Edith Caballero

En la ciudad de los Mochis, elementos del Ejército resguardan la casa funeraria en donde fue trasladado el cuerpo de un persona asesinada de siete disparos en la zona serrana de Choix, el cual se presume, es el homicida de los sacerdotes jesuitas, en el estado de Chihuahua, de nombre José Noriel Portillo “El Chueco”.

La familia de esta persona, localizada muerta el pasado fin de semana, en las cercanías de la comunidad de Picachos, en los límites con el estado de Sonora, al reclamar su cuerpo, lo identificaron con dicho nombre, por lo que peritos forenses, de Chihuahua y Sinaloa, le practican estudios genéticos para confirmar su identidad.

En la casa funeraria Moreh, ubicada por la avenida Independencia de la ciudad de los Mochis, se observan elementos del Ejército que patrullan la zona, como medida de seguridad para evitar una posible extracción del cuerpo de esta persona.

Según la información que se conoce, la tarde del pasado 20 de junio del 2022, en la comunidad de Cerocahui, Tarahumara, en el estado de Chihuahua, “El Chueco”, asesinó a los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquin Mora, al intentar defender a un guía de turista que era perseguido de nombre Eliodoro Palma, el cual resultó muerto.

Según las investigaciones abiertas, se identificó al presunto homicida como José Noriel Portillo “El Chueco”, sobre el que existen varias órdenes de aprehensión, por lo que practicarán estudios forenses para certificar la identidad de la persona que fue asesinada hace cuatro días en la zona serranas del municipio de Choix.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que encontraron el cuerpo de una persona “ejecutada” en Choix, Sinaloa, que podría ser el de José Noriel Portillo “El Chueco”, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua.

“Todavía no está confirmado, se está haciendo un análisis a cargo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señaló.

En conferencia de prensa, López Obrador dijo que se encontró una persona en Choix Sinaloa y se están haciendo estudios para poder informar si se trata del delincuente que le quitó la vida a los sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua.

“Se está haciendo el análisis para no cometer ningún error, parece que fue una ejecución”, dijo el Presidente.

Hugo Amed Schultz, el exalcalde preso por el caso del asesinato de Miroslava Breach, acusó en entrevista con el portal Los Ángeles Press al exgobernador Javier Corral y al exfiscal César Augusto Peniche, de haber fabricado sus declaraciones para vincularlo con el grupo criminal de los Salazar.

A seis años del crimen de la periodista, en un reportaje de Guadalupe Lizárraga se publica una entrevista con Shultz realizada en prisión, así como copias de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación 19-2017-8019 para enfatizar que en el caso hubo fabricación de culpables.

El medio destaca que un encuentro en Palacio de Gobierno al que Shultz fue citado para platicar, sirvió para convertirlo, bajo presión y sin su consentimiento (en una primera etapa de la investigación) en testigo de identidad reservada.

“Me insistían en que hiciera señalamientos de esa familia, los Salazar. Rangel escribía en la computadora, mientras me preguntaba y yo iba leyendo en la pantalla, que apenas alcanzaba a ver, porque uso lentes para leer”, cuenta Schultz, respecto al día en que fue citado por el gobernador Corral a su despacho en Palacio de Gobierno, para sostener una plática que luego se convertiría en declaración ministerial.

Erick Alejandro Rangel Ríos, era el ministerio público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio y encargado de la carpeta de investigación del asesinato de Miroslava Breach.

En la recreación de Lizárraga con base en el relato de Schultz, aquel sábado 27 de mayo, el entonces alcalde llegó a la oficina del gobernador Corral a las 6 de la tarde. Al mandatario lo acompañaban además de Peniche y Rangel, el entonces titular de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, así como el coordinador de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Narcomenudeo, José Roberto Frías Aguayo.

“Rangel Ríos, al tiempo que tecleaba, preguntaba a Schultz: “¿Así, profe?”. Y Schultz se defendía, “no, yo no estoy diciendo eso. Quíteselo, por favor”. Rangel Ríos volvía a leer rápido en la pantalla las respuestas que daba el entrevistado, y preguntaba de nuevo “¿Esto sí, profe?”, detalla el reportaje de Los Ángeles Press.

