Antonio Flores Schroeder

Al menos 33 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó a un precipicio la madrugada de este miércoles en el área de Gualaca, en el oeste de Panamá.

El mayor de bomberos en la provincia de Chiriquí, Edilberto Armuelles, precisó que en el accidente, ocurrido a las 4.30 hora local de este miércoles (9.30 GMT), murieron al menos 33 personas y otras 23 resultaron heridas.

Entre los heridos hay al menos cinco menores de edad, dos de ellos con lesiones graves, según informaron los medios locales. Aún no se han dado detalles sobre la identidad de las personas fallecidas.

De acuerdo con la información disponible, en el transporte viajaban 66 migrantes en tránsito que estaban en albergues de la provincia de Darién, frontera con Colombia, y eran trasladados a otro en Chiriquí, en los límites con Costa Rica.

Panamá, al que el año pasado llegaron tras atravesar la selva del Darién 248 mil 284 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica, una cifra inédita, recibe a estos viajeros en estaciones donde toman sus datos biométricos y les ofrecerles asistencia de salud y alimentación, tras lo cual son trasladados en buses hacia la frontera con Costa Rica para que sigan su camino.

“Teníamos varios años que no se daban estos accidentes con buses y víctimas fatales”, comentó a EFE el subcomisionado de Tránsito de la Policía Nacional, Emiliano Otero.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, confirmó que en el transporte viajaban tanto personas nacionales de Panamá como “migrantes que estaban en tránsito” por el país.

Pino lamentó este hecho “doloso, que nadie quiere” que ocurra, y afirmó que hay que esperar los resultados de las investigaciones para saber con precisión qué causó el accidente.

Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control, colisionó con otro y cayó al barranco.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, expresó su “mucha tristeza” ante este suceso y afirmó que “el obierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos”.

Este miércoles se lleva a cabo una de las últimas audiencias en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos, donde se presentarán las conclusiones tanto de la Fiscalía como de la defensa.

Se trata de los alegatos de clausura, en la que ambas partes presentarán sus argumentos ante el jurado del caso para defender sus respectivas posturas.

Además de que la fiscalía y la defensa de García Luna pronuncien sus alegatos finales, también se prevé la lectura de instrucciones por parte del juez al jurado para que inicie su deliberación.

Es muy probable que el caso quede listo hoy para su revisión por parte de los 12 miembros del jurado que determinarán si el exfuncionario es culpable o no de ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína.

Con los alegatos finales, el juicio al exfuncionario en la Corte de Brooklyn, Nueva York, concluye este miércoles, casi cuatro semanas antes de lo previsto.

A lo largo de un mes de juicio buena parte de los más de 20 testigos de la fiscalía esbozaron el poder corruptor del dinero de la droga desde la política a las fuerzas de seguridad, pasando por los funcionarios de aduanas y personal de puertos y aeropuertos.

En la jornada de ayer, la penúltima, testificaron Jesús “El Rey” Zambada, en contra del exsecretario, y Linda Cristina Pereyra, su esposa, en su favor.

García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018.

El expolicía podría ser condenado a entre 10 años y cadena perpetua. Su destino está en manos de 12 jueces que a partir de hoy deliberarán, siguiendo unas pautas pactadas por el juez instructor Brian Cogan, la fiscalía y la defensa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los consejero del INE de que su rechazo al plan B en materia electoral tiene como fondo agruparse en contra de su gobierno y de su movimiento de transformación y que regrese el régimen de corrupción y los acusó de ser antidemocráticos así como defensores y encubridores de los fraudes electorales.

El jefe del Ejecutivo federal pidió en conferencia de prensa esperar a que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si es constitucional o no el llamado Plan B.

“Lorenzo Córdova dijo que en un evento que confía que la SCJN invalide el plan B para que las elecciones de 2024 se den bajo la legislación vigente, qué opina y cual es la expectativa que se tiene sobre las controversias que se han metido?”, se le preguntó.

“Va a resolver la Corte sobre si es constitucional o no la ley electoral que propusimos y vamos a esperar el resultado. Ellos están agarrando esto como bandera política van a hacer hasta una manifestación, pero en el fondo lo que buscan es agruparse en contra de nosotros, en contra de la transformación, lo que quiere es que regrese el régimen de corrupción que prevalecía. Entonces cualquier cosa se convierte en bandera, no se conformaron con bloquear la reforma constitucional en materia electoral que significaba un avance importantísimo”.

“Ya es bandera como si ellos fueran los paladines de la democracia, cuando es exactamente lo contrario, la democracia se ha venido consolidando a pesar de ellos. Ellos son antidemocráticos, ellos son los promotores o defensores o encubridores de los fraudes electorales”, afirmó.

Para las finanzas públicas del país, llevaría 17 años en recuperar el saldo máximo del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) alcanzado en el 2018, que ascendió a 279 mil 770 millones de pesos, proyectó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), de acuerdo con Proceso.

Lo anterior, acotó, asumiendo que no se presentaran crisis económicas y que sólo percibieran ingresos por excedentes de la Ley de Ingresos de la Federación, por lo que es necesario revisar el destino de este tipo de ingresos.

El FEIP, agregó la revista en su sitio digital, es un fondo de estabilización que tiene como propósito reducir los efectos adversos en las finanzas públicas por disminuciones de los ingresos públicos, ya sea por caídas abruptas en los precios petroleros o por la baja recaudación.

“La mayor acumulación de estos recursos fue en el periodo de 2016 a 2018. Sin embargo, desde 2019 y posteriormente, ante la crisis económica y sanitaria, sus recursos se utilizaron para solventar la caída en los ingresos públicos de esos años”, añadió Proceso.

Al cierre del 2022, el saldo de dicho fondo fue de 25 mil 978 millones de pesos.

“Pese a que el gasto fue menor que los ingresos y que las reservas están cubiertas, los recursos del FEIP no han recuperado los montos que permitieron enfrentar la crisis de la covid-19” señaló el CIEP en su reporte titulado “Los fondos de estabilización en México: Evolución de los recursos del FEIP”.

El 4 de noviembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) con el objetivo de fortalecer el FEIP a través de dos nuevos mecanismos.