Lo del tiempo completo otorgado por el rector Luisito “Sport Billy” a su hermano, Juan Alejandro Rivera Campos, no tiene desperdicio, de verdad.

En el argot universitario, se habla de que, para obtener un tiempo completo, en tiempos actuales, hay que presentarse mínimo con doctorado, con muchas horas clase prestadas y, si se puede, con algunos materiales publicados, así como para darle realce a la carrera del o la catedrática.

Sin embargo, ese argot también habla de que, por más documentos que pongas sobre la mesa, la bendición desde las alturas es lo que termina por inclinar la balanza en favor de uno u otro aspirante a ese siempre disputado cargo.

Pues bien, en el caso de Juan Alejandro, el otro hijo “de su apá”, el exdirector de Derecho, Luis Alfonso Rivera Soto, está como para no creerla, porque le dieron el tiempo completo cuando aún no tiene el título de maestría.

Su máximo rango académico es la maestría en Derecho Penal en la misma UACH, del 2020 al 2021, es decir, que al momento de recibir la plaza de tiempo completo tenía no más de año y medio de graduado.

Lo que vale resaltar es que, al momento de recibir la “buena nueva” de que ya era profe de full time, no estaba titulado de maestría, pues en el currículum obtenido vía transparencia de parte de la UACH nos dice que el citado documento está “en trámite”.

Lo que ha de doler a muchos otros es que, tanto en Derecho como en otras facultades, abundan maestras y maestros que llevan años cobrando por hora-clase, que se gastan su tiempo y hasta su dinero en asistir a congresos y, algunos, hasta doctorado tienen acreditado ya, y no han logrado tener la plaza completa.

A todos ellos y ellas, desde este espacio les decimos: se vale enojarse y demandar un procedimiento más justo, transparente y apegado al mérito académico. Que los mentores que se van a parar frente a grupo sean, en verdad, de horas completas y que acrediten su nivel de conocimiento con el mismo rigor académico que le van a exigir al alumnado.

Se lo merecen, porque no se vale que tengan qué esperar a que un familiar llegue a rector para que les despachen en “fast track” su tiempo completo.

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Las cifras oficiales en materia de delito de tortura son tan pavorosas que uno no sabe si asustarse por la cantidad de casos, en sí misma, o por la nula actuación de las autoridades encargadas de perseguir a los torturadores.

Según esos datos, solicitados por nuestro querido medio a la Fiscalía General del Estado, entre los años 2016 y hasta noviembre del 2023, se integraron mil 807 carpetas de investigación relacionadas con el delito de tortura.

De ese total, solo en 24 no se ejerció acción penal; otras 380 están en archivo temporal y 44 tuvieron una resolución alternativa.

Esto indica que siguen vigentes mil 358 carpetas de casos de tortura registrados en los últimos siete años. Esto significa que se integraron, en promedio, 258 casos anualmente.

Y que conste que estamos hablando de los casos denunciados por el o las presuntas víctimas, porque en ese delito, al igual que en el resto, la llamada “Cifra negra” de conductas ilícitas no denunciadas es enorme.

Pero si la cifra total es para dar miedo, la cantidad de casos judicializados es para dar coraje, porque, de toda esa montaña de expedientes, solo uno ha terminado en tribunales.

Sí: uno de mil 358 en un período de siete años.

Que sepamos, la única persona que ha sido detenida y consignada por ese delito es el exfiscal Anticorrupción del gobierno de Javier Corral, el famoso “Panchito”, Francisco González Arredondo, a quien un testigo protegido vinculado a los llamados “Expedientes X” en contra de funcionarios de la administración duartista lo acusa de tortura psicológica.

El exfuncionario corralista fue detenido el 21 de noviembre de 2022, ya en el período de la gobernadora Maru Campos, señalado por presuntas víctimas de haberlos sometido a largos interrogatorios, en los cuales ejercía violencia psicológica, al no dejarlos ni ir al baño o negarles beber agua.

Fuera de ese caso, no se conoce otro y, si las cifras mandan, quiere decir que ese “1” corresponde al de un exfuncionario de la administración anterior. De los otros mil 357, quién sabe en qué oscuro archivero se encuentren.

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Ojo, mucho ojo, señoras y señores del INE y del IEE, porque el uso de recursos humanos del sector público para fines electorales está a la orden del día.

Del lado “X”, nos cuentan que personal académico y administrativo de confianza del Colegio de Bachilleres ha recibido la “invitación” a participar en actos de precampaña de la aspirante a ocupar la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez.

Así, de buen modo, se les pidió en fechas pasadas que acudieran a actos proselitistas, repartieran propaganda y ondearan banderas del frente PRIAN-PRD, en un operativo muy a la usanza del priismo del período clásico.

Quienes no acudieran, nos comentan, no tenían sobre su cabeza una amenaza así expresa, pero ya saben cómo les puede ir si su expediente tiene una “machita negra” o si se les llega a ofrecer un favor de parte de la institución.

Así que muchos dijeron que sí y acudieron al volanteo y todo lo demás, aunque ya se desquitarán el día de la jornada electoral, cuando crucen la boleta y la depositen en la urna correspondiente al voto para la Presidencia de la República.

Del otro lado, nos llega el dato de que el personal de las dependencias federales, y muy en especial el de la Secretaría del Bienestar, tiene la cuasi obligación de asistir a los actos de sus virtuales candidaturas al Senado de la República: Andrea Chávez y Juan Carlos Loera.

Todo eso, sin contar con el uso que están haciendo de los programas federales para arrebatarle el llamado “voto verde” al PRI, con el que solían retener distritos estatales y federales a las comunidades.

Todo esto está sucediendo casi casi debajo de las narices de las autoridades electorales, y hasta la fecha no se ha actuado ni contra los unos ni contra los otros.

Si son ciertas las versiones, estaríamos frente a notables actos de delincuencia electoral que bien podrían traer consecuencias graves a los partidos que andan jugándola fuera de la ley.

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Y hablando de enchiladas de guajolote, ayer les comentábamos de la afición de varios de nuestros diputados y de algunas de nuestras legisladoras de faltar a las sesiones tanto de Período Ordinario como de Comisiones, aunque luego le encuentren modo de justificar sus inasistencias.

Sin embargo, el pasado lunes, el Tribunal Estatal Electoral emitió un fallo que bien puede sentar un precedente sobre lo que debe hacer un legislador o legislatura en las horas cuando se celebran las sesiones del Pleno.

El TEE de Chihuahua decidió aplicar un “Procedimiento Especial Sancionador” a diputadas y diputados de Morena, por haber ido a Guachochi a participar en un acto de campaña, precampaña o como le quieran llamar, en día y hora cuando sesionaba el Congreso del Estado.

El resolutivo, marcado con la clave PES-61/2023, ya había causado estado mediante un fallo de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Fueron diputados del Partido Acción Nacional los que presentaron la queja contra sus “vecinos” morenistas por haberse “encampañado” en día y hora cuando tenían qué presentarse a legislar en el salón del pleno.

Buen antecedente el que sentó el TEE, ese de establecer las sesiones como horario oficial de trabajo, al cual se deben aplicar los legisladores y legisladoras.

Bien por el tribunal, nada más falta que ahora se aplique la regla con el mismo rigor a todas y todos, porque eso de faltar a las sesiones y de hacer como que legislan desde la comodidad de su hogar, vía zoom, está a la orden del día.