El municipio de Guazapares nos debe una disculpa a todos…si no es que un dinero también.

El fallo que emitió el juez que sentenció al exjefe de la Policía de ese lugar, Paulino M. R., el 17 de junio de 2021, mandaba a este a pasar unos cuantos años en la cárcel, y a la Presidencia Municipal de Guazapares a darnos a todos al menos un “usted disculpe” delante de todos.

La sentencia dictada en juicio abreviado contemplaba que ese gobierno local se quitara el sombrero y agachara la cabeza después de que el tal Paulino se valió de su cargo como director de Seguridad Pública Municipal para secuestrar y luego matar al activista Cruz Soto Caraveo, en octubre del 2019.

Según la citada condena, estaba obligado a pagar una multa de 381 mil 979 pesos.

Vale mencionar que la disculpa la tenía que ofrecer en la lengua original de las comunidades que habitan en ese municipio.

Hasta ahora no se han encontrado registros de que se haya disculpado, en idioma alguno. Tampoco de que haya pagado la multa.

Al alcalde de aquel entonces, Joel Guillermo Bustillos Ramírez, quien llegó al cargo tras ganar la elección municipal en el año 2018, donde contendió postulado por el PAN, no se le ha visto desde que su jefe de Policía andaba de “halcón”, trabajando para una organización criminal, la misma que encabezaba el finado y tristemente célebre Noel Portillo Gil, alias “El Chueco”.

Bustillos Ramírez fue todo un caso como alcalde, pues además de tener a esa joyita a cargo de la Seguridad (¡¡¡!!!) Pública del municipio que le tocó gobernar, recibió una recomendación, la No. 42/2020, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En ese “coscorrón”, se le llamaba la atención por el pésimo estado en que se encontraba la cárcel en la comunidad de Témoris, justo donde actuaba el grupo que “levantó” y luego asesinó a Cruz Soto.

“Analizados los hechos y evidencias recabadas, este organismo encontró elementos para considerar violados los derechos fundamentales de las personas que han sido privadas de su libertad e ingresadas a la cárcel municipal de Témoris, Guazapares, específicamente a la estancia digna y eventualmente a la protección de la salud.” Dice el documento del ombudsman de Chihuahua.

Pobre ilusa la CNDH si pensó que iba a acatar una recomendación, si ni siquiera ha dado la cara mediante sentencia de juez.

El caso de Guazapares es uno y es emblemático, pero por desgracia, no es el único.

Lo peor del caso es que el jefe policiaco sentenciado recibió una condena de apenas 12 años y 6 meses, de los cuales ya transcurrieron dos.

………………

Desde la semana pasada, la Comisión Federal de Electricidad, que dirige el simpatiquísimo Manuel Bartlett, soltó las amarras y se puso a cortar el suministro de energía en las zonas agrícolas y ganaderas de Jiménez y Namiquipa.

¿La razón?  Pues que esos productores le deben, y mucho dinero, a la CFE, por el consumo de energía eléctrica que hacen para poner a funcionar las bombas con las que sustraen el agua del subsuelo para poder regar sus sembradíos.

Nada de raro habría en eso. Después de todo, en la ciudad y en la industria, a cualquiera que se le pasa la fecha de pago van y le cortan el fluido eléctrico y cuidado con que se reconecte por su cuenta con el conocido y peligroso recurso del “diablito”.

El caso del campo siempre ha sido mucho más difícil, por todo lo que implica cortarle la luz a un agricultor que trata de producir algo en medio de uno de los desiertos más secos del país, como es el de Chihuahua.

En esta ocasión, la CFE ha llegado a cortar la luz acompañada de efectivos de la Guardia Nacional y sin mediar permiso para entrar a terrenos que son propiedad privada, según lo han expresado los campiranos afectados.

El pasado jueves, dos organizaciones: Agrodinámica Nacional y El Barzón lanzaron una advertencia: no van a permitir que dejen sin luz eléctrica a sus representados.

La semana próxima reinicia la mesa de diálogo que permitió suspender los cortes; en buena hora, porque, según nos cuentan, las cosas se están poniendo color de chicharra ardiente en las zonas de riego.

