Edith Caballero

Una bodega en desuso fue consumida por el fuego la mañana de este miércoles en la colonia Nombres de Dios.

Personal de bomberos llegó al lugar del incidente, ubicado en el cruce de la avenida de las Industrias y Nombre de Dios, para sofocar el fuego.

Elementos de la Policía Municipal indicaron que indigentes que duermen en el lugar le habrían prendido fuego, sin que hubiera personas lesionadas.

El H. Cuerpo de Bomberos se encargó de sofocar el fuego y constató que no había daños en las fincas aledañas.

Una beba de dos meses de nacida y un niño de un año, hijos de jornaleros agrícolas de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, fueron trasladados al Hospital General de la ciudad de Los Mochis, por problemas respiratorios, desnutrición y gastroenteritis, con estos suman 29 niños hospitalizados con los mismos padecimientos.

En un lapso de casi un mes, en la revisión de las cuarterías donde son alojados en forma temporal las familias de los asalariados del campo, en su mayoría indígenas Tarahumaras, un total de 29 niños, todos menores de tres años, de ambos sexos, han tenido que ser hospitalizados por problemas pulmonares y desnutrición.

La directora de Salud municipal de Guasave, Andrea Leticia Espinoza explicó que entre los días lunes y martes de esta semana, se documentó una nueva muerte de una hija de dos años de una familia de trabajadores del campo originarios de Chihuahua y se atendieron a 44 niños con problemas de salud, dos de ellos requirieron hospitalización.

Subrayó que entre la población infantil que viven en pequeños caseríos de láminas de cartón insalubres, se han detectado casos de infecciones respiratorias, gastroenteritis y conjuntivitis y entre los adultos diabetes.

En el caso de los dos nuevos infantes que requirieron ser trasladados al Hospital General de los Mochis, donde en marzo pasado ya los habían atendido de los mismos padecimientos, se encontró que en la recién nacida, esta presentaba dificultades para respirar y el niño de un año, presentó infección en las vías respiratorias bajas.

Martín Ahumada Quintero, presidente municipal de Guasave dijo que se llegó a un acuerdo con los propietarios de las cuarterías y con los concesionarios del transporte del campo, para auxiliar a las familias de los jornaleros a ser reubicados al albergue que se rehabilitó desde hace una semana para que vivan en mejores condiciones.

Indicó que los concesionarios del transporte aceptaron modificar sus rutas de traslados a los campos de cultivo, a fin de que los autobuses lleguen a donde se ubica el albergue, para que los trabajadores ahí los tomen y sean regresados.

También, comentó que solicitó al secretario de Salud del Estado el envió de una nueva brigada de médicos pediatras y especialistas en atención a madres embarazadas para que se realicen nuevas evaluaciones, ante los nuevos casos de cuadros de neumonía que se han presentado en infantes.

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Sur a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), realizaron un operativo de búsqueda y rastreo en el municipio de Jiménez, como parte de los trabajos permanentes para la localización de personas desaparecidas.

La actividad constituyó el seguimiento y ubicación de indicios para fortalecer las indagatorias registradas en dicha región, donde se trabajó en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

La intervención se desarrolló durante la mañana de ayer en la comunidad de Escalón y ranchos circunvecinos donde colaboraron policías investigadores y de la Comisión Local de Búsqueda, agentes del Ministerio Público; personal de la Unidad de Servicios Periciales, familiares y activistas.

Durante las acciones se recorrió de manera pedestre a campo abierto y se inspeccionó en un pozo de 20 metros de profundidad. Además, se difundieron y pegaron pesquisas con los datos de personas desaparecidas en diferentes sitios públicos y de interés del municipio de Jiménez.

Dos semanas después del incendio que costó la vida a 40 migrantes en Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedió penalmente y solicitó órdenes de aprehensión contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM); Antonio Molina Díaz, director general de Control y Verificación Migratoria, y el contraalmirante Salvador González Guerrero, comisionado del INM en Chihuahua, por los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones.

De acuerdo con la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes.

También procedió penalmente contra Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, quienes se encuentran vinculados con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y el propio INM, la Fiscalía señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.

Además, omitieron el cumplimiento de la obligación de capacitación, control y supervisión del personal, y quedó en evidencia que Camsa se abstuvo de registrar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después del siniestro.

“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia.

“La investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos… se continuará informando lo que legalmente proceda”, detalló la dependencia.

La FGR remarcó que los delitos fueron investigados, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de cinco personas; tres de las cuales son servidores públicos del INM; una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y un individuo que inició el fuego (migrante), todas ellas ya están en prisión.

Indicó que, con las pruebas obtenidas logró continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como por parte de Camsa.

La Fiscalía subrayó que el INM, por ser un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional, se investigaron dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado, y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada.

En la investigación de antecedentes, se encontró que el 31 de marzo de 2020, en el centro migratorio de Tenosique, Tabasco, ocurrió un caso semejante, con un muerto y 14 lesionados.

Esto generó una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.

La FGR refirió que los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de los últimos años vuelven a señalar las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos hechos.

Sólo tuvo dos apariciones

Francisco Garduño estuvo ayer en la mañana en Ciudad Juárez, donde encabezó el acto de repatriación de los cuerpos de 23 de los migrantes fallecidos.

Previo a eso, el 28 de marzo, un día después del incendio, el INM difundió en redes sociales fotografías de Garduño en los hospitales donde se atendían a los migrantes heridos.

En todo este tiempo no dio declaraciones sobre lo sucedido en las instalaciones a su cargo.

De 2018 a la fecha, el INM ha venido sumando observaciones por debilidades en el gasto de los recursos que derivaron en ineficientes servicios de seguridad, infraestructura de baja calidad, falta de mantenimiento y personal inexperto y mal capacitado, e incluso, probables desvíos de recursos.