Una vez más, los morenistas “caza-chapulines” se tendrán que pasar el trago amargo de ver cómo operadores del duartismo se apropian de las candidaturas y las campañas del partido guinda y blanco en Chihuahua.
Nos cuentan que la reunión con empresarios en Ciudad Cuauhtémoc estará a cargo nada más y nada menos que de Alex LeBarón, el expriista que brillara intensamente en el mundo de la política en tiempos de Dee Jay.
Nada más para medirle la espuma a la malteada: en aquella época, cuando no se movía la hoja del árbol si no lo autorizaba el ballezano, LeBarón fue diputado local y después federal.
Su esposa, Brenda Ríos, también fue diputada local y después delegada de la Semarnat en el estado, en tiempos de Peña Nieto.
Ese bagaje priista no les complica en lo más mínimo la vida para andar ahora de lleno con los cuatroteístas y operarle a la mismísima aspirante presidencial la agenda en su supersónica gira por Chihuahua.
Como ya comentamos en este espacio, la muy probable candidata, que en estos tiempos se mueve solo para actividades con la militancia, se reunirá con productores agrícolas; luego, con empresarios y al final de su recorrido, tendrá una “reunión masiva” en el Polifurum de Cuauhtémoc.
¿Quién saldrá bien retratado en la foto? Don Alex, ¡cómo no! ¿y quién más? Doña Brenda.
¡Ay Duartato, no te acabes!
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Como dice la canción de Armando Manzanero: “parece que fue ayer”, cuando un grupo de maleantes de la peor calaña llevó a cabo uno de los peores crímenes cuantos han ocurrido en Juárez, al menos, en los últimos años.
Nos referimos al motín con masacre y fuga, sin olvidar el incendio y daño de objetos, ocurrido en el Centro de Reinserción Social Número 3, el que está ubicado en Ciudad Juárez.
Como se recordará, la sociedad chihuahuense despertó aquel 1 de enero con la terrible noticia de que 17 personas habían sido asesinadas en una revuelta organizada por un grupo delictivo, bajo las órdenes—según el parte oficial—de un interno llamado Ernesto Piñón de la Cruz, alias “El Neto”.
Un año después, la Fiscalía General del Estado no tiene absolutamente nada como para decir que ya avanzó en el esclarecimiento de los hechos y el castigo a él o los culpables.
Lo más cercano a un acto de “impartición de justicia” fue el abatimiento del tal Neto a manos de efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ocurrido el 5 de enero pasado.
De ahí en adelante, el fiscal Jáuregui no ha hecho absolutamente nada. Ni ha llamado a cuentas a su antecesor, ni ha integrado nuevas carpetas de investigación para consignar ante un juez.
Tal vez sea porque ya le anda por dejar el cargo para regresar a lo suyo: la cómoda y muy bien pagada grilla legislativa, y que la procuración de justicia en Chihuahua se espere.
Entre las víctimas, se incluían a 10 custodios del Cereso, quienes fueron maniatados y posteriormente asesinados a balazos dentro del mismo reclusorio.
Al tiempo, 30 reos escaparon con absoluta facilidad, en automóviles que ya los esperaban afuera del penal, según lo ha documentado Norte Digital.
De esos evadidos, continúan en libertad tres de ellos y ni quién se acuerde, porque las autoridades estatales no dieron declaración alguna acerca del tema, pese a que ya se cumplió un año y siguen abiertas las interrogantes… y las heridas.
A manera de colofón, podemos decir que el principal responsable, acaso por negligencia u omisión, fue el fiscal general del Estado, Roberto Fierro, a quien no destituyeron del cargo, pues solo lo removieron hacia la Secretaría Particular y hoy en día despacha plácidamente en el edificio Héroes de la Reforma, en calidad de director jurídico de la Secretaría de Hacienda.
Un año después, tal pareciera que “aquí no ha pasado nada” y por cierto: ni quién se acuerde que, en esa investigación, está pendiente hacerle justicia a las familias de las víctimas.
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El “primer morenista del estado”, Cruz Pérez Cuéllar, debe estar tirado de la risa de la denuncia que presentó en su contra el Comité Directivo Estatal del PAN, que por hacer uso de los recursos públicos para echarse porras y adelantarle camino a su campaña de reelección.
Mediante el EXPEDIENTES: PES-066-2023, el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL denunció ante el IEE al alcalde juaritos por “la presunta comisión de conductas que pudieran vulnerar los principios de equidad, legalidad e imparcialidad al difundir su segundo informe de labores fuera de los plazos establecidos en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua”.
