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Edith Caballero

En audiencia de juicio oral,  el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal decretó la pena de nueve años y dos meses de prisión e impuso una sanción económica de 241 Unidades de Medida en  contra Daniel C. y Manuel L., aprendidos en el municipio de Villa López.

La condena fue obtenida por el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en su Delegación en Chihuahua.

Las dos personas fueron detenidas en marzo de 2022, por elementos de la Guardia Nacional (GN) y Sedena, en el municipio de Villa López, los cuales al circular por un camino de terracería que conduce a la calle 16 de septiembre, observaron una camioneta blindada, en la que viajaban dos personas, quienes al notar la presencia de la autoridad aceleraron la marcha.

Al realizarles una revisión, los agentes les aseguraron a uno de los detenidos un fusil calibre 7.62 x 51mm con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles y una cangurera en la cual traía una pistola calibre .40 mm con un cargador abastecido con once cartuchos útiles.

Mientras que al segundo de los detenidos se le aseguró un fusil tipo AK-47 con un cargador abastecido con 28 cartuchos útiles.

Además, al inspeccionar el vehículo blindado, localizaron en su interior una pistola calibre 9mm con un cargador abastecido con siete cartuchos útiles, una bolsa con 146 cartuchos útiles calibre 7.62 x 51mm y dos cargadores para fusil 7.62 X 399.

De acuerdo con la autoridad judicial, estas personas son consideradas penalmente responsables del delito de portación de arma de fuego con agravante y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Cuando los 32 mil profesores del nivel básico que trabajan en el estado de Chihuahua regresen a sus escuelas el próximo lunes 21 de agosto, se toparán con la ausencia de los libros de texto luego que el Gobierno del Estado obtuvo un amparo contra su distribución con base a la controversia por su contenido.

El material serviría para planear los programas a desarrollar el próximo ciclo escolar 2023-2024.

Bajo esa circunstancia, la autoridad estatal dijo que editará su propio contenido y la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, llamó a los chihuahuenses a donar ediciones pasadas de los textos escolares para suplir los 4 millones 027 mil 649 ejemplares que permanecerán en bodega, indican datos de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) estatal.

Esta situación, indican representantes del magisterio, generará problemas en el desarrollo del plan escolar que recién inicia, una postura contraria a la expresada por las autoridades que argumentan que los libros no son esenciales y que se contará con material generado por la misma entidad.

El coordinador regional de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Hidalgo Martínez, expresó de forma pública que están en desacuerdo con la medida de obstruir la entrega de los libros de texto. 

Aunque los profesores cuentan con herramientas para apoyarse y realizar su trabajo, los libros de texto son un elemento primordial para llevar un buen desempeño, explicó. 

El magisterio, continuó, está en desacuerdo en comenzar el próximo ciclo escolar, que inicia el 28 de agosto, sin los textos que debe tener el personal docente para que los alumnos puedan tener un mejor aprendizaje ya que facilitan el trabajo.

La semana entrante, cuando los profesores regresen a sus escuelas, tendrán que analizar la situación para dirimir cómo se enfrentará la circunstancia y, a partir de ese día, se podrá tener un mejor posicionamiento con relación a la polémica.

Además, indicó, ya se tiene más de un año trabajando con estos libros y, aunque tengan errores, existe la fe de erratas y los textos están en condiciones de ser utilizados.

Dio a conocer que el tema será tratado con el secretario general del SNTE en Chihuahua, Eduardo Antonio Zendejas Amparán, para luego sostener un diálogo con la gobernadora para llegar a acuerdos.

Mientras se llega el día de comenzar el trabajo educativo, la postura del Gobierno del Estado es firme: los libros de texto no serán distribuidos y permanecerán en bodega, como lo advirtió el subsecretario de la SEyD en la Zona Norte, Maurilio Fuentes Estrada.

“Por lo pronto, aquí en el estado de Chihuahua no van a salir, tenemos el amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, declaró.

El funcionario argumentó que se cuenta con la protección de la justicia federal y se está respetando la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Además, dijo, se está preparando material propio y se va a seguir por esa ruta para apoyar a los 292 mil estudiantes que tiene el nivel básico en Ciudad Juárez.

Aseguró que no habrá dificultades en el proceso educativo y ya tuvo reuniones con maestros y supervisores, quienes le expresaron que no prevén conflictos.

Por el contrario, Juan Daniel Hernández Gutiérrez, presidente de la Unión de Directivos de Ciudad Juárez, organización que aglutina a 330 miembros de todo el estado, afirmó que tanto profesores como estudiantes sí tendrán problemas por esta medida.

En representación de una porción de su gremio, entregó un manifiesto a las autoridades de la SEyD para exigir la entrega de los libros y que no se viole el derecho de los niños al restringirlos.

Lo importante, continuó, es que se afecta el programa de La Nueva Escuela Mexicana y que el programa educativo actual se enfoca completamente desde una perspectiva diferente.

