Antonio Flores Schroeder

La comunidad Jesuita de la Tarahumara repudió el clima de impunidad que persiste en los municipios de la sierra Madre Occidental que incluye la falta de esclarecimiento de los asesinatos de sus hermanos sacerdotes, el guía de turistas y un deportista en la comunidad de Cerocahui.

En el documento titulado “Optamos por la memoria que resiste” lanzaron un llamado a los tres niveles de gobierno para que se revise la estrategia de seguridad pública e la región y y se adopten todas las medidas de protección para las víctimas que son desplazadas cotidianamente.

“Nuestros hermanos jesuitas donaron la vida hasta el final, fueron asesinados sirviendo. se llevaron sus vidas pero nos dejaron la memoria para seguir resistiendo, la fuerza para seguir caminando en la Sierra y la dignidad para seguir hermanándonos con otras y otros”, detallan en el texto firmado por 12 religiosos de la comunidad jesuita entre los que destacan Javier Ávila Aguirre, Enrique Javier Mireles Bueno, Luis Gilberto Alvarado Durán y Luis Ramón Avitia.

En este día 19 de diciembre , fecha en la que se cumplen 6 meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, Joaquín Mora, del guía de turistas Pedro Palma y del joven deportista Paúl Osvaldo Berrelleza, reconocieron los esfuerzos por frenar la violencia en la zona pero condenaron lo que llamaron vergonzosa impunidad que se vive ante este y miles de más homicidios.

Describieron en el manifiesto que aún persisten los asesinatos, extorsiones, tala clandestina y todo tipo de crímenes que obligan a la población al desplazamiento de sus tierras.

Pidieron evaluar la situación de seguridad de Cerocahui y de todo el municipio de Urique y diseñar un plan de restablecimiento de la paz a largo plazo.

“A la fecha no hemos encontrado la prometida ‘justicia pronta’”, lamentaron los religiosos que suscriben el manifiesto.

La violencia vicaria es aquella en la que progenitor ataca a un hijo o hija, con el objetivo de causar dolor a la madre. El término comenzó a utilizarse en España, y a fin de fortalecer los lineamientos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual que los contenidos del Código Penal del Estado de Chihuahua, el diputado Omar Bazán presentó una iniciativa destinada a la protección del núcleo familiar.

“Fundamentalmente, queremos que se adicione un párrafo al Artículo 193, que plantea la tipificación de la “violencia vicaria”; una forma de violencia por la que un progenitor ataca a una hija o un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre”, dijo.

En la actualidad la violencia vicaria no está tipificada en la legislación nacional, aunque cada vez son más las entidades cuyas legislaciones sancionan a esta forma de violencia; sin embargo, no existe un dato oficial sobre el número de víctimas de violencia vicaria en México, aunque se menciona que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se encuentra estudiando más de 150 casos en el país.

En las familias, la violencia vicaria puede detectarse por medio de amenazas y humillación, daño físico y psicológico a los hijos, con una separación forzada o una sustracción ilícita de los niños, con el propósito de hacer sufrir a la madre. Los agresores se muestran como personas agradables frente a la sociedad, pero dentro de casa son personas violentas, dominantes y obsesivas.

En la iniciativa a la reforma al Código Penal del Estado de Chihuahua, que pretende incluir este delito se lee “Quien cometa el delito de violencia vicaria, quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, con la intención de romper el vínculo materno o paterno filial contra la hija(s) o hijo(s) de la persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, concubinato, o una relación de pareja. Se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa”.

El término de violencia vicaria fue acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, quien lo definió como la expresión más cruel de la violencia de género, en la que el agresor, exesposo o expareja, busca dañar a la mujer a través de sus hijos, asegurándose de que no se recuperará jamás.

Mientras crece la cifra de los migrantes menores de edad no acompañados que son repatriados por esta frontera, en Ciudad Juárez es escaso el número de familias de acogida, para darles opción de ser protegidos en ambientes cercanos.

María Guadalupe Álvarez Caballero, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNA) del DIF Estatal Chihuahua, explicó que el número de menores migrantes mexicanos no acompañados que han sido repatriados por esta frontera, ha tenido un incremento significativo este 2022 respecto al año pasado, ya que de dos mil 400 que hubo en 2021, subió a tres mil 385 en lo que va del año; casi mil más.

En contraparte, dijo que las familias de acogida son “muy poquitas” en relación con Chihuahua, porque mientras en aquel municipio tienen a 100, en Juárez apenas son entre 20 y 25 familias.

