Estamos ante la peor tragedia con pérdidas humanas que jamás haya vivido Ciudad Juárez en su historia no relacionada con hechos derivados de la violencia. ¡Y qué tragedias han ocurrido en Juárez!

Y es justo en ese momento de agobio cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sale a demostrarnos a todos que no tiene una idea clara de lo que es el fenómeno migratorio.

El solo hecho de se haya referido a una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM) como un albergue ya habla de que no tiene enfocado el problema.

Confundir un lugar habilitado por personas de buena voluntad para “albergar” a personas sin techo con otro, de carácter oficial-administrativo, donde recluyen a migrantes que no tienen regularizada su estancia en el país, explica el tamaño de la tragedia.

Los “otros datos” del presidente se oyeron en su conferencia matutina en la que habló sobre el incendio que provocó la muerte de 40 migrantes y dejó otros 28 lesionados en un área de confinamiento del INM, localizado en las inmediaciones de la frontera entre México y Estados Unidos.

Esto sin que nadie de su equipo le corrigiera ante tan craso error, ¿o esa era la intención?

Y es que, horas antes, a través de un comunicado el Instituto Nacional de Migración (INM) había confirmado que hasta la madrugada del martes la cifra de 39 personas extranjeras muertas en su estación migratoria de la avenida Lerdo, donde además hubo 29 lesionados, uno de los cuales falleció posterior al informe oficial.

El presidente de México atribuyó el origen del incendio a la inconformidad de las personas en movilidad que se encontraban en el área de Estancia Provisional, quienes protestaron al enterarse que serían regresados a su país de origen.

“Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir suponemos de que se enteraron de que iban a ser deportados. En la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia”, dijo textualmente el mandatario.

Pero la realidad es que la tragedia no sucedió en un albergue, sino en unas instalaciones administradas por el Gobierno Federal, donde las medidas de seguridad y de emergencia ante una situación de esta naturaleza, simplemente no existieron.

En el incendio, las víctimas -contando muertos y heridos-, según el reporte oficial eran de la siguiente procedencia: 28 de Guatemala, de 13 Honduras, de 12 Venezuela, 12 de El Salvador, uno de Colombia, uno de Ecuador y uno más sin identificar.

Dicho de otra forma, que desde Juárez ya enlutamos a casi todos los países de Centroamérica y norte del cono sur.

Por si algo le faltaba a Ciudad Juárez, ahora se posiciona como uno de los lugares más inseguros del mundo, donde la vida de los seres humanos puede acabar en medio de una balacera o en una estación migratoria mal atendida y peor cuidada.

Cierto que, a estas alturas, ningún país tiene boca de hablar de mal trato al tema migratorio. Nada más hay que ver el trato que reciben las personas de África que intentan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa.

Pero quedar “menos pior” es lo que menos importa en este momento. Lo que sí cala, y muy hondo, es que a estas horas, un día y más después de la tragedia, ninguna instancia del Estado Mexicano tiene una idea de cómo tratar el fenómeno.

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Mientras corre la indignación y el desconsuelo por esa tragedia indescriptible, provocado en gran medida por los términos de la política migratoria entre México y los Estados Unidos, el encargado de la política exterior del país, Marcelo Ebrard, anda pasándosela cual “junior” con carro nuevo.

Nada más hay que ver las fotos publicadas por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para calarle las prioridades al canciller-corcholato y lo mucho que le importa la política migratoria.

En una de las fotos, aparece el gobernador “Tik- Tok” sentado en el sillón del copiloto de un auto Tesla, mientras que en el conductor se encuentra el corcho-canciller.

Felices, ambos, sonrientes, porque fueron a “calar” un auto fabricado por la empresa que pronto construirá una giga planta industrial en Nuevo León.

¡Cuánta felicidad mientras Juárez pasa del llanto a la irritación y a la inversa!

