La pregunta que se hacen empleadas, empleados y hasta funcionarios de otras dependencias es ¿quién está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común?

Nominalmente, es la diputada local con licencia, Karla Yamileth Rivas Martínez, pero para efectos prácticos, de hecho, pues, es el subsecretario Octavio Alonso Villegas Casas.

¿Y eso? Pues nada, que la secretaria-diputada ha dejado de ir con frecuencia a su despacho debido a que tiene mucha precampaña—o como le llamen—por hacer, porque de esta no se va sin un asiento en el Congreso de la Unión.

Ya sea de candidata al Senado de la República o a la Cámara de Diputados, pero la joven funcionaria no la quiere dejar ir y anda como molinillo chocolatero, aunque no en sus funciones de titular de una de las secretarías más “grillas” de la administración pública, sino en lo suyo, que es la postulación a un cargo de elección popular.

¿Y mientras tanto? Pues nada, que le deja todo encargado al subsecretario, Octavio Alonso Villegas, a quien ya nadie soporta, porque, nos dicen, se comporta como quien ya se ve en la silla de la secretaría, ahora que su jefa se vaya de candidata.

Él opera, hace y deshace, aunque sobre todo esto último; toma decisiones, regaña gente y trae chisquiado al personal, porque así le dejaron la cancha: para que él la juegue como si fuera de él.

En esto no anda solo, porque cuenta con el apoyo de la Coordinadora Técnica Operativa, Paulina Castilla, quien se sabe todo el teje y maneje de la dependencia, desde cuando se llamaba “Secretaría de Desarrollo Social” y cuando el titular era el hoy diputado y aspirante a candidato Luis Aguilar.

Dice la Ley de la Física que todo espacio vacío tiende a llenarse y eso es precisamente lo que está pasando en la dichosa secretaría: el hueco que deja Karla Yamileth con sus constantes ausencias y distracciones lo llenan los otros funcionarios ya mencionados.

Así que, si las y los empleados de la Secretaría de Desarrollo Humano no han visto a su secretaria, no se apuren: salgan a la calle y en una de esas se toparán con algún espectacular donde se exhiba su imagen.

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Terminado el último capítulo de la primera temporada de “Los libros también lloran”—falta que terminen de entregarlos y de que recuperen horas-clase, esa será la segunda—queda flotando la pregunta en el aire de quiénes son esas organizaciones que impugnaron los materiales educativos y qué facultades tenían para presentar recursos ante la justicia federal.

Y vale aclarar el punto, porque uno de los amparos que motivó el “encierro” de los libros fue promovido por una Asociación de Padres de Familia presidida por Mario Alberto Garza.

Éste apareció en todo momento como la cara visible de la parte inconforme y habló a nombre de la agrupación.

Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento Estatal de la Asociación de Padres de Familia, publicado el 6 de septiembre del año 2000, debió haber convocado a una asamblea extraordinaria y someter a votación el punto, antes de tomar la determinación de ir a presentar su recurso.

En dado caso, si la asamblea de la mencionada asociación hubiera votado en contra, se habría quedado sin facultades para recurrir, al menos a nombre de ésta y, si acaso, podía haberlo presentado a título personal.

Según el artículo 22 del mencionado reglamento, los acuerdos de los órganos de gobierno de la Asociación Estatal de Padres de Familia se tomarán “por mayoría de votos”. Pregunta ¿este tema se sometió a votación?

Si fue así ¿por qué nunca se nos informó de la celebración de la asamblea, del resultado de su votación y de la lista de asistentes?

Por lo demás, las facultades conferidas a la mesa directiva, contenidas el artículo 27 del citado reglamento, no le alcanzan al presidente para representar a la Asociación ante órganos jurisdiccionales en calidad de denunciante.

Y si no tenía la facultad de presentarla, mucho menos de retirarla, si no contaba con la aprobación de la Asamblea, a la que nunca supimos si convocó su presidente.

