Edith Caballero

Sin cámaras, sin servicios y en un estado “ruinoso” fue hallado el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, ubicado en Ciudad Juárez, que alguna vez albergó a reos tan peligrosos como el “El Chapo” Guzmán.

Todo el “glamour” tecnológico que lo hacía ostentarse como un penal de alta seguridad, ya no existe, admite el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Mario Vázquez Robles.

Pero el funcionario se echa para adelante y promete que se trabaja a marchas forzadas un diagnóstico, que ayude a conocer el monto que habrán de aplicar en forma conjunta el gobierno de Maru Campos y la Federación.

“El Cereso 9 está muy deteriorado, por el tiempo y por falta de mantenimiento; ya no hay sistema de seguridad, no se encontraron ya cámaras, está en muy malas condiciones”, dijo.

Este penal aliviaría en forma determinante las condiciones de hacinamiento que prevalecen en prácticamente todos los penales del estado, particularmente el de Ciudad Juárez, donde el pasado 1 de enero se registró una de las fugas masivas más importantes de esa frontera.

Un niño de 11 años que se vio involucrado en un inocente paseo infantil por un cerro y que implicó fugarse de su escuela, provocó la angustia de su familia y la movilización policial.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron sano y salvo a un niño de 11 años que contaba con reporte de ausencia interpuesto la mañana de ayer miércoles 22 de febrero, en la ciudad de Parral.

La activación de los protocolos de búsqueda e investigación, permitieron encontrar al menor identificado con las iniciales A.R.R., horas después en calles de la colonia Ampliación Juárez.

El infante dijo al agente del Ministerio Público que lo entrevistó que se había ausentado de su domicilio por su propia voluntad, ya que faltó a la escuela para ir a jugar a un cerro.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur a través de la Agencia Estatal de Investigación, trabaja de manera permanente en las acciones enfocadas en la búsqueda de personas.

Diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) celebraron su cuarta reunión plenaria, donde se congregaron exsecretarios del gobierno de Felipe Calderón y dirigentes del Comité Estatal.

Entre los ponentes estuvieron Luis Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y Juan José Rodríguez Prats, exsenador de la República y Benito Nacif, vía Zoom.

Entre los pronunciamientos, los asistentes y expositores coincidieron en que la prioridad actual es defender la democracia.

Gabriel Díaz, dirigente estatal del PAN, recalcó que se busca, con este tipo de acciones, crear una agenda legislativa que esté a la altura de lo que se vive dentro del estado, ya que se tiene la responsabilidad de ser oposición dentro de lo que ven mal en el país, ya que la economía, pese a lo que diga Morena, no está bien.

Añadió que el partido en el poder quiere imponer una democracia con su visión, por lo que esta buscando atacar y eliminar organismos para frenar la democracia en el país.

Por su parte el coordinador de la bancada, Alfredo Chávez, destacó que se busca concretar la agenda legislativa en la cual se encuentra la reforma integral de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la democracia y las iniciativas del grupo parlamentario.

El coordinador de la bancada albiazul hizo un llamado a la militancia “a redoblar los esfuerzos” para que prevalezca la unidad.

“Hagamos un frente común y defendamos a nuestras instituciones que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de nuestra vida democrática”, comentó el legislador.

Finalmente, realizó un exhorto a las y los legisladores a seguir trabajando en sus distritos y desde el Congreso.

“Refrendemos el compromiso con las y los chihuahuenses, que son a quienes nos debemos y que depositaron en nosotros su confianza; estoy seguro que los resultados se nos darán, porque sé de su responsabilidad y dedicación”.

“Tenemos que defender nuestra democracia”, dijo el congresista, quien tras emitir su postura afirmó que cada diputado representa un sector de la población.

Destacó que el panismo representa el 90 por ciento del territorio estatal, por lo que continuarán trabajando en defender los intereses de sus representantes.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) logró obtener la propiedad de bienes que pertenecieron a Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario del gobierno duartista, y a su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola.

En un comunicado oficial, la FGE dio a conocer que se trata de la primera sentencia de extinción de dominio que se logra en la entidad desde la instauración de una instancia dedicada específicamente a ese fin.

En el caso en cuestión, el juez de la causa dictaminó que los bienes inmuebles asegurados pasaran a favor de Gobierno del Estado, los cuales tienen un valor comercial aproximado de 79 millones de pesos.

La resolución fue emitida por el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio en la que dictaminó que dichos bienes, los cuales eran propiedad de los exfuncionarios, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga y su esposa Mayra Julieta Urbina Arzola, pasaran al Estado, de conformidad con la Ley Nacional de Extinción de Dominio que entró en vigor en noviembre de 2019.

Hermosillo, quien fuera diputado federal, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, y funcionario de la Secretaría de Hacienda del Estado, durante el gobierno de César D. J., falleció el 20 de marzo del 2017 en un accidente de carretera en la vía Chihuahua-Parral.

Meses antes de su percance, se había reactivado una demanda por presunto peculado y enriquecimiento ilícito, cuando fue titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Posteriormente, en junio del 2022, surgió el nombre del ya difunto exfuncionario durante las audiencias de vinculación a proceso contra el exgobernador por el presunto desvío de 96 mdp de recursos públicos, en favor la asociación Unión Ganadera División del Norte y de la Sofom Financiera División del Norte, ambas vinculadas al político ballezano.

Según versiones de los testigos protegidos que declararon durante el proceso, Hermosillo fue el operador clave para transferir los recursos de diversos programas de apoyo al campo, en beneficio de las dos instancias ante mencionadas.

Acerca del reciente fallo judicial, la FGE informó en un comunicado, que se ha posicionado “a nivel nacional al llevar casos de corrupción por la vía de extinción de dominio y cuyo recurso servirá para el pago de la reparación del daño, así como para programas encaminados a la seguridad pública”.

Agregó que en el 2020 fue creada la Dirección de Extinción de Dominio en la que se trabaja para llevar a juicio diversos casos por los delitos establecidos en el Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo éste uno de los diversos expedientes con los que se cuentan.