Bien podemos decir los chihuahuenses que, cuando hay para comprar carne es cuaresma. Así estamos con nuestras sufridas presas, que apenas el verano pasado recibieron agua suficiente para llenarse y hasta verter un tanto más hacia los ríos y arroyos que van a dar al río Bravo.

Buena agüita la que cayó el año pasado. Nada más hay que recordar las seis presas llenas a reventar y el almacenamiento bien surtido que logró nuestra presa mayor, La Boquilla, la que nos da de comer a miles de chihuahuenses.

De la presa El Granero ya se ha hablado mucho, pero no está de más recordar que almacena agua que no usamos los habitantes de esta sedienta entidad. De ahí no sale ni una gota para riego ni se potabiliza para el uso doméstico, pero es agua que cae en Chihuahua.

Resulta que, dos años después de que hubiera un estallido de violencia en defensa de la poca agua que le quedaba a la Boquilla y al Granero, en el 2022 se llenaron, como ya les recordamos y todos felices, excepto por un detalle: ahí viene el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, a pedir el traslape para llevarse el agua del Granero a las presas de su estado. ¡Válgame la que se cayó por asomarse!

Con una interpretación a modo del tratado internacional de aguas, el gobernador paisano de Rigo Tovar quiere que las aguas del desierto de Chihuahua terminen en “su Matamoros querido”, así como la lee mironiano lector.

Más vale que el Gobierno de Chihuahua se ponga las pilas y que el Gobierno federal ahora sí se aplique para evitar algo que bien puede causar un buen brote de violencia en el sureste del estado, porque no se olviden mijos, especialmente los tamaulipecos que Rigo es amor.

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Con el Jesús en la boca. Así andan muchas madres del sur del estado, igual de abnegadas y preocuponas que esta Doña (sí, así con mayúscula, falta más) que les escribe estas líneas, por la noticia que recorre los pasillos de la Fiscalía Zona Sur del estado, de que los cárteles de malandros andan reclutando jovencitos para enlistarlos en sus tropas para la guerra contra sus enemigos.

Hasta el oído de tísica de esta madre (por que también soy madre y de más de cuatro) ha llegado el ruidajo que hacen los tambores de guerra de los cárteles. Y si las madres de familia andan con el alma en vilo, por las mismas andan las autoridades encargadas de hacer frente a esas bandas que tienen dinero de sobra para comprar el mejor armamento disponible en el mercado.

Así como lo leen; al puro estilo detectado en Sinaloa, los malos de municipios como Jiménez están reclutando a menores para meterlos al sicariato.

Esto que ocurrió la semana pasada en esa localidad del sur del estado en donde un adolescente de 16 años irrumpió en una reunión virtual escolar para amenazar con secuestros y asesinatos, parece ser algo más que una broma de niños desubicados.

Sí señores, esos malencachados que no deberían pasar un retén ni en brazos de Jesucristo bendito la traen ya contra nuestros niños. Esto es un llamado de alerta para padres de familia, autoridades escolares y para los entes de seguridad pública.

Hay que actuar ahora, antes de ver a nuestra juventud volcada por completo en la sociedad del crimen.

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Mordiscón de lengua se han de haber dado la gente que integran la bancada de Morena con eso de la “Ley de Austeridad” que presentó hace ya buen tiempo la diputada Leticia Ortega desde la primera vez que tuvo curul en el Congreso del Estado, ya hace un buen tiempo.

Resulta que quieren modificar las leyes locales para ponerlas a la par de la Constitución del país, de modo que nadie que viva del erario cobre más dinero que el que gana el presidente de la República.

Hasta ahí, suenan razonables. Si el encargado de conducir las políticas públicas del país cobra algo así como 180 mil pesos al mes, nadie lo debe rebasar, así sean presidentes de organismos autónomos o esos encumbrados consejeros electorales que se rayan con mucho más que aquella cantidad.

El “pero” viene cuando revisa uno lo que se embolsan los diputados y las diputadas del Congreso del Estado, incluida la tropa morenista.

Nada más para darnos una idea: cada miembro de la 67ª Legislatura cobra dos primas vacacionales de a 22 mil 105 pesos, o sea, 44 mil 210 al año, según la página de transparencia del Congreso. A eso súmele los casi 90 mil que se rayan al mes, libres de polvo y paja.

Dicen que el buen juez por su casa empieza y tal vez el bando morenista ha empezado al revés: primero, proponga una reforma para bajar el sueldo a diputadas y diputados. Luego, modifique la Constitución y la Ley Electoral para quitarle dinero a los partidos políticos y después pídales austeridad a todos los demás.

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De puntitas y con tenis, para no hacer ruido al pasar, se fueron los alcaldes panistas del Palacio de Gobierno, después de que los tuvieran en encerrona durante varias horas en el despacho de la gobernadora.

¿De qué hablaron durante tanto rato? “De seguridad”, dijeron secamente los alcaldes a los medios de comunicación cuando los abordaban a pocos metros de la puerta de la oficina de la primera panista del estado.

De seguridad…se trató de otra cosa, porque si ese fuera el tema, debieron incluir, a los de las otras fuerzas, al neomorenista Cruz Pérez Cuéllar, de Juárez, el municipio donde han ocurrido los hechos violentos más desgarradores de los últimos años, como fue el “Jueves Negro” y la fuga del primero de enero.

Tal como lo adelantó su servidora en un “Mironazo”, nos confirmaron que la reunión tuvo su alto contenido electoral, porque el miedo no anda en burro. Nada más hay que ver que, entre Chihuahua, Meoqui, Delicias y Camargo están ocho distritos locales en disputa y tres federales. 

Eso, en un pequeño tramo de la parte sur de la carretera Panamericana. No por nada, la bancada del PAN se ha apresurado a retomar el tema de las aguas de las presas del sur del estado, sabedores de que ese asunto le causó graves heridas políticas a la 4T y a su principal operador en el estado, Juan Carlos Loera.

La guerra por los votos viene fuerte y con ganas. Que nadie se espante: sí se han peleado la rebanada grande del pastel desde que había viruela, ¿o era covid?