Se trata de corregir una situación que se registra en las aulas, ya que los niños no entienden cómo solucionar problemas porque ignoran qué operaciones hacer al omitir la aplicación del raciocinio y la reflexión, algo que ya se comienza a corregir motivándolos a pensar, analizar e investigar.

Los integrantes de la agrupación quieren seguir con lo que trabajaron todo el año pasado, cuando se hizo un esfuerzo que iba a culminar la próxima semana con la revisión de los nuevos textos y la planeación para el nuevo periodo escolar.

Antes, dijo Hernández Gutiérrez, se laboraba con materias, pero ahora con campos formativos en los que si se trabaja en el área de lenguaje están implícitas las matemáticas, al igual que en las demás.

Acerca del argumento de que los nuevos libros desdeñan las matemáticas, consideró que por el contrario, esa materia está presente, pero con otro enfoque y otra forma de abordar.

El impacto de la falta de textos será negativo y la gran mayoría de los docentes no los han visto realmente, por lo que las opiniones se basan en dimes y diretes; hasta que se entreguen físicamente se podrá generar una crítica más creíble, opinó.

Con la ausencia de los libros, los docentes trabajarán a contracorriente para tratar de evitar que el año se pierda porque no prevén suspensión de clases bajo ningún motivo.

“Se va a trabajar con los alumnos como se pueda para no afectarlos”, aseguró.

El Gobierno Municipal comenzará la entrega de kits escolares en Chihuahua capital a partir del 28 agosto, como parte del programa “Mi bolsa escolar”, que este año se otorgará a 179 planteles educativos. 

En total serán 45 mil los kits que se dispensarán a las y los estudiantes desde primero hasta sexto de primaria, entre los que se incluyen hojas de máquina, colores, lápices, pegamentos, cuadernos, mochilas, etcétera. 

Entre las escuelas beneficiadas se encuentran Kali Rosakame, Cuitlahuac, Tenoch, Revolución, Francisco Villa, Margarita Maza de Juárez, Juan Jacobo Rousseau, Emiliano Zapata, Justo Sierra, 2 de octubre, Chihuahua 2000, 20 aniversario, Sor Juana Inés de la Cruz, Artículo 123, Agustín Melgar, Escuadrón 201, entre otras. 

Si es madre, padre o responsable de familia, aquí puede consultar el listado completo con la clave del centro de trabajo correspondiente: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/CCS/Convocatorias/Resultados_del_programa__Mi_Bolsa_Escolar_Chihuahua 

La entrega de materiales es gratuita.

La vida de Rocío Domínguez sufrió un vuelco violento. Su tranquila cotidianidad, junto a su marido y sus cuatro hijos, nunca más volvió a ser la misma desde aquella tarde del 20 de octubre de 2022.

Ese día fue a recoger a su hijo de doce años a la salida del turno escolar en la escuela República de Bolivia que se encuentra en el boulevard Zaragoza, en el fraccionamiento Parajes de Oriente.

Cuando lo vió estaba muy alterado y le preguntó qué le sucedía. Él contestó que los perros del conserje de la escuela lo habían mordido.

“Me dirigí a la dirección y pregunté por la directora, la maestra Blanca Estela Cepeda Rosas, pero no se encontraba en ese momento; pedí hablar con el subdirector llamado Jorge Alejandro (no recuerdo el apellido) para que por favor me entregara una hoja llamada ‘de accidentes’, la cual es una póliza de gastos médicos que garantiza la atención de forma gratuita en caso de sufrir un accidente escolar”, recordó.

El subdirector no le entregó el formato y le dijo que los perros no eran de él, que estaban en el interior del plantel porque se brincan, y que desconocía quién era el propietario.

Contrariada, salió de la escuela para encontrarse con su esposo, quien ya enterado de lo sucedido, solicitó al 911 una patrulla para ser auxiliados.

“Entré nuevamente a la escuela en lo que llegaba la patrulla para pedir el documento otra vez y el subdirector me lo volvió a negar, pero después de un rato me dijo que sí me lo daría”, detalló.

Comienza el calvario

Cuando llega la patrulla con dos mujeres policías municipales, Rocío las pone al tanto, al mismo tiempo que era insultada por los maestros del plantel.

En ese instante llega la directora del colegio y le indica que le dará la hoja, solo que primero le permita hablar con las oficiales. Rocío ignora en qué consitió la charla, pero asegura que la directora ya no le entregó la ‘hoja de accidentes’. Entonces comenzó el enfrentamiento con los elementos de seguridad.

Así lo relata: “Una de las oficiales me grita ´¡vete!´. Le respondí que solamente deseaba la hoja, me aventó y me volvió a gritar ´¡la quieres extorsionar!´. Le respondí que no quería dinero, solo ‘el papel’. Se acerca la otra policía y a empujones e insultos me sacaron del plantel”.

