Edith Caballero

La 68 Legislatura de Chihuahua, exhortó por mayoría de votos a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para que rechace el dictamen de reforma a la Constitución Federal en relación con el Poder Judicial, al considerarlo un procedimiento legislativo viciado y de regresión en materia de independencia judicial.  

Lo anterior, al aprobar las proposiciones presentadas por los diputados Francisco Sánchez Villegas (MC) y Nancy Frías Frías (PAN), quienes expusieron en tribuna el objeto de la reforma.

En ese orden de ideas, se recordó que el pasado 5 de febrero del presente año, el presidente de México presentó una iniciativa de reforma a la Constitución para modificar el Poder Judicial de la Federación; en donde algunos de los temas que se presenten modificar, son los siguientes:

Reducción de once a nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; reducción del período de encargado de Ministros, de 15 a 12 años; se eliminan las Salas de la SCJN, para que todos los asuntos se sesionen en el Pleno; elección popular de Ministros, Magistrados y Jueces; la incorporación de la figura de “jueces sin rostro” para casos relacionados con el crimen organizado, así como la creación de un Tribunal Disciplinario y separación de la Presidencia de la SCJN con el Consejo de la Judicatura.

En base a dicha reforma, ambos legisladores dejaron en claro que: 

“Nos encontramos en la antesala de un trance constitucional, es decir, estamos ante una reforma constitucional que, de aprobarse, pondrá en serio riesgo a la misma República, al pacto del federalismo y al dogma histórico de la división de los Poderes de la Unión”.

“Que, de aprobarse la reforma al Poder Judicial de la Federación, trastocaría sustancialmente al principio de progresividad, ya que como es de derecho explorado, los legisladores no pueden emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen, desconozcan el alcance o la tutela que ya se reconocía a los derechos humanos, según el artículo primero de la Constitución Federal”.

“Que estos cambios legislativos propuestos a nuestro orden jurídico mexicano abren la puerta al detrimento de la impartición de justicia. Lo que se traduce a la par, en un retroceso enorme en materia de derechos humanos”.

“Que la reforma planteada al Poder Judicial pretende entre otras cosas: suprimir la autonomía e independencia del poder judicial, es decir, hacerla a su modo, tan es así que elimina el Consejo de la Judicatura y en su lugar establece la creación de un Tribunal Disciplinario, en otras palabras, de persecución, para aquellos que no vayan en línea con los intereses de Morena. De igual forma, instaura la elección mediante voto popular de ministros, jueces y magistrados, la ciudadanía decidirá quienes son los más aptos para ostentar dichos cargos, sin que medien de por medio criterios relevantes como la carrera judicial”.

Y finalmente, que el proceso fast track que se ha privilegiado en la reforma judicial, solo vulnera el derecho a la participación ciudadana e ignora el clamor de justicia de los mexicanos.