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Edith Caballero

Un hombre de aproximadamente 40 años de edad fue localizado sin vida y con heridas de proyectil de arma de fuego en el interior de una vivienda, ubicada en la calle Emilio Pérez Rosas de la colonia Chihuahua 2000.

Se trata del segundo hecho violento del día, en el primero  fueron localizados dos hombres acribillados al interior de una camioneta Pontiac Torrens, en el cruce de las calles Portal del Bambú y Punta la Angostura en la colonia Real Plus

En el segundo caso trascendió que al parecer sujetos armados ingresaron al domicilio y perpetraron el homicidio, hecho que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal que acordonó la escena del crimen, luego de que vecinos del lugar llamaran al número de emergencias para reportar el hecho.

Agentes ministeriales procedieron a levantar la evidencia para una posterior investigación y trasladar el cuerpo al C4 para la necropsia de ley.

Con 29 votos a favor, el Congreso del Estado de Chihuahua solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Federal de Electricidad se destinen los recursos necesarios para la infraestructura y mantenimiento del abasto de energía eléctrica en Chihuahua. 

“Acción Nacional ha alzado la voz para solicitar la intervención del gobierno federal para atender lo que primero fueron apagones intermitentes y después un importante número de horas con cortes a la electricidad en diversas zonas del Estado de Chihuahua”, expuso ante el Pleno, el diputado Mario Rodríguez Saldaña.

Rodríguez Saldaña argumentó que la demanda natural para el sector agropecuario, la industria o incluso, derivado de la intensa ola de calor que se padece en este desierto, han llevado a Chihuahua a una demanda histórica de energía eléctrica, lo que se va acrecentar en los próximos meses con la temporada invernal con la demanda de calefacción. 

“De la partida proyectada para la CFE en 2024, misma que asciende a poco más de 493 mil millones de pesos, cifra relevante en el histórico, Chihuahua espera ver resueltos los problemas que han generado pérdidas en maquinaria, producción y como ejemplo, los sistemas de riego, pozos o equipo de bombeo”, explicó. 

El legislador previo a la discusión el acuerdo manifestó al resto de las y los diputados, que llamado respetuoso y oportuno para darle solución a los problemas de abastecimiento eléctrico en el año siguiente, por lo que “se considera oportuno en tiempo ajustar el destino del recurso público, para perfilarse a la real atención de las demandas ineludibles de la población”. 

Al concluir la presentación del punto de acuerdo, las y los diputados de Morena externaron que el exhorto sería votado a favor, sin antes recordar y responder sobre los puntos o iniciativas que se han presentado al respecto, además de invitar al diputado Rodríguez a conocer la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. 

La discusión subió de tono entre Leticia Ortega Máynez (Morena) y Mario Rodríguez Saldaña (PAN), quienes debatieron en tribuna cifras presentadas durante la exposición del punto de acuerdo, ocasión en la que Mario Rodríguez solicitó a la diputada guardar silencio y poner atención. 

Luego de los reclamos a los que se sumaron Jael Argüelles y Georgina Bujanda, el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, Noel Chávez Velázquez pidió regresar al punto de acuerdo que calificó de “loable”, y concluir la ronda de discusiones para proceder a la votación.

Ante la recomendación 132/2023 que emitió ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el motín y fuga que se registró en el Cereso 3 de Ciudad Juárez el pasado 1 de enero, autoridades del gobierno estatal afirman que se revisa el documento para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL). 

“Habrá que revisar a detalle esta recomendación. El Gobierno del Estado tomará las medidas para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las PPL”, comentó Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, quien recordó que a raíz de ese suceso se realizó una reforma importante al interior del gobierno estatal y pasa la administración de los penales a la SSPE. 

La CNDH informó que la recomendación se emitió tras realizar una exhaustiva investigación del motín ocurrido el 1 de enero de 2023 en el Centro de Reinserción Social número 3 (Cereso-3), que derivó en el deceso de siete Personas Privadas de la Libertad y de otras diez que se encontraban laborando, así como la evasión de personas internas y lesiones provocadas tanto a Personas Privadas de la Libertad como a personal que trabajaba en el establecimiento penitenciario.