Que quede para el anecdotario, porque de manera itinerante, se nos aparecen personas que dicen representar a tal o cual organización y nunca nos invitan a sus asambleas ni conocemos al resto de sus integrantes.

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El diputado federal chihuahuense Hiram Hernández Zetina tiró verbo del bueno cuando razonó su voto en contra del proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el 2024.

Durante su intervención ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que lo que proyectó la Secretaría de Hacienda—del Gobierno federal—como gasto, no se podrá pagar con los ingresos que va a obtener y que, además, va a contratar una deuda que comprometerá a las próximas administraciones.

“Voté en contra de la Ley de Ingresos de la Federación en Comisión de Hacienda, porque plantea una deuda pública de 1.9 billones de pesos para el 2024, que representa el 5.4% del PIB o 127 mil pesos de deuda por mexicana y mexicano”, dice en su mensaje enviado vía “X”.

¡Qué buena advertencia del diputado federal! Lástima que no haya dicho lo mismo allá por principios de la década pasada, cuando el gobernador priista de su estado, César D. J., contrató deuda pública por más de 40 millones de pesos.

En aquellos entonces, el ahora legislador federal era presidente de una organización priista denominada «Chaviza Revolucionaria» entre los años 2011 al 2014, lo que lo hacía integrante del Comité Estatal del PRI.

O sea que tuvo todo el escenario para advertir lo mismo que ve venir ahora: que el gobierno—en este caso, de Chihuahua—iba a gastar más de lo que le ingresa a sus arcas y que iba a completar un ejercicio deficitario con contratación de deuda.

Hernández Zetina repitió como dirigente de la tal “Chaviza Revolucionaria” de 2014 a 2018, y en ese entonces, tampoco abrió la boca—y si lo hizo, no se le oyó—para advertir de la deuda que contrataría el Gobierno del Estado por 6 mil millones de pesos cuando ya estaba por terminar el período de Duarte.

“Yo siempre he dicho que la deuda como tal no es mala, es buena si se usa para fines productivos”, dice en su mensaje “X”. Pues bien, su actitud también estuvo muy “X” cuando se le pidieron cuentas al gobierno de su partido sobre el destino que le dieron a todo ese dineral de deuda pública.

Así que, gracias por advertirnos del mundanal de deuda que heredará el presidente que decía, justamente, no iba a endeudar a los mexicanos, pero como que le pasó de noche la cuentota que nos dejó el gobierno de su partido.

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Las bancadas del PAN y Morena han decidido entrarle al negocio de abaratar el tema de la violencia política por razones de género.

Tanto el uno como el otro aprovecharon la tribuna, el pasado martes, para acusarse de incurrir en esa indeseable práctica y por frases y dichos que se dirigieron diputadas de ambos partidos desde la tribuna del Congreso.

Para no ahondar en el tema ya muy llevado y traído, la diputada Marisela Terrazas acusó a su paisana María Antonieta Pérez de ejercer violencia de género contra ella por decir que su discurso era “monótono”.

Y todavía le alcanzó para ir al Instituto Estatal Electoral a presentar una denuncia contra la diputada morenista. No solo eso: la bancada del PAN, en pleno, fue a poner ese recurso, como si la diputada, por sí sola, no se pudiera valer por sí misma para hacerlo.

La morenista, a su vez, de quejó de que la llaman “teatral” y “mentirosa”, como si en un parlamento no se dijeran cosas iguales o peores.

Y no lo dice esta comunicativa columna: lo comentan ya en los pasillos de las mismas bancadas de los partidos: tanto Antonieta como Marisela están usando la tribuna para desahogar su pleito personal, el que traen desde que ambas eran panistas.

La figura de la sanción por violencia política por motivos de género tiene connotaciones mucho más de fondo, que tratan de evitar que las personas vean truncadas sus aspiraciones políticas por su condición de género.

La violencia de todo tipo, incluida la política, no se ha desterrado de la contienda electoral, por desgracias así que más vale que se guarden las denuncias para acciones que realmente pretendan obstruir la participación política de la mujer.