Narra que cuando estaba fuera del colegio, siento un fuerte golpe en el riñón derecho y en el brazo un ‘piquete’ que le dieron con una navaja.

Asegura que el instito la llevó a pelear con una de las oficiales. Como cerca del lugar había un retén con más policías, llegaron más agentes y la golpearon entre seis.

Dice que su esposo no pudo intervenir porque estaba cuidando a sus hijos, pero vio con impotencia cómo a su esposa le colocaban en las muñecas una especie de ganchos (en sustitución de las esposas), al mismo tiempo que era agredida a golpes.

Después la subieron a la patrulla. Agrega que ahí siguió la golpiza.

Aproximadamente a las ocho de la noche arribó otra unidad de seguridad en respuesta al auxilio que estaba pidiendo su esposo desde una tienda Del Río que se encuentra muy cerca del plantel.

Se le aproximó un elemento y le preguntó qué le había sucedido. Ella narró todo lo que pasó y le mostró su cara y brazos golpeados; solo recibió como respuesta un “yo no me la llevo” y el agente se retiró del lugar.

Amedrentada por las policías

“Al poco tiempo, las oficiales salieron de la escuela y me dijeron que de parte de la directora, que si iba a tomar alguna represalia en contra de ella, que mejor lo pensara, porque sabe dónde vivo, que mejor pensara en mi familia”, recuerda.

Afirma que luego de “pasearla” un buen rato la llevaron al ‘distrito’ (Distrito Zona Norte, ubicado en el Eje Vial Juan Gabriel).

Ahí la encerraron en un pequeño cuarto y la estuvieron amenazando verbalmente, diciéndole que, para “quemarla”, la iban a subir a las redes sociales.

Hasta entonces la vio una médica legista y fue cuando se dio cuenta que estaba ‘picada’ en el brazo.

Nunca le leyeron sus derechos

“Me dijeron que la versión de los hechos que les narré no contaba porque yo estaba ahí en calidad de detenida; la doctora solo tomó en cuenta el navajazo, las lesiones de mi ojo, la marca que me dejaron y los ganchos con los que me sujetaron las manos”, contó.

Después de que le cosieron las heridas, la sacaron del “distrito” y otra vez la “pasearon” por varias calles de la ciudad. Todo el tiempo la amenazaron de que iba a ir directamente al Cereso. Nunca le leyeron sus derechos.

Rocío es oriunda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Dice que jamás había sido detenida, ni en Atizapán ni en Ciudad Juárez. Esta fue la primera vez en su vida.  

“Antes de entrar a la Fiscalía, me volvieron a amenazar diciéndome que ‘ahorita que vayas al Cereso le vamos a decir a unas que están ahí que te rompan toda tu pinche madre’. Ya estaba muy asustada”, indicó.

Recuerda que cuando llegó a Fiscalía, el agente del Ministerio Público no le ni siquiera ante qué autoridad se encontraba. Únicamente le preguntó qué había sucedido. Después de haber recibido tantos golpes, respondió que no diría nada más.

En total, asegura haber estado detenida durante 48 horas.

Norte Digital informó del caso a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y solicitó, vía el vocero, Adrian Sánchez, una postura sobre la denuncia expuesta por Rocío.

“La Secretaría siempre está en coordinación con la autoridad investigadora para coadyuvar a esclarecer cualquier investigación, para que se pueda llegar a la verdad  jurídica de cualquier caso en donde estén involucrados funcionarios de esta Secretaría”, señaló en un texto de respuesta.

Al mes demandó a los elementos policiacos

“El 10 de noviembre demandé a los policías que me agredieron, fueron seis, las dos que me detuvieron son de la Municipal y los otros cuatro, hombres todos ellos, de Vialidad”, detalla Rocío.

Cuando habló con la abogada que llevaba su carpeta, esta persona le comentó que sí le habían leído sus derechos. Nuevamente lo negó. La abogada le colgó el teléfono. Al poco tiempo le hablaron a su esposo y le comentaron que la visitarían al día siguiente.

“Llegaron unos agentes y el coordinador de Ministerios Públicos a ofrecerme disculpas por lo que me había sucedido y la reparación de los daños. Les comenté que yo no quería eso, quiero justicia y que los policías paguen con cárcel, pero no los quieren encerrar, de hecho, me dijeron que ya los debieron de haber presentado con un juez de Control y no lo quieren hacer hasta que no se termine la investigación”, lamenta.

Casi ha transcurrido un año desde que vivió la pesadilla y no sabe qué ha pasado con los elementos que la violentaron.

Señala que a media noche, patrullas pasan por su casas con las luces apagadas, deteniéndose por instantes frente a su puerta y luego se retiran.

Tanto es su miedo, que tiene grabaciones de lo pasa frente a su casa. Ha presentado las pruebas en Fiscalía para solicitar que le asignen seguridad, pero han hecho caso omiso.

Ella y su familia viven su vida con temor, angustia y zozobra.

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