El reporte de desaparición de cuatro personas, incluido un miembro de la comunidad LeBarón, desató una seria discusión en torno a quién debe perseguir el delito de secuestro y, en general, a quién le corresponde disminuir el índice delictivo.

En una declaración pública, la gobernadora Maru Campos reclamó al Gobierno Federal el que no se haga cargo de la persecución de los delitos de más alto impacto e incluso le pidió al presidente AMLO que “no se haga pendejo” (sic) con el tema del secuestro.

En estricto sentido, el secuestro es un delito del fuero federal desde el año 2011, cuando entró en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, con lo cual se derogó todo el Capítulo III del Código Penal del Estado, referente precisamente a la tipificación penal de esa conducta.

Algunos recordarán que la citada derogación ocurrió apenas meses después de que el Congreso de Chihuahua aprobara reformas para establecer la cárcel perpetua a quien fuera sentenciado por la comisión de ese delito. Si bien el artículo se derogó como tal, la nueva legislación federal contempla penalidades de más de 100 años, lo cual, en la práctica, es una cadena perpetua.

Pero, siguiendo con la disputa de competencias, el procesamiento de las o los secuestradores compete a los tribunales federales.

Sin embargo, según comentarios recogidos por esta columna de especialistas en derecho, la persecución del delito atañe a todas las instancias de gobierno, sean municipales, estatales o federales.

Entonces, a nadie le va decir que “eso es competencia federal” o “les corresponde a los estados”. No: al ser parte del Estado Mexicano, cualquier autoridad tiene la obligación de proporcionar seguridad a sus gobernadas y gobernados.

En el año 2023, se cometieron en Chihuahua 802 delitos contra la libertad, de los cuales, 43 fueron secuestros extorsivos, seis, de tipo “exprés” y cuatro más, para causar daño, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, de acuerdo a la misma fuente, al menos en el 2022 solo hubo una persona procesada por ese delito.

O sea que, entre que son peras o son manzanas, los delincuentes pueden andarse a sus anchas mientras que los gobernantes se culpan entre sí o no cumplen con la responsabilidad de darle seguridad a la población.

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Tal parece que al Estado Mexicano se le hace bolas el engrudo a la hora de contabilizar a las víctimas del delito, particularmente, a aquellas que perdieron la vida a causa de un acto violento.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, publicó las cifras preliminares de defunciones por homicidio, de enero a junio del 2023 y, la verdad, los totales no coinciden en lo más mínimo con otras instancias oficiales.

Según el comunicado de ayer, el INEGI contabilizó 15 mil 82 homicidios en el primer semestre del 2023. ¿Muchos o pocos? Según el ángulo con el que se quiera ver, porque estamos hablando de 2 mil 513 personas fallecidas a causa de ese hecho ilícito al mes, es decir, 83 por día.

Pero, si esa cifra ya es pavorosa, la que publicó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo es mucho más, pues este organismo del sector público federal contabilizó 21 mil 158 homicidios, entre culposos—involuntarios—y dolosos.

Vistas así las cosas, no se sabe qué es peor, si la cantidad en sí de muertes violentas, o que los sistemas de registro de las instancias del Estado Mexicano no puedan ponerse de acuerdo ni de cerquita, porque hay una diferencia entre el INEGI y el SESNSP de 6 mil 076 muertes.

En su publicación, el INEGI aclara que, para sus provienen de los “registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas”.

Las fuentes para generar ese banco de datos son las 218 Oficialías del Registro Civil, 102 Servicios Médicos Forenses y 156 Agencias del Ministerio Público que hubiesen inscrito al menos un homicidio.

O sea, son básicamente las mismas fuentes de información que el SESPN ¿a qué viene entonces ese desfase? Son 40% más casos registrados por esta dependencia que los recopilados por el INEGI.

¿Será que ya son tantas las personas que pierden la vida en hechos violentos que hasta perdimos la cuenta?

Así es como se empieza a perder la sensibilidad y, por consiguiente, la empatía hacia las víctimas.

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En octubre del 2023, hace menos de cuatro meses, se cumplieron 10 años de la tragedia del Aeroshow, ocurrida en la capital del estado durante un espectáculo auspiciado por la Presidencia Municipal de Chihuahua, que entonces gobernaba el PRI.

Las imágenes difundidas donde se aprecia a una “Monster truck” fuera de control, arroyando a cuanta persona tenía enfrente, fueron aterradoras, no tanto como el saldo de muerte y afectación que dejó ese penoso accidente: 9 muertos y 58 heridos, la mayoría de estos, con lesiones que dejaron secuelas prácticamente de por vida.

¿Y qué pasó entonces? Que el conductor de aquel camión, Francisco Velázquez Samaniego, fue detenido y sentenciado por homicidio imprudencial, que el ayuntamiento, a cargo entonces de Marco Quezada—el mismo que ahora quiere ser diputado federal—se comprometió a pagar los daños a las víctimas, y el Partido Acción Nacional, en pleno, exigió indemnizaciones y retomó la defensa de las personas lesionadas.

Pues bien, ese partido “defensor”, el PAN, asumió la Presidencia Municipal desde el año 2016 y hasta la fecha, pero todavía no acaba de pagarle a las víctimas.

Según información de la propia Presidencia, a la fecha, aún adeudan al menos 20.5 millones de pesos en indemnizaciones.

Es decir que, en diez años y meses, las personas afectadas no recibieron la indemnización que demandaban, y que aquel partido que los abanderó lleva siete años al frente de la administración obligada a pagar y todavía no cumple con aquello que prometió: defenderlos hasta las últimas consecuencias.

Pobre gente, en verdad: las heridas fueron terribles, el impacto de perder a personas queridas o la movilidad de una extremidad debe haber sido traumático, como lo es también la indolencia de quienes usan la tragedia humana como bandera política, solo para olvidarla en cuanto asumen el poder.

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Y ya que estamos en la hora de las candidaturas “vintage”, ahora el PRI tiene en la mira nada más y nada menos que a Miguel Jurado para la Presidencia Municipal de Hidalgo del Parral.

Habrase visto: el más duartista de los panistas—¡y vaya que está reñida la contienda por ese título! —iría por tercera ocasión para alcalde de la tierra donde alguna vez descansó Villa.

Y eso de “descansó” es un decir, porque fue el propio Jurado quien lo despertó de su letargo, cuando hizo demoler una finca que estaba clasificada como monumento histórico para abrirle paso a la instalación de la mega estatua en honor al jefe de la División del Norte.

Jurado fue presidente municipal de Parral por primera vez en el período 1998-2001, entonces postulado por el PAN; luego, fue diputado local por el distrito con cabecera en ese municipio entre el 2007 y el 2010 y después regresó a la alcaldía, pero postulado por el PRI.

¡Vaya brincoteo! Y no eran los tiempos del prianismo descarado ni de “señoras X” como los de hoy, no. En ese entonces, panistas y priistas eran—o decían ser—contrincantes en serio. Ahora ya no sabemos ni qué creerles.

De ganar la candidatura, se impondría a un priista de siempre, el diputado local Edgar Piñón Domínguez, quien tiene una victoria reciente en esa región, mucho más que aquella del año 2013 de Jurado.

Lo que son las cosas: lo más cercano que tiene el PRI a colocar una candidatura en los cuatro municipios donde aún no inscriben aspirante a la alcaldía es con un expanista, en Parral. El otro es Enrique Serrano, en Juárez, pero de eso ya hablaremos.