Informó que durante el 2022, van tres mil 385 menores de edad no acompañados de origen mexicano, que han sido repatriados por Ciudad Juárez y 486 por Ojinaga. fueron 2 mil 400 mexicanos repatriados en el 2021 por Ciudad Juárez.

Asimismo, extranjeros solos menores de edad han sido 638 por Juárez, mientras el 2021 fueron 634. En el 2020 fueron apenas 184.

Señaló que todas las sociedades migran, pero aquí se ha incrementado el paso de niñas, niños y adolescentes solos.

Dijo que antes los adultos se iban solos, pero ahora es probable que esté una “falsa idea que les venden los polleros, o la gente que se dedica a trasladar ilegalmente a personas, que de que siendo niñas, niños y adolescentes, van a conseguir fácilmente su estadía en Estados Unidos”.

Afirmó que las familias hacen gastos onerosos, porque les cobran una cantidad muy fuerte y mandan a los menores “al peligro, a la aventura, hay unos peligros terribles, hay criaturas que han sido vulneradas en sus derechos, abandonadas, e incluso han tenido abusos sexuales en esta travesía”.

Indicó que es grande el peligro a que los exponen y que no es cierta la idea que les venden, de que por ser menores de edad, van a poder permanecer legalmente en Estados Unidos.

Señaló que la realidad es que las autoridades norteamericanas los regresan y son recibidos en esa frontera, donde se les da un proceso especial a estos migrantes no acompañados.

Álvarez Caballero mencionó que personal de psicología les da una bienvenida, donde les explica el motivo de su estancia, “donde les da atención y contención psicológica, así como psico emocional, en caso de crisis, porque ellos va con la idea de que van a llegar a Estados Unidos, conde van a trabajar y ganar mucho dinero, todos estos castillos que forman”.

La procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes agregó que el área de Trabajo Social realiza una entrevista para obtener datos de la familia, donde a través del contacto le informan del motivo de la estancia al menor recién llegado.

Señaló que si no es posible reunificar al menor con la familia, se les envía a una familia de acogida, o al albergue Nohemí Álvarez Quillay.

Indicó que en Juárez son muy pocas familias de acogida, para lo cual iniciarán próximamente una campaña. Actualmente hay entre 10 y 15 menores en este esquema en Ciudad Juárez.

Dijo que son pocas en relación con Chihuahua, porque mientras en aquel municipio tienen a 100, en Juárez apenas son entre 20 y 25 familias.

Para ser parte de ese programa, los grupos familiares interesados deben pasar filtros, estudios psicológicos, psicométricos, socioeconómico, donde se ve la viabilidad de la familia, “porque no se le puede poner e una familia problemática a un niño que trae problemas”.

“Empezando porque hay que salvaguardarlo, y que no vaya a ser vulnerado en sus derechos, se tiene que cuidar mucho y escoger muy bien”, indicó.

Anotó que para que quedar en 100 familias, tuvo que haber como 500 candidatas que pasaran el tamiz.

“Necesitamos más familias de acogida y para niños que estén en centros de asistencia social no sólo para niños migrantes, sino de los que han sufrido vulneraciones en sus derechos y que se extienda el número en Juárez”, subrayó.

El incremento del 77 por ciento al recurso destinado para la compra de productos alimenticios para animales, promovido por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común para el 2023, ha sido visto como un gasto innecesario y como un acto de corrupción para la diputada América García Soto, ya que este estímulo estaba destinado a la alimentación de la jirafa Modesto, quien falleció este año.

El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 fue de 969 mil 140 para el concepto de viáticos, gastos de representación, productos alimenticios para animales, vestuarios y uniformes. Para los mismos conceptos, el próximo año se pretende autorizar la cantidad de 1 millón 740 mil 930 pesos.

“El concepto de productos alimenticios para animales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, existía en virtud de que ésta era la encargada de la alimentación de Modesto, la Jirafa del Parque Central en Ciudad Juárez, que este mismo año murió”, cuestionó García Soto.

La diputada añadió ante el Congreso del Estado que el Parque Central ya no será responsabilidad de la propia Secretaría, sino del organismo público descentralizado denominado Parque Central de Ciudad Juárez, el cual tiene existencia jurídica desde el miércoles 07 de diciembre de este año.

Ante la falta de justificación para incrementar este recurso, la diputada propuso que ese recurso sea reorientado y etiquetado al rubro Ayudas Sociales a Personas del Instituto Chihuahuenses de las Mujeres, y al programa Prevención y Atención de Mujeres en Situación de Violencia.