Edith Caballero

Ulises Lara se lanzó contra la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, acusando diversas ilegalidades en su intento por detener al exgobernador

Ulises Lara, encargado de Despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, acusó que la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua actuó de manera irregular en sus intenciones por detener a Javier Corral.

Esto durante un mensaje dirigido a medios de comunicación, en donde el funcionario señaló que dicha dependencia no forma parte del acuerdo de colaboración entre diversas instituciones que fue firmado en el año 2012.

Además, Ulises Lara añadió que elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua llevaron a cabo trabajos de inteligencia en la Ciudad de México (CDMX), sin contar con la autorización requerida.

Con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, indicó que dicha dependencia no se encuentra dentro de los acuerdos de colaboración.

Estos, firmados en el año 2012 por la entonces Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de cada entidad federativa.

De esta manera, y de forma inmediata, sus acciones fueron consideradas como ilegales en territorio de la CDMX.

Añadió que la Fiscalía chihuahuense incumplió con los plazos establecidos para poder llevar a cabo acciones en otro estado, toda vez que debió notificar al menos 7 días antes de que ejecutara la orden de aprehensión contra el exgobernador.

Además, debió esperar la respuesta correspondiente por parte de las autoridades capitalinas para poder actuar, la cual en caso de ser negativa dejaba sin efecto el requerimiento como en este caso.

Y es que Ulises Lara señaló que las indagatorias permitieron conocer que dos días antes de enviar la notificación a la Fiscalía de CDMX, agentes de inteligencia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ya se encontraban laborando en la capital del país.

Esto, pues se presume realizaron seguimientos al ex panista Javier Corral, quien se encontraba de visita en la CDMX, sin que contaran con una aprobación de las autoridades capitalinas.

Tras acusar actos irregulares por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, Ulises Lara señaló que se hará la solicitud para que todo el material que existe de este caso sea integrado a una carpeta de investigación.

Al respecto, adelantó que la Fiscalía de CDMX presentará una denuncia ante la FGR, contra quienes resulten responsables por actuar de manera “ilegal” en el intento de detención de Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua.

Y es que el fiscal capitalino acusó que el intento de detención de Javier Corral fue por fines políticos, y no por fines netamente jurídicos.

Esto, pues dicha acción se llevó a cabo un día antes de que la presidenta electa de México recibiera su constancia de mayoría, de quien el exmandatario es afín.

La Fiscalía Anticorrupción del Estado emprendió sendas acciones penales contra el exgobernador Javier Corral Jurado y el exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, debido a los pagos presuntamente indebidos por una suma total de 98 millones de pesos a la empresa López-Elías Finanzas Públicas por servicios de asesoría para la reestructuración de su deuda pública.

Ese supuesto desfalco, según las declaraciones públicas tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de la Auditoría Superior del Estado (ASE), surgió de las revisiones a las cuentas públicas del Gobierno de Javier Corral, correspondientes a los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en los informes de Cuenta Pública emitidos y publicados por la ASE, correspondientes a esos años, no se encuentra ni una sola mención a los pagos realizados a López-Elías Finanzas Públicas, ni a la reestructuración de la deuda.

Según lo ha informado el fiscal Anticorrupción, tanto Corral como Arturo F.V. autorizaron “indebidamente” el pago de los 98.6 millones en dos exhibiciones de a 49.3 mdp cada una. La primera se habría realizado en el año 2019 y la segunda, en el 2020.

No obstante, ni en el Informe de Cuenta Pública 2020, que abarcaría la revisión al gasto público del 2019, ni en la del 2021, que da cuenta de lo hecho en el 2020, existe recomendación, observación, solicitud de aclaración, informes de presunta responsabilidad o denuncias de hechos relacionados a la operación de la reestructura de la deuda.

En la revisión del 2021, se incluye una Denuncia de Hechos por el hecho de que la Secretaría de Hacienda no transfirió al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense un importe de 107 millones, 389 mil ,518 pesos. por concepto de recursos recaudados en el ejercicio fiscal 2021 por concepto de 10 por ciento de Contribución Extraordinaria del ISN.

Pero no aparecen los pagos a la firma asesora contratada para la reestructura de la deuda, presuntamente irregulares, que dieron motivo a una denuncia de hechos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que luego derivó en sendas órdenes de aprehensión contra Javier Corral y Arturo F.V.

Para el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín, existen una serie de actos constitutivos de delito, como el hecho de que haber realizado ese gasto sin tener suficiencia presupuestal, ni estar contemplado en el Presupuesto de Egresos de los años 2019 y 2020.

Sin embargo, en las cuentas de esos años, la ASE no hizo esos señalamientos. Tampoco en la del 2021, último año de la gestión de Javier Corral.

En Sinaloa han sido registrados diversos homicidios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa, específicamente a la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.

Ante este escenario el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, confirmó que hay por lo menos una decena de personas muertas ligadas a la captura del Mayo.

Durante la conferencia “Semanera” del lunes 19 de agosto el mandatario fue cuestionado acerca de los homicidios reportados en Sinaloa durante el pasado fin de semana, pues cabe recordar que desde el sábado surgieron reportes sobre la muerte de Martín García Corrales, alias El Tano, mientras que días antes también fue hallado el cuerpo de Juan Carlos G, alias El Vampi, ambos ligados a El Mayo Zambada.

Sin embargo, Rocha Moya señala que un par de muertes son diferentes a las 10 registradas por las autoridades y además argumentó que el seguimiento de los asesinatos ligados a los grupos del narcotráfico lo hace personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Con relación a este tema de los asesinatos que se dieron la semana pasada, ayer [domingo] hubo dos y el sábado hubo seis y el viernes cuatro. Estos seis y estos cuatro sí tienen que ver con relaciones de las organizaciones del crimen organizado. Se detectan, nosotros los estudiamos y los vinculas al momento, al entorno que se está dando después de lo ocurrido el 25 de julio, cuando ocurrió la captura de dos personajes de las organizaciones delincuenciales”, dijo Rocha Moya.

La Subdirección de Gobernación, informa que del 12 al 18 de agosto se realizaron 267 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en 22 actas administrativas y un total de siete clausuras, principalmente por la falta de documentación diversa.

Los establecimientos clausurados en el momento fueron los siguientes:

– Licorería “Garay Fuentes Mares”, por falta de diversos documentos y permisos.

– Restaurante- Bar “La Propuesta”, por detección de persona en exceso de ebriedad.

– Establecimiento “Oxxo”, por falta de diversa documentación.

– Restaurante bar “C 19” por persona sin identificación.

– Establecimiento taller mecánico “Formula” por violación de giro.

– Salón de fiesta “Ay ay ay”, por riña.

– Restaurante bar “Amigo Bardo” por sobre aforo, fuera de horario y extracción de bebidas alcohólicas.

Cabe señalar que, se intervino con operativo de célula BOI enfocado en prevención de tráfico de drogas, los cuales continuarán para dar seguridad a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal continúa con la supervisión de la operación de negocios y establecimientos de distintos giros en la capital, para asegurar que operen de manera adecuada y promover el sano desarrollo de las actividades comerciales en beneficio de los consumidores.