………………

Este lunes 24 de abril debería celebrarse la audiencia intermedia del juicio en contra del exgobernador César Duarte Jáquez por la presunta comisión de los delitos de peculado y asociación delictuosa en modalidad agravada por el desvío de 96 millones 685 mil 253 peso hacia dos organizaciones donde él tenía una fuerte influencia.

Hasta la noche de este domingo 23 de abril, el Tribunal Superior de Justicia no había anunciado un nuevo aplazamiento de la audiencia, programada para este lunes a las 9:30 de la mañana, en razón del delicado estado de salud del imputado.

Inicialmente, la defensa del exmandatario difundió la versión de que había sufrido un infarto cardíaco, razón por la cual se le había trasladado al hospital Star Médica, donde ya había sido atendido en al menos dos ocasiones desde que está recluido en el Cereso 1 de San Guillermo.

Horas más tarde, hubo una rectificación y se dijo que lo que tenía era una complicación causada por la hipertensión que padece desde hace años. Cuando ya estaba avanzada la tarde del lunes, se informó que los médicos que lo atendían trataban de estabilizarlo.

Sería esta la segunda vez que el exjefe político del estado en el período 2010 a 2016 sufre una complicación cardíaca en horas previas a su comparecencia ante el juez.

El 31 de marzo pasado, dos días antes de la audiencia intermedia, se difundió el dato de que había sufrido un microinfarto, versión que nunca fue confirmada de todo.

La audiencia estaba programada para el lunes 3 de abril, pero la jueza Delia Valentina Meléndez concedió la postergación solicitada por el Ministerio Público y fijó la hora 9:30 de la mañana del lunes 24 de abril para que ahora sí—si no sucede otra cosa—, se celebre y se pueda avanzar en la búsqueda de la verdad jurídica que permita determinar si el ex mandatario va a juicio o se va a su casa.

Para este lunes, el MP ya debe haber revisado los más de 60 documentos que entregó la defensa de Duarte Jáquez en un dispositivo USB, la cual llegó a poder del acusador casi al cuarto para las doce: el 31 de marzo.

Ese mismo día, causalmente—los filósofos chinos dicen que no existe la casualidad—,la misma defensa propagó la versión de que Duarte había sufrido un infarto y, por tal razón, pedirían el fin de la medida cautelar que lo mantiene en el Cereso Número 1 de San Guillermo.

Algunas cosas pasaron poco antes y poco después: ese mismo 31 de mayo, el INE dejó sin sanción al PRI por haber recibido 260 millones de pesos del gobierno de Chihuahua, lo que le hubiera valido una multota de 500 millones.

El viernes 7, como ya es sabido, Antonio Tarín García, ex funcionario del gobierno de Duarte, primo de este y pieza clave en todo el entramado que le atribuyen al exmandatario, se quitó la vida lanzándose desde un puente situado en la salida norte de la ciudad.

La defensa insistirá, nos dicen, en obtener al menos la libertad de su representado mediante el argumento del mal estado de salud que le aqueja, y en el mejor de los casos, la absolución, si es que consigue diluir los argumentos del MP.

Este, el MP, tiene sus “ases” bajo la manda. No por nada pidió “kinkis”, y no por nada se lo dieron. No queda más que esperar qué decide la juez de la causa.

………………

Nos cuentan algunos enterados que esta semana podría judicializarse la carpeta de investigación en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda de la administración de Javier Corral, por el expediente aquel de la reestructuración de la deuda.

Se trata de aquella empresa “rótulo” que se habría contratado en aquel 2018 para que asesorara al Gobierno del Estado en la reestructuración de los casi 50 mil millones de pesos de deuda de largo plazo que heredaron de la administración de César Duarte.

Si bien el entonces fiscal Roberto Fierro informó en entrevista banquetera—las únicas que sabía dar—, que ya estaba en etapa de “integración” la carpetea contra exfuncionarios del gobierno corralista, incluidos los de Hacienda, la verdad es que el caso que nos ocupa surgió de la Auditoría Superior del Estado.

Este órgano “le fue con la queja” a la Fiscalía Anticorrupción hace dos meses y, nos aseguran, la carpeta está casi lista y quedó que echa tiros. A ver qué pasa en esta semana.