa competente para conocer sobre lo requerido, fue omiso en turnarla a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales quienes, según sus funciones, se encuentran facultadas, respectivamente, para conocer sobre las arquitecturas y soluciones de tecnologías de la información y comunicaciones, por lo que el agravio de la persona recurrente resultó fundado”, señaló.

Del Río Venegas manifestó que la información que se requiere en esta solicitud permite saber quiénes son los particulares, asesores, coordinadores o cualquier cargo dentro de la Secretaría de Bienestar, y para saber si estas personas cumplen con el perfil, es necesario que el sujeto obligado en cuestión transparente la información solicitada.

“Consolidar el Estado de Derecho implica que las instituciones debemos fortalecer los procesos de contratación y hacer revisiones constantes para evitar malas prácticas, como designar a funcionarios que no cumplen con la experiencia ni con el perfil solicitado, así como permitir la permanencia de personas que no realizan las funciones para las que fueron contratadas, pero sí devengan un sueldo, algunos casos ampliamente documentados a distintos niveles de la administración”, aseveró.

Para concluir, la Comisionada Del Río destacó que “el servicio público es pasajero, nosotros estamos de paso, pero las instituciones se quedan y tenemos que asegurar la vida laboral de las y los profesionales”.

Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Secretaría del Bienestar y le instruyó realizar una búsqueda amplia, razonable y exhaustiva de la información solicitada, esto es, nombre, cargo, domicilio, teléfono, extensión del secretario Particular o equivalente a Asesores, Secretario Técnico, Coordinador de Gestión, de la Secretaría de Bienestar, en todas las unidades administrativas que resulten competentes.

En 2023, siete dependencias y organismos del gobierno federal pagarán hasta mil 550 millones 861 mil 454 pesos por concepto de subrogación de servicios de vigilancia y protección en sus instalaciones, otorgados en diversos contratos a corporaciones de policía auxiliar y servicios privados de seguridad.

Los contratos se realizan ante la falta de elementos de servicio de protección para la vigilancia de las instituciones federales, como lo explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 3 de abril.

Uno de los organismos, el Instituto Nacional de Migración (INM), pagó 280 millones de pesos a una empresa de seguridad privada y a la Policía Bancaria e Industrial para vigilar representaciones en algunos estados y en la Ciudad de México.

Este monto se divide en dos contratos, uno para Grupo de Seguridad Privada CAMSA S.A. de C.V., del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un costo de mínimo de 76 millones de pesos y máximo de 190, IVA incluido.

Dicho servicio está destinado a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El 31 de marzo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que este contrato será rescindido tras lo ocurrido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 migrantes.

El otro contrato del INM es para la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México para “seguridad y vigilancia para los inmuebles del sector central y oficinas de representación en la capital mexicana y Estado de México del INM”, con un costo, con IVA, de 90 millones de pesos, del 1 de marzo al 31 de diciembre.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contrató al Servicio de Protección Federal por un monto de 761 millones 399 mil 298 pesos sin IVA, del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, como detalla el contrato número 019N04923-001, con título Servicio de protección, vigilancia y seguridad para instalaciones estratégicas del IMSS.

Otra de las dependencias es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que en dos contratos para vigilancia de sus instalaciones pagará 282 millones 570 mil 836 pesos por un año.
Como se detalla en el contrato Servicio de vigilancia de los inmuebles que ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, oficinas de pasaportes metropolitanas y oficinas de pasaportes foráneas, así como diversas misiones extranjeras, con código 2943330, se pagó a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 154 millones 316 mil 42 pesos con IVA, del 13 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En otro contrato, la SRE pagará al Servicio de Protección Federal 128 millones 254 mil 794 pesos sin IVA, según lo estipula el contrato Servicio de seguridad y vigilancia de los inmuebles que ocupa la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Cuidad de México, oficinas de pasaportes metropolitanas y oficinas de pasaportes foráneas, así como diversas misiones extranjeras, con código 2943385, por el mismo periodo.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastará en dos contratos 197 millones 836 mil 881 pesos este año.

