En su respuesta a una serie de cuestionamientos formulados desde el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya, reconoció, palabras más, palabras menos, que la Plataforma Centinela aún no arroja los resultados que se esperaban.

Al responder a pregunta expresa sobre la inhibición del delito desde el inicio de esa plataforma, el encargado de la prevención del delito respondió que andan más o menos igual que la Guardia Nacional, o sea, todavía no se nota la mejoría.

Lo dijo así para no errarle: “…considerar que la Plataforma Centinela, como estrategia de seguridad, su fase de implementación pueda revertir la inseguridad que ha imperado durante décadas, sería similar a lo que pasa en el contexto nacional con la creación de la Guardia Nacional, institución a la cual se le ha invertido un recurso económico muy importante y que no ha reflejado resultados palpables”.

O sea que la GN y Centinela están así como Pancho pa’ su Rosita, o la aldaba pa’ la puerta.

Lo anterior forma parte de una serie de respuestas a preguntas formuladas por la diputada juarense Magdalena “Nena” Rentería, integrante del grupo parlamentario de Morena.

Mediante el oficio Oficio No. SGG-038/2024, dirigido a la Presidencia del Congreso del Estado, se cubrieron los cuestionamientos de la legisladora en torno a la mencionada plataforma y a los resultados arrojados hasta ahora.

Razón no le falta al mero encargado de la prevención del delito, porque nomás no hay un indicador que permita echar las campanas al vuelo.

Así lo dicen sus propias cifras: delitos como violación, violencia intrafamiliar, abuso sexual, robo, secuestro y feminicidio han ido al alza en los últimos tres años. El único que “bajó” fue el de hostigamiento sexual.

Por lo demás, no deja de alarmar el diagnóstico que hace Loya Chávez, en el sentido de que gran parte de la conducta delictiva proviene del interior de las casas, oficinas o centros de trabajo.

“Es necesario puntualizar que la mayoría de los delitos que se refieren se perpetran en seno del hogar, casa, oficina, centro laboral y/o planteles educativos entre otros espacios cerrados…”, dijo.

¡Qué cosas! Las encuestas del Inegi en materia de percepción de inseguridad revelan que son esos los lugares donde las personas se sienten más seguras.

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Los productores agrícolas del distrito de riego 05 andan con el Jesús en la boca porque la poca agua que hay en las presas Boquilla y Las Vírgenes no les va a alcanzar para levantar cosechas.

Nos cuentan que el almacenamiento es tan bajo, que daría para dar no más de cuatro riegos –en igual número de meses– a cultivos como la alfalfa, el chile, la cebolla o el nogal.

Cuatro riegos, y en algunos de esos cultivos se necesita más, por lo menos, prolongarlo hasta el mes de julio.

Pero esta vez no se trata de falta de voluntad política ni de “mala leche” de parte de los organismos rectores del agua, sino que, simplemente, no hay para más y pues, a apretarse el cinturón.

El ambiente anda en verdad caldeado en toda la región que abarca desde el municipio de Meoqui y hasta Camargo, donde se localizan las tierras donde se cosechan algunos de los productos más rentables de cuantos cosecha Chihuahua.

Lo peor del caso es que no existe un solo programa federal, ni estatal, destinado específicamente a paliar los efectos de la sequía.

Tampoco hay un pronóstico alentador que haga pensar que, para finales de junio o principios de julio, comience a caer el agua desde el cielo.

Así nos va con los efectos del cambio climático, y peor que se va a poner, según dicen los diagnósticos de especialistas en la materia.

Y, la verdad, ni cómo hacerle. ¿De dónde sacamos agua, si no llueve?

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Después de permanecer acéfala durante casi cinco meses, por fin, la subdelegación del Issste en Chihuahua ya tiene titular, y es Antonio Ernesto Prado Treviño el “afortunado”.

A inicios de semana, el flamante funcionario federal asumió la función de subdelegado de administración del Issste, oficina que permaneció solitaria y llena de telarañas desde principios de noviembre pasado, cuando el anterior titular se volvió ojo de hormiga.

Tal vez el amable lector y la gentil lectora recuerden lo que esta comunicativa columna les contó en noviembre pasado, que la clínica Lázaro Cárdenas y otras oficinas del mencionado instituto amanecieron “tomadas” por empleados que querían fuera al entonces subdelegado.

Se trata de Jorge Domínguez, un militar retirado que envió el Gobierno de la 4T a Chihuahua para administrar el organismo que otorga atención médica y seguridad social a los empleados del Gobierno Federal.

En aquel entonces, los trabajadores eventuales protestaron durante varias horas, sin impedir que continuaran los servicios del hospital, pero sí con una postura muy firme contra un funcionario que tenía “patas pa’ arriba” al Issste en Chihuahua, según lo denunciaron.

No solo eso: lo acusaron de cometer actos de acoso contra empleadas y de tratar con la punta del pie a todo el mundo.

Luego, el problema se le vino encima cuando le cayó una demanda por violencia intrafamiliar ante el Instituto de la Mujer, lo que motivó que se esfumara como una llamarada de petate.

A la fecha, no se sabe dónde ande ni el curso que lleva aquella demanda, pero por lo pronto, ya hay encargado de la plaza en el Issste Chihuahua.

A ver cómo le va, porque las cosas no andan bien, ni andaban, en esa institución de salud pública.

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Chihuahua es uno de los cuatro estados del país que ha pedido “alertas especiales” de seguridad para los empleados del INE que trabajarán en el proceso electoral del 2024.

La “alerta” consiste en una serie de acciones adicionales a las ya acostumbradas, que suele realizar el Ejército, para garantizar la protección al proceso en sus diversas etapas.

En esta ocasión, son funcionarios del INE en Chihuahua, Puebla, San Luis Potosí y Durango los que recibirían ese tipo de protección especial, a solicitud del propio Instituto Nacional Electoral.

Información difundida por la propia presidenta del INE, Guadalupe Tadei, los empleados de ese organismo que trabajarán en tareas de supervisión y capacitación de funcionarios de casilla, así como al personal que laborará en las oficinas distritales, tendrán ese tipo de cobertura.

Se trata de una base de datos con los teléfonos de todos esos trabajadores electorales, con una clave diferente y reciben un auxilio de manera instantánea.

Más vale prevenir y tomar medidas desde ahora, antes de que empiecen a fluir las malas noticias en torno a las personas que harán el esfuerzo de preparar la jornada electoral más grande en la historia del país.