Ni los Días Santos sirvieron para que se aplacara la grilla partidista. Algunos políticos dejaron de lado la reflexión y la paz que, supuestamente, deben prevalecer en esta temporada para darse duro y tupido con señalamientos hacia sus contrincantes, incluso hacia sus compañeros de partido.

Ana Lucía Baduy Valles, la exreina de belleza, exauxiliar de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local y ahora integrante de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, prendió la mecha a través de sus redes sociales con reclamos y acusaciones de misoginia contra los dirigentes del partido naranja.

A ella la ningunearon en las candidaturas, después de que su esposo, el expanista Miguel Riggs, dejó Movimiento Ciudadano para irse con la 4T. O sea que a ella le cobraron la factura del chapulineo de su marido.

En 2021, Riggs fue el candidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua por Movimiento Ciudadano, pero ahora apareció como integrante de la planilla de regidores de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, bajo el auspicio de Morena.

El expanista ya traía pleito con los regentes de MC en Chihuahua, el exalcalde de Parral Alfredo “El Caballo” Lozoya y el diputado Francisco Sánchez. Total que la ruptura y la jugada de Riggs, pegaron de una manera bastante lógica a Ana Lucía, quien asegura mantener su convicción con Movimiento Ciudadano, aunque eso no se lo crean los dirigentes locales.

“Con los pretextos más misóginos intentan pisotear el esfuerzo que por años dediqué a @MovCiudadanoMX. Pretextos misóginos: Reclamarme a mí que mi esposo @MiguelRiggs3 decidió continuar con su genuina causa en @PartidoMorenaMx. Justificando con eso, el incumplimiento de la palabra dada y de un acuerdo político pactado con @DanteDelgado”, publicó en X.

Ana Lucía tronó al quedar fuera de las listas de candidaturas a las diputaciones, tanto de mayoría como las llamadas plurinominales, cuando se suponía que ya había acuerdo para que se enfilara por una curul. Esa es la palabra que no le cumplieron y que ahora reclama.

En la exhibición del caso, asegura que durante más de dos años ha sufrido violencia política y de género desde la dirigencia estatal naranja.

De pasadita, la exreina de belleza también denunció que los ataques en su contra se relacionan con los “intereses mezquinos”, económicos y de poder que mantiene la dirigencia estatal de MC con Palacio de Gobierno.

Baduy Valles asegura que en Chihuahua el PRIAN controla a Movimiento Ciudadano, lo que tampoco es muy difícil de demostrar, sobre todo a partir del sentido del voto y las participaciones de Francisco Sánchez en el Congreso del Estado. Simplemente no ha actuado como oposición.

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Otro que siguió dando de golpes a políticos chihuahuenses a pesar de los Días Santos fue Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, quien agarró como punching bag al exmandatario estatal, César Horacio D.J.

En spots de televisión, Máynez exhibió a D.J. como exgobernador corrupto y también, de pasada, acusó de proteccionismo a la actual gestión estatal panista.

“Duarte saqueaba a Chihuahua con la complicidad del PAN que hoy gobierna y de muchos de los políticos que hoy están en Morena, son lo mismo”, señala una parte del anuncio propagandístico.

Abogados del exmandatario tricolor acudieron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para presentar queja contra ese mensaje y pedir su retiro inmediato, bajo el argumento de que se le estaba calumniando.

Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por unanimidad desechar la denuncia en contra de Movimiento Ciudadano y Álvarez Máynez por la difusión del spot promocional, identificado como Chihuahua Romper.

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE desechó el recurso con el argumento de que no se proporcionaron medios de prueba acerca del hecho que motivó la queja.

Los integrantes de la Comisión que revisaron el spot televisivo concluyeron que “no se advierte la imputación directa y sin ambigüedades de algún hecho o delito falso” entre las frases que integran el material.

Será la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) donde se resuelva el fondo de la queja que denuncia culpa in vigilando (culpa en la vigilancia), que es algo así como responsabilidad civil por daños causados respecto de las personas que tienen un especial deber de vigilancia hacia otras, además del uso indebido de recursos públicos y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, atribuibles a los partidos políticos involucrados.

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Después de la Semana Santa, seguramente que en Palacio de Gobierno se avocarán a desenredar la tremenda maraña en que se convirtió el municipio de Nuevo Casas Grandes, con toda su crisis política y de inseguridad a cuestas.

La alcaldesa suplente, Edith Escárcega Escontrías, de plano se declaró en rebeldía y no quiso ceder al Gobierno del Estado las funciones de vialidad. Tampoco le permitió a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal utilizar sus instalaciones municipales para conectarse a la Plataforma Centinela.

La última jugada de Escárcega fue revocar, con el apoyo de los regidores del Ayuntamiento, el punto de acuerdo en donde se estipuló que el Gobierno municipal cedería las funciones de vigilancia en materia de vialidad a la dependencia encabezada por Gilberto Loya, “El Capitán Centinela”.

La legislación sí prevé intervenciones de control de Gobierno del Estado en casos de emergencia, cuando se trata de asuntos de seguridad pública, como ya ocurrió en ese mismo municipio, al quedar desmantelada la Policía Municipal.

Sin embargo, en materia de regulación de tránsito, es forzoso el acuerdo.

Lo más crítico de todo el asunto, es que actualmente ni uno ni otro orden de gobierno está asumiendo la función, ya que también está desmantelado el equipo municipal.

Por lo pronto, la están sufriendo los ciudadanos que se han visto inmersos en conflictos legales y de indefensión frente a accidentes de vialidad, aparte de que nadie atiende la prevención.

Quién sabe qué salida política se le dé en lo inmediato, pero a mediano plazo ya se habla de reformas constitucionales para facultar al Estado a actuar donde, por cualquier circunstancia, no existe corporación municipal de vialidad.

Actualmente, bajo convenio, el Gobierno del Estado está a cargo de tránsito en los municipios de Chihuahua, Ahumada y Ojinaga.

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De acuerdo con Consulta Mitofsky, al presidente Andrés Manuel López Obrador no le va tan bien en Chihuahua en cuanto a sus niveles de aprobación.

En el ranking de estados de mayor a menor aprobación, López Obrador está bastante abajo en la lista, en el lugar número 23, con un 49.3 por ciento de popularidad.

En sentido inverso, entre los estados que menos aprobación le conceden al presidente, Chihuahua se ubica en el noveno lugar de la lista de 32 entidades, según la encuestadora.

López Obrador es más popular en su estado natal. Al presidente le dan en Tabasco una aprobación de 74.3 por ciento. En segundo lugar, está Quintana Roo con 69.2 y en tercero Oaxaca con 68.4 por ciento.

Donde es menos querido es en Aguascalientes. Ahí el nivel de aprobación es de 43 por ciento. Le sigue Querétaro con 44.5 y Jalisco con 45.0 por ciento.

Si hablamos de regiones, en el sur es donde le va mejor y peor en el llamado Bajío.

En general, a nivel nacional su aprobación alcanza un 55.8 por ciento, de acuerdo con la empresa de Roy Campos.