A la redacción de esta Doña llegó un documento firmado por la Comisión de Mandos del H. Cuerpo de Bomberos de la capital del Estado, en el cual denuncian persecución y campañas de amedrantamiento a quienes han pedido que se resuelvan las múltiples anomalías que hay en esa vital unidad de auxilio del Municipio.

Espartaco Omar Enríquez Medrano, como representante de la Comisión de Mandos inconformes del Departamento de Bomberos del Municipio de Chihuahua, se dirigió al secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, para exponerle que lo menos que pretenden es causarle un problema político a la administración que encabeza Marco Bonilla, pero…

Sin ánimo de echar grilla, el vocero de los bomberos señaló al subdirector del Departamento, Juan Manuel Morales como operador de una campaña de persecución a los elementos, en particular, hacia los que accedieron a los ascensos de puestos en los últimos 10 años.

El documento se le envió a Fuentes Rascón desde el 15 de marzo pasado, y en él le “chismean” que el subdirector que ha encargado de demeritar a los compañeros debido a que él no contaba con un cargo ni experiencia previa.

Y mientras los bomberos se desatan en confrontaciones y luchas de ego, las “bomberas” se desatan… pero de las cuerdas que sujetan sus puertas.

No es exageración, no es lenguaje figurado, no: hay una bombera en tan malas condiciones que su puerta cierra solamente cuando la amarran a la cabina, y ese es el detalle menor.

En esas manos estamos las y los habitantes de esta ciudad, con un cuerpo de rescate en la inopia y, para colmo, peleándose entre ellos.

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Los actos criminales que le atribuyeron a José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, quedarán impunes.

El presunto responsable “ya no está”, es decir, ya se murió, ya no hay a quién llevar a juicio. El inculpado ya no es sujeto a derecho porque ya no existe como persona en vida, pero los agravios, los ataques y los daños que ocasionó sí quedaron ahí.

El dato viene al caso por el reclamo que, horas después de que se supiera la presunta muerte de “El Chueco”, la Diócesis de la Tarahumara emitió un comunicado en el que lamentaba el asesinato del prófugo.

Como asociación religiosa que pregona la fe en el evangelio de Jesucristo, la “Pro-Tarahumara”, como se le conoce en la sierra, lamentaron que una serie de actos violentos concluyeran con una muerte violenta, en este caso, la de Portillo Gil.

“Con la muerte de una persona (José Noriel Portillo), desgraciadamente no se frena el dolor por tantas víctimas de la violencia y la situación tan difícil y preocupante que estamos viviendo”, dijo la Tarahumara.

Y tienen razón: Sin castigo quedará el acto de extorsión a empresas mineras de la región serrana. Cierto, el perseguido era el supuesto líder de la célula que operaba en Urique y otros municipios serranos, pero la acción era parte de una organización delictiva.

Tampoco se sabrá más sobre el homicidio del profesor estadounidense Patrick Braxton Andrew, a quien se le quitó la vida de manera violenta en el año 2018, supuestamente, porque lo confundieron con un agente de la DEA. ¿Lo mató El Chueco o sus allegados? Ya no lo vamos a saber y el responsable, de ser el caso, quedará impune.

Vistas así las cosas, la Diócesis y el obispo de la Tarahumara, Juan Manuel González, tienen razón cuando dicen que la violencia no era la solución que esperaban para apaciguar la zona y combatir el delito y la impunidad.

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Una vez dado el “carpetazo” al expediente del Chueco y terminado a tiros el de “El Neto” mentado que causó la masacre en el Cereso de Juárez aquel día primero de enero de 2023, quedan expedientes negros en el escritorio de la FGE que urgen de atención y de solución.

El fiscal Jáuregui mencionó, en primer término, el caso de los 13 migrantes desaparecidos en Coyame el 25 de septiembre 2021 en la carretera que va de Coyame del Sotol a Ojinaga.

Nada se ha vuelto a saber de ellos y el caso ha tomado una resonancia nacional, al grado que pronto podría estar en las primeras planas de los medios nacionales como uno más de los casos de abusos a los migrantes que quedan impunes y hasta olvidados.

A casi dos años de los sucesos, los familiares de ellos siguen en pie de lucha, con un activismo vivo en redes sociales y en marchas y plantones, como para que las autoridades estatales y federales no echen el caso al saco roto, con el cuento de que podría tratarse de un acto cometido por el crimen organizado.

Menudo problema el que se avecina: se trata de 13 familias que van a empujar duro hasta que se les dé razón de sus “desaparecidos”. El caso, advirtió el fiscal, es el de la más alta prioridad, tras la muerte de El Chueco.

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Desde el pasado martes 21 de marzo comenzó a circular entre los 67 ayuntamientos del estado la reforma constitucional aprobada el mismo día por el Congreso del Estado, con mayoría PRIAN-PT-MC bien calificada y el enojo de los integrantes de la bancada de Morena, los que le quedan.

De acuerdo con el proceso legislativo que debe correr toda reforma constitucional, para que tenga vigencia, la deben aprobar los ayuntamientos de los municipios que aglutinen por lo menos al 50% más uno de la población del estado. Es decir, que con el “levanta-dedos” de Juárez y Chihuahua sería más que suficiente.

Aquí, nos avisan, vendrá un nuevo enfrentamiento entre el grupo de Cruz Pérez Cuéllar que domina el Ayuntamiento de Juárez, y el de Juan Carlos Loera, que controla la bancada morenista, porque el primero aprobará la reforma, mientras que el segundo lo votó y requete votó en contra.

En particular, los “morenos” del Congreso rechazaron las modificaciones que le dan al titular del Ejecutivo la facultad de ausentarse del país hasta por 21 días; la cancelación de las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal, y la tímida paridad de género que se estableció en el nuevo texto constitucional.

A ver en qué termina ese nuevo “round”, ahora que juancarlistas y crucistas ya se “destaparon” como partidarios de Claudia Sheinbaum.