Más tardó el rector Luis “Sport Billy” Rivera Campos en anunciar su magnífica idea de subir a 7 la calificación mínima para pasar exámenes, que en desatar una rebelión entre alumnos de varias facultades, quienes no aceptan la aplicación de un grado más de dificultad en carreras que ya de por sí eran una competencia de resistencia.

Estudiantes de la Facultad de Medicina lanzaron una petición a través de change.org para pedir que se eche abajo la reforma que impulsó Rivera Campos y que el Consejo Universitario le aprobó sin chistar ni leer las letras chiquitas.

Ayer al medio día, los inconformes ya llevaban 7 mil 630 firmas de las 10 mil que necesitan para hacer efectiva su solicitud a través de esa plataforma, y andaban a mil por hora en redes sociales tratando de completar las que les faltan.

Por lo visto, el Sport Billy no experimentó en cabeza propia los traspiés de su antecesor y amigo, Luis “Yerro”, quien se aventó la puntada de implantar una reforma académica en la UACH sin consultarla ni cruzarla debidamente con las fuerzas vivas de esa “casa de estudios” que más parece olla de grillos.

Lo del 7 fue una ocurrencia para hacer que la UACH se parezca al Tec de Monterrey o a la ULSA, donde también piden ese mínimo para pasar el grado. Pero el atraso académico de la UACH no es un asunto de rayones colorados en la hoja del examen, sino de sus deficiencias y rezagos como institución educativa.

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El PRI ya caló la fórmula de echarle la culpa a “Panchito”, de jurar perjurar que todas las acusaciones en contra suya son producto de la tortura o, en su caso, que los exfuncionarios, incluso sus propios directivos, actuaron motu proprio.

Eso ya lo han intentado y cada vez se los devuelven en la cara. ¿Por qué? Porque la autoridad electoral no puede dar por hecho que las acusaciones contra el exfiscal anticorrupción son verdad jurídica, ni se puede esperar a que transcurra un proceso penal que, en una de esas, tardaría años en resolverse hasta la última instancia.

Eso ya se los dijeron en la sesión extraordinaria del lunes 27 de septiembre en la sesión del Consejo General del INE, por cierto, la última que presidió Lorenzo “Lencho” Córdova, pero eso es otro tema que amerita su propio espacio.

Lo que intenta ahora la defensa del PRI para quitarse de encima otra multa que los podría colocar en una situación de lumpen político, es el viejo y sucio truco de que el dinero nunca entró a sus arcas.

La forma como intentan recusar la multa de casi 97 millones de pesos por recibir dinero de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua es nunca supieron de esas operaciones y, por lo tanto, no vieron ni de cerca el dinero.

La táctica, nos dicen, será la misma que han recurrido algunos de los acusados por el gobierno de Javier Corral en los llamados “expedientes X”: “el dinero lo tomó el encargado de las finanzas, yo nunca lo vi, así que cúlpenlo a él”.

Ya en la sesión del 27 de marzo, la representación del PRI ensayó el truco de culpar a Pedro Mahui Romero Chávez, su secretario de Finanzas cuando recibían los millones de pesos desde la Tesorería del Estado, pero que el partido ni los vio.

Prueba de ello será el que ninguna cuenta bancaria del PRI tiene registro de la entrada de ese dinero, dijeron.

El argumento ya se ha usado en otras ocasiones y, como los pretextos para no llevar la tarea a tiempo, a veces pegan, a veces no.

En el caso de referencia, se trata de un movimiento muy usado, de convertir los cheques en efectivo y, una vez que se volvieron billetes y monedas, repartirlos directo en mano del destinatario para no dejar huella.

Ya lo dijo el consejero Ciro Murayama: es la vía de la corrupción: volver líquidos los recursos para que no dejen rastro.

A ver si les pega, si no, ya habrán sumado más de 130 millones en multas a causa de los dineros que el gobierno duartista les enviaba por servicios de traslado de valores.

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Este miércoles, circuló una carta en redes sociales presuntamente enviada por el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien desde su reclusorio en el Cereso No. 1 de Aquiles Serdán pide ser sentenciado, pero ya.

Claro está que pide se le dicte sentencia, pero absolutoria, algo que, como parte acusada, le toca pedir con todo derecho. Que le haga caso el juzgador ya es otra cosa.

En sustancia, Duarte reclama que lleva mil días, es decir, 2 años y siete meses recluido en alguna cárcel acusado de haber cometido los delitos de peculado y asociación delictuosa en modalidad agravada.

No le falta razón: nadie debería pasar tanto tiempo privado de la libertad en espera de recibir sentencia.

El detalle, en su caso, es que la propia estrategia de su defensa ha motivado la demora en el proceso judicial que se le sigue por los supuestos desvíos de 96.6 millones de pesos del erario hacia la Unión Ganadera División del Norte y la Sofom Financiera División del Norte, ambas, casi de su propiedad al 100 por ciento.

La otra es que le reclama a un Poder Judicial que él creó a su imagen y semejanza, con amigos cercanos e incondicionales excolaboradores convertidos en magistrados y una presidenta que llegó a los altos rangos del sistema judicial durante su mandato.

Duarte ahora sufre a causa de un sistema de impartición de justicia lento e ineficiente, en el cual no hay manera de salir inocente, porque si se le declara libre de culpa, ya habrá pasado casi tres años en prisión.

O bien, si jurídicamente hablando resulta cierto lo que le acusan, la parte ofendida: el erario estatal, ya habrá cumplido 10 años desde que le sustrajeron ese dinero sin que lo pueda recuperar. 

Así reformó al Poder Judicial, así lo dejaron sus sucesores y ahora no le queda más que enfrentar esa realidad.

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Heridos de gravedad por los efectos secundarios de la terrible tragedia que sucedió en el “albergue” del INM, los operadores de la 4T ahora buscan a quién repartirle la culpa que, a todas luces, recae en el Gobierno Federal que ellos encabezan.

El recinto que prendió en llamas mientras sus amontonados migrantes estaban encerrados con candado pertenece al Instituto Nacional de Migración, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Es Gobierno Federal, pues, ni cómo alegarle.

La política exterior le corresponde a la cancillería mexicana, órgano del gobierno que preside AMLO, así que ni cómo quitarse el desprestigio por el trato que reciben los migrantes en cada recinto del INM.

Del incendio provocado “por una protesta de los migrantes”, pues tampoco están tan exentos, porque encerraron a más de 70 personas en un lugar donde no tenían las más elementales medidas de seguridad.

Ahora, el grupo parlamentario de Morena busca llevar de la oreja a Luis Corral Torresday, para regañarlo en público delante del pleno del Congreso del Estado por no haber aplicado los protocolos de Protección Civil en el local del INM.

Buen intento, pero el funcionario no se manda solo, su cargo pasa por la vista del secretario general de Gobierno y este ya le mandó decir que ni asome la cabeza.

A ver con quién siguen los morenos, porque, si a medidas de protección civil vamos, también el alcalde morenista de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar tendría qué sentarse en el banquillo de los regañados.