¡Ay cuidado, señores del PAN, no se vayan a cercenar la lengua! ¿Ya vieron los comunicados de prensa que emite Marquito Bonilla, donde su nombre aparece en el primerísimo párrafo, como autor de cuanta obra hace el gobierno a su cargo?
Pero volvamos al disparo con pistola de agua que le echaron a Crucito el de Juaritos: el acto en cuestión consistió en “difundir su segundo informe de labores fuera de los plazos establecidos en la Ley Electoral del Estado de Chihuahua”.
¿Cosa dicen? Pues sí, que presentó su informe de actividades ante el cabildo el día nueve de septiembre del 2023, pero lo difundió hasta el 17 de ese mes.
Como sustento, así a manera de darle “power” a su denuncia, los panistas inconformes presentaron “pruebas irrefutables”, tales como mensajes a través de redes sociales donde el probable candidato a la presidencia municipal por Morena difundía “las bondades” de su gestión.
Y pues nada, que eso apenas dio para una probable sanción administrativa contra el coordinador de Redes Sociales del Municipio, Mitsuo Daniel Shiguetomi. Para variar, el hilo se romperá por lo más delgado.
No es que esté bien lo que hizo Cruz, ni mucho menos, que se valga eso de andar por la vida echándose confeti por hacer obras que son su obligación, pero bueno, los gobiernos panistas también tienen lo suyo ¿o no, Marquito, ¿y esos espectaculares que colocaste a diestra y siniestra?
Así que, después de una amplia, muy amplia exposición de antecedentes y hechos, el Tribunal Estatal Electoral resolvió… ponerse a jugar beis con el dichoso recurso y pegarle un tremendo batazo a la denuncia panista.
Y más vale que se preparen esos del IEE y del TEE, porque chamba como esa, de la que solo quita tiempo, les va a llegar, y a montones.
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Esos del Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones (Expo Chihuahua) ni la burla perdonan.
Encima de que el Municipio de Chihuahua tiene a bien cobrar una sobretasa al Impuesto Predial para ayudarles con sus gastos, ni siquiera son para cumplir con el pago de ese gravamen.
De acuerdo con los resultados de la revisión forense practicada por la Auditoría Superior del Estado, la ASE, el Expo-Chihuahua se valió de todas las marometas posibles para evadir el pago del Predial, pese a que es beneficiario de ese impuesto.
Según la auditoria forense de la ASE, ese organismo se valió de un despacho jurídico, llamado Angar Legal S.C, para que hiciera todos los procedimientos judiciales posibles con tal de no formarse en la fila de la Tesorería Municipal para hacer sonar la caja con su pago.
Nada de eso: prefirieron pagarle un millón 200 mil pesos al despacho ya mencionado, que acercarse con el tesorero municipal a arreglar su adeudo. Y decimos su adeudo, porque nunca en su vida, que ya cuenta con 25 años, ha cubierto esa obligación fiscal.
Vaya una ingratitud, porque el ayuntamiento de la capital les otorga una sobretasa del 3% sobre el monto a pagar por Impuesto Predial a todo bien inmueble de más de 150 metros cuadrados de extensión.
No solo recibe dinero público por esa vía, sino que, además, el Gobierno del Estado cobra una sobre tasa equivalente a un salario mínimo diario por cada trabajador de empresas que paguen el Impuesto Sobre Nóminas.
Por ese concepto, se embolsaron el año pasado 40 millones 756.6 pesos, según la Ley de Ingresos del 2023.
Y si eso no es poco, los gobiernos estatal y municipal se ocupan de hacer la cobranza y de depositarles el dinero, para que no se molesten los señores en andar correteando a los morosos.
La ASE observó, con toda puntería, que el fideicomiso Expo Chihuahua no ha pagado el predial, pero, además, tampoco se ha inscrito como ente obligado del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Ichitaip.
Fundado en el año de 1997, con el impulso del gobernador Francisco Barrio y de algunos de los empresarios más acaudalados de la ciudad, el Expo Chihuahua siempre se vio beneficiado por el sector público, empezando por la obtención del terreno sobre el cual está edificado, que era propiedad de la ya desaparecida paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México.
No obstante, la actual administración, encabezada por su director, Guillermo “El Guille” Vega Porras, contrató indebidamente al despacho jurídico Angar Legal S.C, para hacer hasta lo imposible por no pagarle el Predial, mediante demandas al ayuntamiento que preside Marquito Bonilla.
Para la ASE, nunca se acreditó la utilidad ni los servicios prestados; tampoco quedó acreditado que fuera la mejor opción para la gestión de dicho organismo.
A ver si al menos con un “zape” en la nuca propinado por la Auditoría se dejan de hacer maromas jurídicas y se forman, ahora sí, a pagar sus impuestos como Dios manda.