La Comisión Federal de Electricidad, la famosa CFE que tantos dolores de cabeza le da a los chihuahuenses, ya dio el primer paso para tratar—sí, tratar—de resolver el problema de la deuda que tienen productores agrícolas por el consumo de fluido eléctrico para bombeo de agua.

Como todo buen ajuste entre deudor y acreedor, lo primero es saber cuánto le debe el uno al otro y, en ese sentido, la CFE ya hizo su corte de caja: son 4 mil 800 millones de pesos los que reclama a agricultores, fruticultores y ganaderos de nuestra entidad.

Como se lee: 4 mil 800 millones, o sea, cifra cercana al presupuesto total del Ayuntamiento de Chihuahua, la capital del estado, que es de a 5 mil 676.5 millones de pesos.

Ese bodoque de pasivos, nos dicen fuentes cercanas al problema, data del año 2001 y hasta el más reciente corte del 2023.

Esto significa que hay productores que no han pagado o le deben a la CFE el pago de su recibo en todo lo que va de este siglo.

Lo que llama la atención es que más de la mitad de la cuenta, unos 2 mil 300 millones de pesos, se “consumieron” en los últimos dos años.

¿Será porque aumentó el bombeo de agua subterránea a para paliar los efectos de la sequía? ¿O será que creció la cantidad de pozos “piratas” a los que la CFE dotó, indebidamente, de conexión eléctrica?

Eso es algo que la paraestatal a cargo del simpatiquísimo Manuel Bartlett deberá responder.

Por lo pronto, la primera reunión con productores morosos se celebrará el 6 de febrero próximo.

El problema es que la CFE quiere cobrar de uno en uno, mientras que los deudores pretenden negociar en bloque.

A ver si esto de la renegociación no truena como uno de esos transformadores viejos que tanto abundan en nuestro sistema eléctrico.

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A temblar, Marquito. Tan listo que está para irse a emprender su campaña para la reelección, cuando las finanzas del municipio que gobiernan están rechinando cual bisagra vieja.

Así, como se lee: el Gobierno municipal de la capital, a cargo de Marco Bonilla, tiene un pasivo “guardado-guardado” de a 3 mil 600 millones de pesos, del que casi nadie habla.

Es decir, que nada más por ese concepto, adeuda más de la mitad de lo que tiene de presupuesto para cada año fiscal.

Se trata de los pasivos continentes del Instituto Municipal de Pensiones, el cual incluye los pagos de jubilaciones y pensiones al personal que trabaja en el ayuntamiento de Chihuahua.

Ciertamente, no es una cifra que se deba cubrir en una sola exhibición, ni siquiera a lo largo de un año, pero son gastos que se deberán contemplar en años próximos, nada más para pagarle a trabajadores que ya no están en servicio.

La condición financiera del IMPC mejoró sustancialmente a partir de la reforma del l2015, cuando cambió la edad mínima para alcanzar la jubilación. Sin embargo, casi la mitad de la plantilla actual todavía cotiza conforme a la ley anterior, por lo que ese gasto bien puede convertirse en una bola de nieve.

Así que ya lo sabe Marquito: la buena es que tiene la oportunidad de repetir como alcalde; la mala, que los problemas ahí lo van a estar esperando.

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Lo que le vamos a contar suena a chiste de mal gusto, pero no lo es: se trata de una condición real en la que se encuentra nuestro sistema de salud.

A unos cuantos meses de que inicie la primavera y, con ello, el incremento en las temperaturas, las autoridades de salud pública del estado no tienen en sus inventarios vacunas contra la rabia.

¿Cómo la ven? No hay en ningún hospital o centro de salud, según nos han confirmado solicitantes e incluso empleados de ese sistema sanitario.

Decimos que suena a mal chiste, porque casi les dicen que procure que no lo muerda un perro rabioso en esta temporada, o si lo va a permitir, pregunte primero si hay vacunas a la mano.

A ver si entendimos: no hay vacunas, así que borro de mi agenda el mordisco que mañana me va a dar el perro callejero que ronda por mi casa ¿así va?

Y ahí no para todo: resulta que el o la solicitante—digamos, la víctima del animal hidrofóbico—necesita la inmunización, no la tiene tan sencilla como acudir al hospital o centro de salud pública, pues tiene qué pagarla a razón de $1,500 pesos la dosis, y son cuatro en total.

Hagamos cuentas: si una persona sufre un percance con un animal rabioso, debe cargar con 6 mil pesos para “fondear” su tratamiento.

¿Cómo la ven? Lo peor del caso es que muchas veces, las personas que requieren de esa vacuna son gente de campo que sufrió la mordida de algún animal salvaje infectado de hidrofobia y pues, ni de dónde sacar 6 mil pesos para las cuatro tandas de inyecciones.

Lo bueno es que nuestro sistema de salud se parece cada día más al de Dinamarca. ¡Pobres daneses!

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Bonito desorden el que encontró la nueva titular del Centro SICT en Chihuahua, Cristina Imelda Guerra Villalobos, porque su antecesor nomás no puso orden en la casa.

Es más, ya no digamos que no puso orden: ni siquiera puso un pie en las oficinas, ubicadas en el bulevar Fuentes Mares de esta ciudad.

Según nos cuentan fuentes cercanas a la bronca que dejó el ahora exfuncionario federal, ni sus propios subordinados lo conocían o, en el mejor de los casos, lo habían visto nada más de lejos.

Fue por eso que, desde el pasado 15 de enero, Sergio González Rojo, ingeniero de profesión y veterano en las lides de la izquierda local, fue “renunciado” del cargo de director del Centro SICT, lo que sería algo así como la delegación estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Nomás no encontró un asunto en su lugar la nueva titular, porque su antecesor no puso el mayor cuidado ni atención, y eso que le tocó enfrentar una severa crisis causada por las pésimas condiciones en que se encuentran las carreteras federales de la entidad.

Ni como ayudarle: mientras el Gobierno local, los transportistas e incluso los viajantes de Chihuahua pedían a gritos que le dieran al menos una “lijada” a esas carreteras, convertidas en paisaje lunar, a causa de tanto bache, el señor delegado, ni sus luces.

Los ceses y relevos en la administración pública son pan de cada día y eso lo saben quiénes le entran a ese quite.

Lo que también es usual es, simplemente, dar por terminada la relación, sin dar más explicaciones, y menos al público en general. Incluso, se estila decir frases amables como “le deseamos suerte en sus próximos proyectos”, o cosas así.

En este caso, no hubo tal: le dijeron que lo removían por “pérdida de confianza”. ¿Pues qué hizo? O, mejor dicho, ¿Qué dejó de hacer?