En el fallo a favor de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, el juez Adalberto Vences Baca pudo haber tirado por los suelos una ley completa que da validez a los testimonios que rinden acusados que ayuden a enjuiciar a otros probables delincuentes.

Dicho de otra manera: para el juez del Tribunal de Enjuiciamiento Penal, la declaración del testigo bajo “Criterio de oportunidad” que sirvió para mandar a la cárcel con prisión preventiva al exalto mando del PRI no tiene validez porque…el declarante es un presunto delincuente.

Entre los considerandos mencionados por el juzgador, se menciona el hecho de que tenga un “criterio de oportunidad”, como se les dice ahora a los testigos protegidos, ya que esa condición compromete su imparcialidad.

“… pues es evidente que está dispuesto a declarar lo que convenga a la fiscalía””, dijo el juez Vences al rendir su fallo en el que libró de toda pena al exsecretario general adjunto del PRI, apodado “La Coneja”.

Cercano al exmuchos cargos, Manlio Fabio Beltrones, el recién exonerado fue uno de los principales blancos de la campaña judicial que emprendió el gobierno de Javier Corral contra actores del pasado duartista.

A La Coneja lo persiguió como uno de los artífices de la tristemente célebre “Operación Zafiro”, utilizada para desviar recursos federales enviados a los estados a empresas de rótulo y de ahí a las campañas del tricolor.

El sustento para atribuirle un desvío de 1.7 millones de pesos de las zarandeadas arcas estatales, allá por el 2015, era el testimonio del coautor de ese ilícito, funcionario de la Secretaría de Hacienda del gobierno que encabezó César Duarte.

Para el juez, ese testimonio carece de fundamento porque “no da razones concretas para motivar lo anterior”.

Para Vences Baca, esas declaraciones, rendidas a lo largo de todo el proceso, tiene “las mismas condiciones de poca credibilidad y nula corroboración probatoria […]”. Sin embargo, en ningún lado fundamenta su criterio, salvo la condición de “protegido” que tiene el testigo.

Si es así, entonces casi cualquier testimonio de un “Criterio de oportunidad” correrá la misma triste suerte y, con ella, la vida de la ley que se aprobó justamente para darle valor a ese tipo de recursos probatorios.

De prevalecer ese criterio, todo ese marco jurídico estará en la picota y, con él, los procesos que se le siguen a cientos de acusados, muchos de ellos, políticos acusados de actos de corrupción, o bien, integrantes de bandas del crimen organizado.

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Ayer comentábamos en este comunicativo y extrovertido espacio que la presidenta del TSJ, Myriam Hernández Acosta, era la nueva “consentida del Palacio”.

Ese mismo día, mirones cercanos a la particular grilla judicial del Estado se pusieron en contacto para confirmarnos que, en efecto, Myriam es la nueva estrella en el firmamento del prianismo chihuahuense.

No por nada, nos ratificaron, hubo toda esa demostración de fuerza y capacidad de movilización el día cuando presentó su informe anual de actividades. Tampoco fue de a gratis que la titular del Ejecutivo le diera una palmada en el hombro en pleno acto de Gobierno.

Todo tenía sentido: darle cobijita y echarle proteína política a su músculo para aguantar la andanada que estaba por venir. Ya vimos qué era lo que venía: la liberación de La Coneja.

Atentos entonces a lo que vendrá en días próximos, porque van a caer más “exoneraciones” y caerán más “criterios de oportunidad” que moscas fumigadas. De mí se han de acordar.

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Mientras a nivel nacional el grupo del expresidente Felipe Calderón enfrenta una de las peores crisis desde que salió a la luz como una contraparte del presidenciable Santiago Creel, en Chihuahua se les da cobijo, auditorio y hasta la “mesa que más aplauda”.

De entre todos los actores que pudo haber buscado el panismo local para “capacitar” a sus cuadros y a sus diputados, tuvieron que elegir a Luis Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda del gobierno del michoacano para hablar de todo lo que sea posible en contra de la 4T.

A ver si se entiende: el grupo de Felipe Calderón está sentado en un hormiguero tras la sentencia que mandará a la cárcel al exnúmero dos de aquel sexenio, Genaro García Luna, pero el panismo chihuahuense no solo les da cobijo, sino que los pone como ejemplo a seguir.

Cordero no solo fue el secretario de Hacienda, sino que llegó a ser una de las cartas que jugaba el entonces presidente para la candidatura del PAN a sucederlo en el cargo, aunque no pasó de ahí porque ese encargo terminó en manos de Josefina Vázquez Mota y esta, junto con el PAN, acabaron en el tercer lugar de la votación.

Además del calderonista de primera línea, mandaron traer a Benito Nacif, consejero del Instituto Federal Electoral a partir del año 2008, es decir, durante el gobierno de Calderón, y miembro de ese organismo cuando se celebraron las cuestionadas elecciones donde resultó electo el presidente Enrique Peña Nieto.

El trío de conferencistas lo completó Juan José Rodríguez Pratts, un expriista que estuvo en Chihuahua como delegado especial en el año de 1986, año en el cual el panismo de entonces denunció que se había cometido “el más grande fraude electoral de la historia”.

Ahora, Pratts puede decir que fue senador por el PAN y que no pronuncia más de dos palabras sin echarle pestes a AMLO.

Eso es todo lo que trae el panismo. ¿No encontraron alguien, digamos, un poco menos marcado por el sexenio de la guerra contra el narco?

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La Secretaría de Hacienda, que dirige José de Jesús Granillo, está que se truena los dedos y se acaba las uñas ante la posibilidad de que les den un tijeretazo a las participaciones federales en este mismo semestre.

Razones para estar preocupados las hay. Nada más para darse una idea: el Gobierno Federal calculó un incremento del 9% en sus ingresos del año 2023. Según diversos analistas, la cifra es descabellada.

La meta no se cumplirá, según lo muestran las condiciones actuales de la economía nacional y mundial y, por lo tanto, tampoco habrá el dinero que habían programado para repartirlo entre los estados.

De ser así, a Chihuahua y a todos los gobiernos estatales les llegará un “ajuste” por ahí de mitad del año, y no será muy agradable que digamos. Para cuando ese apretón llegue, el gobierno ya habrá terminado de cobrar el Derecho Vehicular y ya no tiene placas metálicas que colocar, ahora sí que a ver de dónde sale para completar el chivo.