La comunidad serrana de Coloradas de la Virgen le acaba de poner un ojo morado a los gobiernos mexicanos de todos los niveles.

La justicia federal les otorgará el amparo a sus habitantes en contra del Estado Mexicano, por la nula protección que han recibido desde que arreciaron los ataques del crimen organizado en contra de sus pobladores.

La queja promovida y que ya recibió la “bendición” de un juzgado federal es contra la Secretaría de Gobernación, a cargo de la casi paisana Luisa María Alcalde, por la nulidad en que convirtieron el mentado “Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.

Y decimos nulidad, porque, pese a que tenían esa, digamos, “protección”, algunos de los miembros de su comunidad, como Isidro Baldenegro o Julián Carrillo, cayeron abatidos de manera violenta en ataques que presumiblemente cometieron bandas del crimen organizado.

Coloradas de la Virgen es una comunidad en el municipio de Guadalupe y Calvo, limítrofe con Sinaloa, donde habitan en su mayoría personas de la comunidad rarámuri.

Sus casi 50 mil hectáreas están —estaban, pues— ocupadas por un espeso bosque que ha sido el foco de conflicto entre los habitantes de la comunidad, el mismo Estado Mexicano que otorga permisos para desmonte e instalación de mineras, y la delincuencia organizada.

El conflicto, que inició desde años atrás pero que ha arreciado desde la segunda década del actual siglo, ha derivado en la muerte violenta de al menos 13 de sus líderes comunitarios y el desplazamiento de más de 200 personas que dejaron sus tierras, sus cultivos y hasta sus animales con tal de ponerse a salvo de las bandas armadas que los despojaron de todo lo que tenían.

Desde hace casi cuatro años, un grupo numeroso habita en la ciudad de Chihuahua en condiciones de absoluta precariedad.

Las autoridades de los tres niveles se acuerdan de ellos hasta que consiguen ganarles algún proceso judicial y este es uno de esos días.

Mañana, martes, en la Ciudad de México, organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios darán una conferencia de prensa para anunciar los detalles del amparo que le ganaron al Estado Mexicano.

Y sí, necesitan el amparo, ante el desamparo en que los han dejado los gobiernos de todas partes, niveles y denominaciones partidistas.

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A la comunidad de Ciénega Blanca, municipio de Temósachic, ya les llegó el fuego a los aparejos, literalmente hablando.

Este fin de semana, habitantes de esa región lanzaron un llamado de alerta a través de redes sociales, debido a que el voraz incendio que devora pastos y árboles allá en su región ya prácticamente llegó a la parte habitada.

La lumbre está a las puertas de las casas y la llamada de auxilio aún no recibe la respuesta necesaria, según lo denunciaron el pasado fin de semana.

Sí andan brigadistas y efectivos del Ejército Mexicano entrándole duro a combatir el fuego, pero no ha sido suficiente y, según nos cuentan, ya hasta algunos brigadistas mejor aventaron el arpa porque el fuego es tan intenso que no ven forma de controlarlo.

El detalle es que ese fuego no está registrado siquiera en los sistemas de monitoreo de incendios del Gobierno Federal.

En su reporte, con corte al viernes 26 de abril, el Concentrado Nacional de Incendios Forestales no tenía ese reporte en sus listas.

Del municipio de Temósachi, aparecen en el reporte solo dos casos, ambos de la comunidad de Tutuaca, catalogados como de riesgo mínimo.

Hasta ese día de corte, había 90 incendios forestales en la entidad que abarcaban 3 mil 468 hectáreas. Ninguno estaba catalogado como grave o crítico.

Es apenas el inicio de la temporada de incendios, que en el 2023 tuvo uno de sus años más severos, con un millón 47 mil 493 hectáreas destruidas por el fuego en todo el territorio nacional.

Chihuahua fue el segundo estado más afectado, junto con Jalisco y Chiapas.

Esto apenas empieza, porque los meses más calurosos y secos del año están apenas en puerta. Pero, si a estas alturas tenemos a una comunidad prácticamente invadida por el fuego y aún no reciben la ayuda necesaria, mal nos pinta el año.

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La Sexagésima séptima legislatura—la número 67, pues—del Congreso del Estado llega este martes a su fin, al menos en lo que a períodos ordinarios se refiere, y podría pasar a la historia como una de las que dedicó más horas-tribuna en discutir asuntos que no le competían.

¡Ah, pero qué bien que le dejaron chamba a la próxima legislatura!

Según estadísticas del Congreso del Estado, a un día de que termine el actual—y último—período ordinario de sesiones, quedaron 727 asuntos pendientes.

O, dicho de otra manera, lo van a dejar “ahí pa’l que venga” y se haga cargo de sus propios asuntos, más los que ya no ventilaron los que se van a ir.

En el lapso que abarcó del 1 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2024, se recibieron 2 mil 843 asuntos, de los cuales se resolvieron solo 2 mil 116, que representan el 74.42 % del total.

El restante 25.5% son los que mencionamos anteriormente y que se quedarán, probablemente, guardados y empolvados en el más arrinconado archivero del Congreso del Estado.

De aquellos asuntos, los que tuvieron la suerte de terminar su trayectoria legislativa, 2 mil unos se aprobaron y 115 recibieron tremendo batazo de jonrón.

Este martes, la sesión se dedicará casi en específico a festejar a las niñas y los niños en su día, así que difícilmente quedará alguno de esos asuntos en condición de recibir la aprobación o el rechazo.

Ya vendrá la otra legislatura, donde despacharán varios de las y los diputados que vimos en la actual. No sabemos eso es buena o es mala noticia.

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El neo morenista Miguel La Torre empezó su campaña para la Presidencia Municipal de Chihuahua pegándole duro y directo a la “choya” a su rival, el alcalde con licencia Marco Bonilla, del PRIAN.

En un mensaje de Tik-Tok, le recordó al panista la forma despilfarrada como gastó el ingreso municipal durante los tres años que lleva su gobierno.

Y, entrado en el tema, no pudo resistir la mención del caso de “La golondrina y su príncipe”, esa obra de teatro que solo tuvo 12 representaciones, y que desde aquel noviembre de 2022 no se ha vuelto a subir a escena. ¡Tan buena estuvo que nadie la ha vuelto a poner!

Aunque, pensándola bien, si 12 funciones costaron más de 36 millones de pesos, pagados mita y mita, entre el Municipio y el Gobierno del Estado, pues no ha de haber promotor teatral tan adinerado como para entrarle a montar esa obra.

El hecho es que el ex dirigente panista, ex diputado local por el partido blanco y azul y ahora, candidato por la 4T, ya hasta adoptó el discurso propio de los AMLOvers, con su oferta de aplicar un gobierno “austero”. ¿Dónde hemos oído eso?

Más obra y menos relumbrón, dice el tik-toker aspirante a presidente de la capital. Ándele pues.

Nada más con que no salga como su “compañero de partido”, Cruz Pérez Cuéllar, que se soltó comprando kits escolares a precios estratosféricos, podemos empezar a creérsela.