“Samuel y yo recorriendo el predio de Tesla”, dice el tuit de Marcelo. ¿Pues que no era secretario de Relaciones Exteriores? ¿Qué rayos anda haciendo en el norte del país, cual “junior”, tirando rostro en un Tesla?

“Hoy supervisamos el terreno donde la gigafactory de @Tesla…”, dice el tuit de Samuel García. ¡Cuánta envidia nos da! Ojalá y hubiera vendo el canciller a “supervisar” el funcionamiento de los centros de reclusión de migrantes.

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La noche del lunes, el Consejo General del INE votó a favor de aplicarle una multa histórica al PRI por haber recibido dinero en efectivo del erario de Chihuahua para usarlo en el mantenimiento de su estructura administrativa.

Casi 40 millones de pesos fue lo que recibió, “de cash”, desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado en aquel año electoral federal 2015, según el fallo del INE.

Cuando era inminente la votación del proyecto de dictamen del consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, donde le darían un “mega-palo” al expartidazo por andar recibiendo dinero de un gobierno estatal, la representación priista recurrió al cada vez más choteado truco de atribuir las pruebas en su contra a actos de tortura cometidos contra sus dirigentes por el exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco “Panchito” González Arredondo.

Tano los diputados Iram Hernández y Marco Antonio Mendoza pidieron de manera casi desesperada que el dictamen regresara a comisión y que ahí se valorara la denuncia en contra de “Panchito”, porque “de seguro”, torturó a Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI-Chihuahua, en la época cuando se hicieron las entregas de dinero en efectivo que iban de la bóveda de la Tesorería del Estado hacia las oficinas del tricolor.

Los desesperados priistas recurrieron a todo, incluso, a dar por hecho que el exfiscal ya ha sido sentenciado por ese presunto delito, aunque en realidad apenas está indiciado, y hasta el llevado y traído expediente de la “Nómina secreta” que nada tiene qué ver con el caso que nos ocupa.

De poco sirvió el ejercicio del derecho de pataleo. Claramente se les dijo que su partido recibió los dineros del erario estatal en el 2015, cuando, ni Javier Corral era candidato, ni González Arredondo era fiscal.

¡Sopas! Que les echan mayoritazo encima, pataleo y todo de por medio, y ahora les dejarán sin casi 100 millones de pesos para su operación administrativa. Ni halar, a guardarse el expediente de la tortura para mejor ocasión.

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El poderoso consejero Ciro Murayama se hizo oír, y fuerte, cuando dijo que los desvíos de dinero estatal hacia el PRI conformaban un caso tan escandaloso como el “Pemex-Gate” o el de los “Amigos de Fox”.

No solo eso: la causa en turno es una “hermana gemela” de otra, a cuál más de escandalosa, que para variar también ocurrió en Chihuahua durante el gobierno de César Duarte.

Murayama se refería a aquella cuando el gobierno les retenía el 10% de sus ingresos a funcionarios del Gobierno para luego entregar ese dinero al tricolor.

Era, dijo, una “lotería de la mala suerte”, porque el Gobierno de Duarte sorteaba a los trabajadores que es iba tocar el pago del “diezmo tricolor”. Luego, esos millones se le enviaban al PRI mediante entregas en efectivo repartidas por el Servicio Panamericano de Protección.

Ese procedimiento se parece mucho, dijo, al que hizo la Secretaría de Hacienda de Chihuahua cuando, a través de la Dirección de Recursos Humanos, emitió 12 cheques por 5 “melones” cada uno, y otro por 7 millones, y otro más por 6 millones 666 mil 660 en una cuenta BBVA.

El consejero Murayama aprovechó el viaje para dejar en claro quién canta más fuerte en ese Consejo al que le llaman “La herradura de la democracia”, porque después de oírlo hablar, hasta los del PRI le bajaron a su cantaleta del dirigente torturado.

Los Morenos no lo quieren, pero de que pone orden, lo pone.