“Schultz reitera a esta periodista que fueron muy insistentes en poner el apellido Salazar en sus declaraciones, como él en negarlo. Insistente también, Corral en ofrecerle cervezas cuando subía la tensión entre ellos”, escribió Lizárraga.

Previamente, Schultz había recibido una llamada de Corral, a dos meses del homicidio de la periodista, para que acudiera a Palacio de Gobierno a platicar y “a echarse un refresquito”.

“Llego a la oficina y me los presentan a cada uno. El gobernador estaba tomando una cerveza y me ofreció una, y me dijo: Oiga profe, lo cité aquí porque lo vamos a entrevistar para evitar la presión mediática, porque lo queremos proteger”, habría señalado el gobernador y luego le explicaría que se trataba del caso Miroslava.

“Tenían una computadora lista en la oficina, y Javier Corral –caminando hacia la mesa donde estaba instalada– le habla a Schultz:

–Venga, profe, aquí le vamos a echar la mano.

Y me empiezan a hacer preguntas, presionándome a que yo dijera el nombre de Los Salazar”, se narra en la publicación.

El relato señala que Shultz reiteradamente tuvo que decir a Corral, Peniche y Jiménez Holguín “pero yo, de ellos, no sé nada”.

“Pero yo estaba muy cansado y estresado, y no sabía nada de lo que ellos me preguntaban. Corral y Peniche tergiversaban lo que yo decía, y cuando les corregía volvían a preguntarme lo mismo. Fueron seis horas de mucha presión, hasta las 12 de la noche estuvieron con preguntas, y escribiendo y borrando, y volviendo a escribir”, contó Schultz al medio.

Dijo que en la sala de junta había una impresora donde finalmente imprimieron el documento que le dieron a firmar sin que tuviera oportunidad de leer, siempre en presencia de Corral y Peniche.

“Y ya que lo firmé, me despedí de todos. Yo estaba muy nervioso, pero yo no iba a desconfiar del gobernador, porque además yo no tenía nada que temer”, explica, “pero ya después, leí cosas que pusieron ellos y que yo no había dicho”, publicó Los Ángeles Press.

Lizárraga especificó que la entrevista en la cárcel a Hugo Schultz duró un par de horas, bajo la presencia de su abogado particular, Manuel Norberto Cortez Vázquez.

Cortez le dijo a la periodista que aquella declaración de su cliente no puede tener valor jurídico, porque no tenía calidad de imputado cuando fue citado a la oficina del gobernador, no estaba su abogado, ni se le podía coaccionar a declarar contra sí mismo o contra otras personas.

“Sin embargo, en el tomo IV de la carpeta de investigación mencionada, bajo la rúbrica del agente del Ministerio Público José Roberto Frías Aguayo, se encuentra esta declaración de Hugo Amed Schultz en tres páginas y, al final, en una cuarta, aparece solo la leyenda: Constancia: En la misma hora y fecha se hace constar que por separado se recabaron los datos de identidad del testigo, los cuales se guardan en sobre cerrado y lacrado”. Concluye con la firma de Frías Aguayo”, destaca el reportaje.

Agrega que en esa misma declaración, se especifica que se llevó a cabo a las 15:30 horas del 27 de mayo de 2017, y que se trata del testigo de identidad reservada con la clave “Boby”, a quien se le tomó protesta para que se condujera con la verdad en los términos del artículo 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Esas hojas impresas llevan la firma y huella de Hugo Amed Schultz Alcaraz, pero no le tomaron la protesta, no le leyeron sus derechos, ni fue a esa hora cuando se reunió con ellos en la oficina del gobernador”, detalla el medio.

“La Fiscalía General del Estado de Chihuahua fabricó su testimonio con alteraciones como una declaración ministerial en calidad de testigo de identidad reservada con la clave de Boby”, señala la publicación.

Los Ángeles Press destaca que el fiscal Peniche y el gobernador Corral dijeron que la declaración la había hecho Schultz en la Fiscalía, lo que fue negado por Schultz.

