Edith Caballero

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el alcalde de Parral, César Peña, jamás ejerció violencia política de género.

En el procedimiento especial sancionador PES-029/2022 en contra del alcalde, la cual determinaba la existencia de violencia política en razón de género en contra de la regidora Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

Sin embargo, dicha sentencia fue impugnada ante la Sala Regional de Guadalajara, en virtud de que el Tribunal Estatal Electoral valoró de forma incorrecta las pruebas, omitiendo las que el alcalde César Peña había aportado durante las etapas correspondientes del proceso, lo que concluyó en la imposición de sanciones.

No obstante, ayer jueves la Sala Regional analizó a profundidad el expediente y determinó que las conductas denunciadas no menoscabaron ningún derecho político-electoral de la denunciante y no obedeció al hecho de ser una mujer, por lo que se revocó lisa y llanamente la determinación del Tribunal Estatal Electoral.

En este sentido la Sala Regional de Guadalajara resolvió revocar la sentencia en razón a que se consideró incorrecta la valoración de la prueba hecha por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, pues ella determinó la responsabilidad del presidente municipal César Alberto Peña Valles en la comisión de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

De igual modo, luego de valorar los hechos denunciados y las pruebas que obran en el expediente, se concluyó que diverso a la propuesto en el fallo primigenio la conducta denunciada no menoscabo ningún derecho político electoral de la regidora Dalila Villalobos Villalobos y no obedeció al hecho de ser una mujer, por lo que se revoca lisa y llanamente la determinación del TEE.

El presidente de Cocentro, Ricardo Perea García, dijo tener conocimiento del documento que se presentó ante la Fiscalía General del Estado, por parte de cinco comerciantes inconformes que pertenecen a esta organización.

“Es un documento hecho por un grupo de socios nuevos que desconocen el procedimiento de la asociación, ya que solamente tienen tres años como agremiados; al desconocer los procedimientos pueden cometer varios errores”, explicó.

Perea García señaló que dentro de los estatutos de la organización se puede presentar un informe de manera mensual, bimestral, trimestral o bien anual, por lo que optó por presentar este informe cada año.

En lo relativo al tema de falta de transparencia en las cuotas, Perea García explicó que esa tarea no es obligatoria como lo es en los casos de áreas gubernamentales, situación que, pese a ello, se lleva a cabo de igual manera que otras cámaras empresariales.

“Nosotros no somos un ente público, nosotros somos una asociación civil que nos regimos por nuestro estatuto y sí ellos tienen una inconformidad la pueden externar”, refirió el presidente de Cocentro, quien dijo que este tema sería tratado en la próxima sesión del organismo.

Perea García señaló que esto se da en el marco del cambio de la mesa directiva, en el mes de marzo, por personas inconformes que buscan crear una asociación que denominan “Vecinos de la Calle Victoria”, quienes desconocen las leyes y forma de crear un organismo de este tipo.

Cabe señalar que dentro de los señalamientos del documento exigen que se dé transparencia en las finanzas, así como que se lleve a cabo una auditoría externa, esto previo a la culminación de su gestión.

La exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez denota que hubo persecución y una serie de actos por parte del exgobernador Corral que no fueron apegados a derecho” , afirmó el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez.

“La Coneja”, como le apodan a Gutiérrez, enfrentó juicio penal y presión por ser uno de los acusados por el gobierno de Javier Corral de haber participado en la “Operación Safiro”.

El dirigente del partido tricolor señaló que esto refleja los errores en las indagatorias, fallas e “investigaciones a modo” que se dieron en el tema, dentro del quinquenio pasado.

Con esto se sentará un precedente de los errores y dolo que existió en las investigaciones de la administración que encabezó Javier Corral, puntualizó el dirigente estatal del PRI.

“Queda claro que ni la constitucionalidad, ni las pruebas, ni el debido proceso se cuidó en el gobierno de Javier Corral”, dijo.

El priista recalcó que con esto se comprueba poco a poco la persecución en contra de actores políticos del PRI, ya que como partido no tienen injerencia en el Poder Judicial, menos en materia federal.

Cabe recordar que el exgobernador Javier Corral inició una serie de acciones dentro de lo que se llamó “Operación Justicia para Chihuahua”, donde se investigaron a más de 300 exfuncionarios y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos.

Gutiérrez Gutiérrez fue detenido por recibir recursos para actividades proselitistas, requerimiento que fue autorizado por el exgobernador César Duarte. Para lo cual el exsecretario general del PRI utilizó empresas de su propiedad denominadas Jet Combustibles S.A. de C.V., y Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V., para presentación de facturas.

Dentro de las investigaciones se presentaron dos facturas, la primera por la cantidad de 904 mil por concepto de servicio de mantenimiento general de edificios, en un contrato simplificado entre la empresa Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V., y la Secretaría de Hacienda.

Mientras que la segunda factura, de 835 mil 520 pesos, por el concepto de traslado aéreo de personal, en un contrato entre la empresa Jet Combustibles S.A de C.V., y la Secretaría de Hacienda; ambos pagos se los hicieron a la cuenta personal de Alejandro Gutiérrez el día 23 de diciembre de 2015.

Sin embargo, dentro de las investigaciones se demostró que estos servicios no fueron prestados, ya que solo fue una simulación para realizar los procedimientos administrativos que justificaran la salida del dinero, según fue dado a conocer por el entonces gobernador Javier Corral.

Tres personas asesinadas y un automóvil calcinado fue el hallazgo que hicieron efectivos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el municipio de Carichí.

Dos de las víctimas se encontraban dentro del auto completamente calcinadas, mientras que el cuerpo del tercer agredido yacía a un lado de vehículo.

Los agentes se trasladaron a la brecha que conduce a la localidad de la Capilla de los Remedios, en el municipio de Carichí, tras el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Los efectivos encontraron a un lado de la carretera el un auto y los cuerpos sin vida, los cuales tenían impactos de bala.