Edith Caballero

Arturo Medina, diputado por el PRI, quien funge como Vocal en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, planteó la necesidad de que dicho órgano trabaje en la generación de mejores condiciones en la educación indígena, esto como factor primordial para el desarrollo de los pueblos originarios.

Medina dijo que la educación es fundamental para detonar el desarrollo humano, social y económico, además de ser un elemento de gran importancia para que los pueblos originarios puedan tener herramientas suficientes para la preservación de su cultura así como para el fortalecimiento de sus comunidades y el pleno desarrollo de sus capacidades.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del tricolor, señaló que desde la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas que preside, se realizarán ejercicios permanentes para escuchar a los pueblos originarios y se prestará especial atención a las necesidades de educación y a la visión de la población en esta materia.

Además, dijo que desde su ejercicio legislativo particular, como desde el Grupo Parlamentario, trabajará minuciosamente en la presentación de iniciativas para fortalecer la educación indígena en la entidad.

Consideró que para avanzar en términos de equidad y acceso a derechos de los pueblos originarios, es necesario que se tenga como prioridad la educación para aminorar las brechas de desigualdad y combatir el rezago que, pese a los múltiples esfuerzos interinstitucionales, aún persiste sobre todo en regiones alejadas geográficamente.

“La educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los pueblos originarios debe ser un eje prioritario en el trabajo que realice esta legislatura; será entonces uno de los objetivos prioritarios que promoveré como representante del Distrito 22”, finalizó.

Luego de casi dos años de haber sido declarado culpable de cinco delitos relacionados con el narcotráfico, este miércoles 16 de octubre el exsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna recibirá sentencia por parte de las autoridades estadounidenses.

Este hecho ha dado pie a que internautas recuerden lo que el exmandatario federal opinaba en el pasado al respecto, llegando a sugerir que se había arrepentido de hacerlo parte de su gabinete legal.

Cabe destacar que en punto de las 14:30 horas de este 16 de octubre ―tiempo central de México―, la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York será escenario de una de las audiencias más esperadas de 2024: la de sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Hoy el juez Brian Cogan dictará la sentencia que cumplirá Genaro García Luna, siendo el primer exservidor público mexicano de alto nivel que enfrentó un juicio, se sentó en el banquillo de la justicia estadounidense y será el primero en ser sentenciado pese a sus múltiples reconocimientos internacionales por el combate al narcotráfico y terrorismo; que no lo eximen de haber cometido algún delito.

Cerca de cumplirse cinco años desde que fue detenido en Dallas, al sur de Texas, y se declaró no culpable de los cargos que podrían hacerlo pasar 20 años de cárcel o cadena perpetua, el exsecretario de Seguridad Pública de México, quien en breve será condenado en una corte de los Estados Unidos, fue encontrado culpable, en febrero de 2023, de al menos cinco delitos:

1.- Dirigir una empresa criminal que aún continúa en actividad; para este cargo la mínima pena es de 20 años de prisión, mientras que la máxima es cadena perpetua.

2.- Haber conspirado para distribuir cocaína internacionalmente. El castigo para este delito va de los 10 años a la cadena perpetua.

3.-También fue encontrado culpable de conspirar para distribuir cocaína, así como de posesión con intención de distribución, por lo que la pena iría de 10 años a cadena perpetua.

4.-Conspirar para la importación de cocaína, que alcanza una pena de los 10 años a la cadena perpetua.

5.-Fue encontrado responsable de mentirle a las autoridades de Estados Unidos, delito por el que alcanzaría hasta 5 años de cárcel.

Como una medida simultánea a la investigación que se desarrolla contra un agente de la policía municipal por un supuesto caso de abuso sexual, ordenó la remoción de los mandos inmediatos, en este caso el jefe de servicio y el coordinador del distrito Zapata, informó el director de la Policía Municipal capitalina, comisario Julio César Salas González.

Una vez que concluya la investigación realizada tanto por la Fiscalía General del Estado como por el Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal el caso del policía deberá ser llevado ante la Comisión de Honor y Justicia, en apego al protocolo que establecerá la sanción que corresponda, de encontrarle alguna responsabilidad.

El comisario recordó que aún cuando la presunta víctima no había denunciado el caso, la misma corporación, insistió para convencerla de acudir ante la instancia correspondiente para dar seguimiento a su caso y actuar hasta las últimas consecuencias.

La Dirección de Seguridad Pública dio vista de inmediato al Órgano de Control Interno para que en forma alterna revise la situación y establezca las sanciones correspondientes, independientemente de las que por su parte se deriven de la denuncia penal. Al mismo tiempo, el agente fue sacado de servicio y comisionado a un área donde no tendrá atención al público.

“Como cabeza de la corporación y a pesar de que ni la quejosa ni los familiares decidieron interponer una denuncia, mi obligación es dar parte a las citadas autoridades en este tipo de situaciones, para que sea ésta la que determine si existe responsabilidad o no y, de ser necesario, se realice la destitución del cargo. Somos una Policía transparente con la firme obligación de servir y proteger a la comunidad”, expresó el comisario.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron a salvo a una mujer menor de edad y su bebé, quienes habían sido reportados como desaparecidos.

El reporte señala que la menor identificada con las iniciales C. O. C., de 12 años, había sido reportada como desaparecida desde el 7 de octubre del 2024 en la localidad de San Juanito, Municipio de Bocoyna.

Las indagatorias establecen que la menor se encontraba en la localidad de Gosogachi, municipio de Uruachi en el domicilio de una persona que le dio alojamiento y quien dio aviso a las autoridades una vez que se enteró que la estaban buscando.

En la entrevista realizada a la adolescente, dio a conocer a los investigadores que durante el tiempo que estuvo ausente, ni ella ni su bebé fueron víctimas de algún delito.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.