A la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, como detalla el contrato 2964911, Contratación del servicio de seguridad, vigilancia y custodia de inmuebles, muebles y equipo de la SEP, se le pagarán 191 millones 572 mil 101 pesos, IVA incluido, para el periodo del 1 de abril al 31 de diciembre.

También contrató a la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, como detalla el contrato 2964915, Contratación del servicio de seguridad, vigilancia y custodia de inmuebles, muebles y equipo de la SEP, por 6 millones 264 mil 780 pesos, con IVA incluido.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también requirió el servicio de vigilancia en sus instalaciones para el presente año, como se indica en el contrato 2932521 para el Servicio de Protección Federal, con un costo de 14 millones 723 mil 735 pesos, IVA incluido, del 1 de enero al 31 de diciembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contrató a Protección Águila Real de Seguridad Privada S.A. de C.V. por un monto de 8 millones 897 mil 235 pesos con IVA incluido, como lo estipula el contrato Servicio de protección y seguridad integral para el interior y exterior de los inmuebles, con código 2962986 para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024.

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en cinco representaciones estatales, ha contratado diversos servicios de seguridad pública y privada con un costo de 5 millones 433 mil 469 pesos para 2023.

Entre ellas, la representación de Durango, donde el contrato con código 2959732 detalló que se desembolsaron 2 millones 72 mil 374 pesos a la empresa Veiligheid del Centro S.A. de C.V.

La representación de San Luis Potosí, en el contrato con código 2956021, detalla que requirió al Patronato Ciudadano Policía Urbana, Bancaria e Industrial para los servicios de vigilancia por un millón 306 mil 500 pesos. En la representación de Oaxaca, el contrato con código 2956169 señala que se pagó a la Policía Auxiliar, Bancaria Industrial y Comercial un monto total de un millón 46 mil 335 pesos.

En Tamaulipas, la delegación estatal de la Sader contrató a la empresa SEGUVIC S.A. de C.V. por 726 mil 902 pesos de acuerdo con el contrato 2942983 y la delegación estatal en Chiapas contrató a la empresa Servicios Industriales e Institucionales S.A. de C.V. por un total de 281 mil 358 pesos, según muestra el contrato con código 2934625.

En manos de otros

Dependencias como SEP, Inegi, IMSS y SHCP subrogan la seguridad en sus instalaciones.
280 millones de pesos gastó el INM en dos contratos de servicios de seguridad.

A 23 representaciones estatales del INM se destinó el servicio de Grupo CAMSA.

2 contratos para seguridad por más de 282 millones de pesos realizó la SRE para 2023.

14.7 millones de pesos desembolsó la SHCP para la vigilancia de sus instalaciones.

En las últimas horas se dio a conocer que la cantante estadounidense, Taylor Swift, y el actor británico, Joe Alwyn, terminaron su relación de seis años. Aunque, varios medios de Estados Unidos han revelado que se separaron desde hace varias semanas.

El diario “Entertainment Tonight” (ET), informó, en exclusiva, que la separación de los famosos se dio de forma amistosa. De igual forma mencionan que el nuevo álbum de la rubia, “Midnights”, podría tener una o varias canciones inspiradas en el romance que sostuvo con su ahora expareja.

Joe Alwyn, ha participado en películas y series de televisión como: “Conversations with Friends”, “Harriet”, “Mary Queen Of Scots”, “Operación final”, “La última carta de amor”, incluso tuvo una mención en el documental de Tylor “Miss Americana”.

En cuanto los seguidores de ambos artistas se enteraron del final de romance, llenaron las redes de comentarios y hasta videos. Por su parte, ni la cantante o el actor han dado declaraciones al respecto en sus redes sociales.

Algunos fans colocaron en tendencias de Twitter las frases “No puede ser”, “Es mentira” y “No autorizo”, ante la incredulidad que les generó la noticia. Tampoco se hicieron esperar los muy socorridos memes.