Con casi ocho años de retraso, el Instituto Nacional Electoral sancionará al PRI por aquella “polla” que hacían entre funcionarios del Gobierno del Estado de la administración de César Duarte para entregarlos al partido tricolor para cubrir gastos durante la campaña electoral del 2015.

Los hechos ocurrieron en aquel 2015, cuando se celebraban elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados, durante el período del presidente Enrique Peña Nieto.

El movimiento financiero, irregular a todas luces y sujeto a una causa penal, consistía en que la Secretaría de Hacienda, a través de su área de recursos humanos, le “rasuraba” el 10% de su sueldo para integrarlo a un fondo que luego iba a parar a las arcas del Revolucionario.

En total, la Secretaría de Hacienda entregó 39 millones 166 mil 660 pesos al PRI nacional, lo cual ya sería suficientemente grave, pues se trata de un organismo público el que daba dinero a un partido político.

Pero la cosa no paró ahí, sino que—según el resolutivo del INE—, se le hizo el abono en efectivo, para que no los “cachara” el área de fiscalización del órgano electoral.

La pedrada viene en serio: casi 97 millones de pesos, que equivalen a más del 100 por ciento del dinero que les “regalaron” los funcionarios duartistas.

Aquel movimiento se detectó durante el gobierno de Javier Corral, desde la Secretaría de la Función Pública, lo cual derivó en la causa penal en la que resultó detenido el entonces encargado de las finanzas del PRI estatal, Pedro Mauli Romero Chávez.

La sanción del INE se refiere únicamente a los desvíos ocurridos durante la campaña del 2015, pero falta aún aclarar el castigo que recibirá el expartido omnipresente por los 142 millones que recibió entre el 2014 y el 2015.

Aquella “coperacha vía nómina” generó una orden de aprehensión solicitada por la FEPADE en el 2017.

El detalle es que, de los casi 97 mdp que le quitarán al que fuera “partidazo” de México, ni un centavo regresará a las arcas públicas de Chihuahua. Bonita justicia: tardada y dispareja.

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De plano, Marco Bonilla no entiende, le siguen la corriente, tiene algún enemigo entre sus filas que le permite violentar la Constitución del país de manera flagrante y a la luz de todo el mundo, como para que luego le caiga el chahuistle.

Nos comentan que, por órdenes del mismísimo alcalde, todos los comunicados de prensa que emita la Presidencia Municipal deben iniciar con una frase que aluda al alcalde, a quien se le debe llamar por nombre y apellido.

La mismísima Coordinación de Comunicación Social del municipio, nos aseguran, es la que ha girado la orden de iniciar los comunicados con leyendas como: “Con la firme instrucción girada por el alcalde Marco Bonilla” o “Con el compromiso que el alcalde Marco Bonilla tiene…”.

Ya lo habíamos comentado en este espacio, pero a la fecha nadie se lo ha dicho. Es más, le han calentado la cabeza de que está bien y que puede seguir haciendo promoción de su persona con recursos del ayuntamiento.

Nadie le ha leído, aunque sea por piedad, el artículo 134 de la Constitución, en cuyo párrafo octavo se puede leer la siguiente orden: La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Pero si ese parrafito no está lo suficientemente claro, el que sigue lo deja cristalino: “En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Dejen ustedes que Marquito no haga caso. El problema es que el mal ejemplo cunde y ahora el rector Luis Alfonso “Sport Billy” Rivera le ha entrado a la onda viola-constitucional y también emite sus comunicados donde, con una mano se aplaude y con la otra se echa confeti. A ver quién les pone en alto.

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Nos comentan que en la delegación de la Secretaría del Bienestar ya están “hechos bolita” esperando el golpe que les llegará por la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República por un supuesto desvío de recursos federales para fines político-partidistas.

Desde ayer, se movieron las entrañas de la Secretaría a cargo de Juan Carlos Loera porque habían echado al saco roto la denuncia que presentó desde el año pasado el exfuncionario de esa dependencia, Hugo Ruiz Esparza.

Para hacer memoria: en agosto del año pasado, Ruiz Esparza denunció que en la “superdelegación” se retenían los apoyos para las personas de la tercera edad para destinar recursos al partido Morena.

En respuesta, las tropas de Juan Carlos Loera dieron a conocer que el supuesto denunciante de actos de corrupción ya estaba en la picota desde antes por haber sustraído información resguardada en el Centro Integrador.

Esa información es precisamente la que usó para armar su denuncia—y su argüende—en contra de Loera.

Como sea, apenas ayer se movieron los loeristas “afiliados” a la nómina de la Delegación del Bienestar, justo cuando está por llegarles la orden de presentación. Están buenos para un apuro.

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Este lunes, la Torre Legislativa del Congreso del Estado recibió al periodista y analista social Manuel Ureste, quien ha ganado notoriedad por sus brillantes trabajos de investigación en el periódico Animal Político.

La Comisión de Asuntos Fronterizos y Atención a Migrantes del Congreso del Estado, que preside la priista Georgina Zapata, fue la anfitriona para que se celebrara la conferencia “Niñez Migrante, Promesas de Papel”.

La exposición no tiene desperdicio, pero esta doña se queda con un dato que todavía nos tiene con el ojo cuadrado: de un año a otro, el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos que llegan al estado de Chihuahua subió un 122 por ciento.

Así como se lee: un 22 por ciento ya sería de espanto, pero el 122 es como para encender las alarmas.

La cosa no para ahí: con todo y ese crecimiento, se cuenta con apenas cuatro centros de atención a migrantes y ninguno especializado en recibir a menores de edad.

Peor aún: la cifra se ha incrementado por la gran cantidad de niñas y niño que viajan solos.

Los asistentes salieron admirados del gran trabajo de Ureste, pero francamente preocupados por el fenómeno…y la inacción del Gobierno federal para tenderlo.