Edith Caballero

Con 17 votos a favor y 11 contra fue aprobado este martes un exhorto al Congreso de la Unión para que no apruebe la iniciativa de reforma a la Ley Minera propuesta por el Presidente de la República.

el exhorto fue presentado por el diputado del PRI, Édgar José Piñón Domínguez, quien dijo que la iniciativa propuesta por Andrés Manuel López elimina el concepto de terreno libre y primer solicitante; las concesiones mineras se otorgarán mediante concurso (licitación pública), mismas que no podrán ser otorgadas en garantía y en un despropósito total el otorgamiento de concesiones se realizará por una sola sustancia.

El congresista señaló que esta nueva ley inhibirá la inversión en este sector primario y pone en riesgo la calidad de vida de más de 700 comunidades que se ubican en 212 municipios del país.

Asimismo, señaló que en materia de recaudación se dejarían de percibir más de 70 millones de pesos, aportaciones fiscales anuales por ISR y pago de derechos especiales, que sumado serían 9 mil millones de dólares en los próximos años.

Este posicionamiento ocasionó un enfrentamiento entre diputados de Morena e integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional y PRI, que por más de dos horas tocando temas como el tren maya y la situación ecológica que genera, esto luego de que integrantes de la fracción guinda pusieran en la palestra la ecología en las áreas mineras.

Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clumin, se reunió con proveedores, representantes del gobierno estatal y diputados para buscar entablar un diálogo con los legisladores que conforman el Congreso de la Unión, a fin de darles a conocer las afectaciones que traerá consigo la Reforma a la Ley Minera, presentada en días pasados.

En esta reunión se expusieron los daños y pérdidas que causaría esta nueva reforma en el estado de Chihuahua, tales como: el cierre inminente de compañías mineras, empresas proveedoras, restaurantes, hoteles, abarrotes y demás actividad circundante a las unidades mineras.

“Nos reunimos para conocer parte de esta iniciativa, y cómo afecta el futuro de las inversiones mineras en el estado y de México. Tenemos el respaldo de la gobernadora y de los diputados, a quienes les dimos a conocer la reforma”, dijo Pablo Méndez.

Dentro de las consecuencias de esta iniciativa se encuentran la disminución de los niveles de bienestar en la región centro–sur del estado y el deterioro de infraestructura como: caminos vecinales, puentes, energía eléctrica, etcétera.

Aída Valles, directora de Minería de Gobierno del Estado de Chihuahua, refirió que existe una preocupación en el gremio, ya que el contenido de esta ley establece causales de cancelación de concesiones, e incluso delitos mineros que afectan gravemente el sector.

“En México más del 60 por ciento de la inversión del sector minero proviene de empresas mexicanas, por lo que esta reforma afectaría de igual forma a las familias que viven de eso, puesto que se generan fuentes de empleo, becas, se establecen hospitales y centros médicos. Por ello buscamos ser escuchados por el Congreso de la Unión”, expresó Aída.

Ante esto, la diputada federal, Laura Contreras, señaló que Chihuahua es un estado minero y que muchas de sus comunidades dependen completamente de este sector por lo que esta ley implicaría que las inversiones huyan.

“Hay proyectos muy importantes que están en puerta, una derrama económica para los pueblos, para las comunidades, para muchas familias que su única forma de subsistir es la minería. El presidente pretende terminar con la minería en nuestro país y no lo debemos permitir porque además, esta iniciativa muestra un desconocimiento completo del tema”, dijo la diputada federal.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó al Congreso del Estado un diagnóstico y un plan de trabajo para llevar a cabo acciones contra el combate a la inseguridad.

La presentación por mandos de la Sedena ante los presidentes del Poder Legislativo y Judicial solicitaron también que se reforme la ley para bajar la edad mínima en algunos delitos.

Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso estatal, recalcó que el plan que se presentó busca que se logre la colaboración de este órgano legislativo en la formulación de algunas leyes.

Por lo que las fuerzas castrenses, dijo, entregaron un documento que fue remitido a la Junta de Coordinación Política.

Este plan consta de acciones que se pretenden llevar a cabo por parte de la V Zona militar, en materia de seguridad.

“Nos presentaron un diagnóstico de inteligencia muy preciso, los datos son alarmantes en cuestión de migración. De cómo se han coludido algunos civiles, e incluso algunos Uber”, dijo la congresista.

Quien añadió que para algunos civiles ven un negocio muy remunerante en el caso de los migrantes que pretenden ingresar a Estados Unidos, sobre todo en los municipios que colindan con el vecino país.

Dentro de la propuesta presentada, dijo que están algunas modificaciones a la ley, para lo que se aprovechará que se trabaja actualmente en la reforma constitucional.

Sin embargo, en el tema de la disminución de la edad y otras modificaciones solicitadas por los mandos castrenses, Adriana Terrazas dijo que serán los mismos grupos parlamentarios quienes deberán de analizar los temas, los cuales deben de ser tratados por los tres niveles de gobierno.

Lo anterior, debido a que en la frontera se vive una situación grave sobre todo con el tema de migración, mientras que en el resto del estado se han elevado los homicidios dolosos.

La diputada morenista mencionó que también se abordaron problemáticas como las drogas, donde les explicaron la forma en la que se comercializa, que se cuenta con datos sobre algunos delincuentes de alta peligrosidad, pero que no existe una evidencia o una orden de aprehensión para ser detenidos.

En el estado de Chihuahua 3 de 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir, esto según las cifras del censo del Inegi en el 2020.

Lo anterior representa que a nivel estatal, Chihuahua tiene el 2,6% de analfabetismo del país, donde el mayor porcentaje de este grupo de la población se encuentra entre los 50 años y más con 8.4 por ciento.

De acuerdo con la estadística proporcionada por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa del Sistema Educativo de Chihuahua, se atendió durante el ciclo escolar 2020-2021, en la modalidad escolarizada, un total de 1 millón 120 mil 026 estudiantes, cifra que comprende a los alumnos que cursan desde la educación inicial hasta la capacitación para el trabajo.

Datos del Inegi muestran que es durante la educación media superior cuando existe más deserción escolar por parte de los alumnos, dado que el 64% se retira antes de culminar la secundaria.

De cada 40 alumnos que ingresan a una licenciatura, solo 26 logran concluirla.

Cabe destacar que el estado de Chihuahua presenta una eficiencia del sistema educativo escolarizado nacional de un 24%, de acuerdo al documento “Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2021-2022” que publicó la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa.

De cada 100 personas de 15 años y más, 3 no tienen ningún grado de escolaridad, 51 tienen la educación básica terminada, 24 finalizaron la educación media superior y 22 concluyeron la educación superior.

El Programa Sectorial de Educación a través de su Programa de Mediano Plazo 2022-2027, dio a conocer que en Chihuahua el grado promedio de escolaridad es de 10.0 de la población de 15 años y más, que equivale a primer año de Educación Media Superior.

A nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.7 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) de Gobierno Federal, menciona que el analfabetismo tiene sus raíces más hondas en el atraso económico que impera en regiones rurales, donde el régimen de tenencia de tierra acusa mayor atraso, y la población campesina está sujeta a relaciones semifeudales de producción.

La educación como derecho fundamental de las personas, permite su pleno desarrollo en los ámbitos social y económico.

Y para que sea considerada de calidad es necesario que los alumnos asistan de manera regular a la escuela, que permanezcan en ella hasta concluir la escolaridad obligatoria y que logren aprendizajes relevantes para la vida, establece el INEA.