Recordó que no solo se transfieren inmuebles, equipamiento y personal, sino también recursos financieros, ampliación presupuestal que se ha visto con equipamiento y reforzamiento de la seguridad en los penales.

El funcionario estatal aseguró que el próximo año se realizarán modificaciones presupuestales a la alza, para garantizar la seguridad al interior y para que no vuelva a suceder lo que ocurrió a principios de este año. 

Por su parte, Gilberto Loya, titular de la SSPE, informó que ha celebrado varias reuniones con la CNDH, organismo que ha realizado visitas y auditorías a los centros penitenciarios. 

“Les recuerdo que el Cereso 3 tenía una calificación de 7 de 10, es decir, era de los mejores calificados a nivel nacional y aun así pasó esto. Entramos el 30 de enero al mando de los penales y los encontramos en un grave abandono, de un periodo de 7 años aproximadamente”, comentó el funcionario. Esto, a pesar de que el gobierno actual ya tenía 15 meses en marcha. 

El jefe policiaco indicó que la recomendación de la CNDH es importante, y que recomienda cosas que las autoridades estatales comenzaron a trabajar desde el día 30 de enero pasado, como la falta de personal. 

Informó que actualmente se han graduado ya dos grupos de custodios, con lo que se integraron 70 custodios a los penales y se han incrementado las medidas de seguridad al interior de los ceresos para garantizar el orden al interior y al exterior de los mismos.

“Respetamos las declaratorias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, en los hechos ocurridos el 1 de enero, la autoridad estatal fue contundente, además de mitigar la crisis en las primeras horas y darle una respuesta a la ciudadanía, permitió la captura de todos los prófugos”, defendió el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN, Alfredo Chávez Madrid. 

El diputado local aseveró que la autoridad actuó de inmediato lo que no se vio en los últimos 11 años a cargo de los exgobernadores César Duarte Jáquez y Javier Corral Jurado, “era evidente que los ceresos estaban así en otros gobiernos; Maru Campos ha hecho cero tolerancias. No se puede permitir que los delincuentes operen desde los centros”. 

Chávez Madrid dijo que se destinan recursos para que eventos como el motín del 1 de enero, no pasen de nuevo. Sin embargo, hizo énfasis en que si bien es cierto que se deben defender los derechos humanos de quienes purgan una condena, se debe garantizar la seguridad de todos los chihuahuenses. 

El diputado albiazul consideró que es importante indemnizar a los custodios fallecidos, “no tenían muchas prestaciones laborales, hoy ya las tienen; soy un convencido que los elementos deben tener condiciones laborales que les permitan hacer con mayor tranquilidad su trabajo y tener un patrimonio para su familia”. 

Reitera CNDH violaciones graves de derechos humanos a 34 víctimas

El primero de enero del año en curso, se suscitó un motín en el Centro de Reinserción Social número 3, en cual la Fiscalía General del Estado reportó un saldo de 17 personas muertas, 10 custodios y 7 reos, así como 25 reos fugados.

Por lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en documento identificado REC_2023_132 emitió una serie de recomendaciones sobre la atención a las violaciones en derechos humanos, cometidas por la “inadecuada gobernabilidad” del Cereso. 

Entre las acciones, la Comisión Nacional pidió la inscripción de 34 víctimas en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave). 

Que se repare el daño integral a 17 víctimas, que incluya una medida de compensación en términos de la Ley General de Víctimas y se notifique a la CNDH su cumplimiento. 

Que la Ceave de seguimiento a 10 víctimas que quedaron con lesiones a causa de las heridas de bala, garantice su seguimiento médico integral incluyendo los medicamentos y atenciones, ya sea en el estado o fuera de él, sin que esto genere un gasto para la familia y lo absorba el Estado. 

Además de brindar atención psicológica y tanatológica por las violaciones en derechos humanos, misma que debe ser gratuita, inmediata, en un lugar accesible con especifidades de edad y género, a 17 de las víctimas indirectas. 

Aunado a que solicita colaborar ampliamente con las autoridades investigadoras, en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa en contra de 3 funcionarios públicos, por los hechos y omisiones durante el 01 de enero.

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