El anuncio de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ha dejado muchas preguntas sin contestar y los pelos de punta a las autoridades sanitarias de los estados del país, particularmente el de Chihuahua.

A estas alturas, cuando han pasado más de tres años y una pandemia, no se sabe a ciencia cierta cuántos derechohabientes tenía el finado y malogrado programa de salud pública de la 4T, no al menos en Chihuahua.

Las autoridades de salud en el estado nada más no atinan a dar un número exacto, vaya, ni siquiera aproximado: uno, mil, 30 mil… ¡quién sabe!

Y como no se tiene esa cuenta, tampoco se sabe ni se supo ya cuántas medicinas, equipo médico, personal y material de laboratorio se necesitaba para atender a sus derechohabientes.

Esa cuenta, que no es fácil de llevar, pues requiere de hacer clasificaciones por padecimientos, por temporadas y hasta por grupos de edad de los pacientes, se la han aventado cual papa caliente al ya de por sí saturado Instituto Mexicano del Seguro Social.

A estas alturas, nadie sabe ni acierta a decir cómo le harán para atender a los –montones, a falta de cifra—de personas que acudían al INSABI a buscar atención médica.

Largas horas le esperan a la delegación del IMSS, pero más aún, a los sufridos derechohabientes que esta semana se despertaron con la “buena nueva” de que ya no tienen ni Seguro Popular, ni Insabi.

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En estas fechas, cuando se ha puesto sobre la mesa la utilidad de algunos organismos autónomos por el elevado gasto público que implican, vale hacer un alto para revisar las cuentas y la relación costo-beneficio las sobretasas que se cobran para sufragar organismos autónomos o, de plano, particulares.

Son cinco las contribuciones extraordinarias que están vigentes desde hace años ya: la del Fondo Social del Empresariado Chihuahuense; Ficosec; Cruz Roja; Fideicomiso Expo-Chihuahua y el impuesto adicional del 4% para la UACJ y la UACH.

Entre todos, se llevan mil 410 millones 848 mil 377 del presupuesto estatal, según la Ley de Ingresos para el 2023.

Todos tienen buenas cuentas qué mostrar, ciertamente: ahí está la Cruz Roja de Chihuahua, envidia de otras organizaciones de ese tipo, con sus unidades médicas bien equipadas y sus ambulancias en óptimas condiciones.

De la Expo Chihuahua ni qué decir: es la rabieta de algunos juarenses porque ven que en la capital sí fue posible construir un centro de convenciones y exposiciones.

De Fechac, bueno, surgió como un acto altruista y solidario del empresariado chihuahuense ante una situación de emergencia, como fue la tromba de 1990.

Eso no quita que haya habido observaciones de fiscalización y miradas de reserva de quienes les duele el codo cuando ven que tienen qué pagar el 10 por ciento adicional a su cuenta de Impuesto Sobre Nóminas.

El organismo “estrella” del empresariado chihuahuense, que despacha en un edificio a todo lujo allá por la zona del Reliz, se llevaría 450.4 millones de pesos en este 2023.

Mención aparte el Impuesto Universitario, que recaudará al menos 601.5 millonsotes en este año para la UACH y la UACJ. Ahora hay que preguntarles por qué, si reciben esas cantidades, no están bien situadas en el ranking nacional de las universidades.

El que sí la debe es Ficosec. Su producto principal son los estudios y las bien elaboradas tablas estadísticas.

No son pocos los que opinan que los estudios del Ficosec, muy parecidos a los del SNSP, salen demasiado caros, pues ese organismo se llevará este año al menos 225.2 millones de pesos.

Una andanada de dinero en un estado que no tiene para otras cosas igual o más urgentes.

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La ceremonia del “Niño y Niña por un día” dejó más de una lección, muchas tareas pendientes y no pocas cuentas al descubierto.

Los discursos que pronunciaron las y los niños que fungieron como diputados en ocasión al Día del Niño se lucieron con sus piezas oratorias y clavaron su delgado dedo en la llaga de las más sentidas carencias que aquejan al estado.

De todos ellos, destacó el jovencito Arley Darian Pérez Núñez, alumno de sexto año de la escuela indígena México, ubicada en la comunidad de San José de Guacayvo, municipio de Bocoyna.

Con un hablar pausado, el niño diputado por el Distrito XIII dejó sin máscara a todo el sistema oficial con el recuento de daños en su entorno social: en su comunidad hay hambre, inseguridad, falta de oportunidades y muy pocos servicios.

De todo lo que dijo, lo que más dolió a los asistentes a la sesión es que en su comunidad no hay qué comer. ¡Y pensar que representa a servidores públicos que ganan casi 90 mil al mes!

Así fueron las exposiciones: ya uno señalaba que no hay profesores en sus escuelas; otros, que sí hay, pero no tienen dónde vivir; unos más, que su escuelita está cayéndose a pedazos, y así sucesivamente.

Lo peor del caso es que, si no les hicieron caso el mero día de la ceremonia, como lo demostró el ausentismo de algunos diputados, mucho menos lo harán ahora.

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La Secretaría del Bienestar, cual Pilatos, se “lavó las manos” en torno al problema que vive la comunidad de La Perla, municipio de Camargo, por la falta de energía eléctrica.

Luego de que el Congreso del Estado enviara el oficio No. SG/UE/230/887/23 a la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar, para pedirle su intervención en favor de esa sufrida comunidad, la respuesta fue una especie de “ahí les hablan”.

Olímpicamente, la tal “Bienestar” le ha contestado al Congreso que no le corresponde atender el problema. Así de sencillo y háganle como quieran.

Cierto, el suministro de energía eléctrica le corresponde a la CFE, pero la atención al problema social que implica una población sin luz sí debería ocuparles.

Pero ni hablar, hay cosas más importantes qué hacer, como echar grilla y jugar a las “corcholatas”.