“Jamás fui a la Fiscalía, no existe una prueba de que yo estuve ahí, un video que me haya grabado, jamás se me mandó un citatorio para que yo hiciera una declaración. Es la primera vez que doy mi versión”, señaló el preso en el penal de Aquiles Serdán

En el recuento se informa que dieciséis días después, el 12 de junio de 2017, la Procuraduría General de la República, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, en colaboración con la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017 incorporó la información de Hugo Amed Schultz como “persona de interés” dentro del grupo nominado Los Salazar.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no dará por confirmada la identidad del cadáver encontrado en Sinaloa que presuntamente corresponde a José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, sino hasta que se cuenten con las pruebas de ADN y todas las evidencias científicas necesarias para ese efecto.

César Jáuregui Moreno, titular de la FGE, informó en conferencia de prensa que en las próximas horas, el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones, Arturo Zuany Portillo, llegará procedente de Sinaloa, donde estableció contacto con las autoridades de esa entidad para corroborar los datos referentes al prófugo presuntamente abatido.

Mencionó que, de acuerdo con información que ya le proporcionó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el cadáver se encontraba en un camino rural, con un disparo en la cabeza. Alrededor de él, había 16 cartuchos percutidos de arma de alto poder.

El hallazgo tuvo lugar el 17 de marzo, pero se estima que estaría ahí desde un día antes.

En conferencia de prensa, Jáuregui Moreno fue enfático al señalar que la FGE de Chihuahua confirmará que corresponde a Noriel Portillo hasta contar con evidencias científicas que permitan estar 100 por ciento seguros.

El mismo presidente de la República, agregó, ha dado la indicación de que no se darán por hecho los datos sino hasta que terminen los procedimientos de confirmación.

Se recuperó la calma en Urique

Tras los hechos ocurridos en el poblado de Cerocahui, municipio de Urique, el Gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Sedena y la GN, emprendieron un operativo de búsqueda del presunto responsable, a quien ya identificaban como uno de los causantes de la violencia en esa región de la sierra de Chihuahua.

El prófugo era señalado como el homicida de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, quienes fueron asesinados a tiros dentro de una iglesia, donde resguardaban al guía turístico Pedro Palma el 21 de junio de 2022.

“La gobernadora fue muy precisa cuando dijo que capturado o abatido, la orden del Gobierno del Estado debería de continuar”, señaló el fiscal, en referencia al cumplimiento del objetivo de aquella operación, de restablecer la paz en aquella región.

Desde el inicio de las operaciones y hasta este día, se habían capturado a 34 personas presuntamente vinculadas a la banda de “El Chueco”, además de que se hicieron decomisos de armas y desmantelamientos de campamentos, agregó.

Asimismo, se dio continuidad a las medidas cautelares que solicitó la Compañía de Jesús para proteger a sus integrantes y a toda la población donde tienen influencia.

Por lo tanto, la operación permanecerá aún cuando se confirme que “El Chueco” ha sido abatido, porque se trata de establecer la paz y que nunca más Urique vuelva a tener una influencia como la de este criminal, concluyó.

A dos semanas de que ventanas del Palacio de Gobierno fueran incendiadas y la infraestructura del edificio fuera afectada por la marcha del 8 de marzo, aún no se tiene el monto de los daños a este edificio.

El subsecretario de Gobernación, Óscar González Luna, señaló que aún no se tiene un monto, pero este miércoles se llevó a cabo una inspección de las instalaciones para buscar la forma de establecer un protocolo para el resguardo de la sede donde despacha la gobernadora.

Por tal motivo, dijo se llevó a cabo una revisión tanto de forma interna como externa para conocer los daños y la forma en la que se debe de evitar. Estuvo a cargo de personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En materia de daños aún no se especifica el monto, dado que en la Secretaría de Hacienda tampoco existe un análisis de esto.

Sin embargo, el funcionario especificó que se cuenta con una póliza cubre todos los edificios del gobierno estatal. En caso de que los daños fueran superiores a la cifra de 15 millones, se tendría que pagar un deducible.

Al respecto José de Jesús Granillo Vázquez, titular de la Secretaría de Hacienda, declaró que no se cuenta con esta información, ya que es la misma aseguradora quien evalúa los daños que presenta y los montos de esto.

Estos daños son principalmente las pintas de las paredes, así como en las puertas que permiten el acceso al edificio por la calle Aldama y que actualmente se encuentra sin acceso al público.

Asimismo, la destrucción de más del 80 por ciento de las ventanas del inmueble gubernamental y la quema de al menos seis de éstas que se ubican sobre la calle Venustiano Carranza.