La “primera ahijada del estado”, Myriam Hernández Acosta, ya no la tiene tan fácil en la carrera por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, el TSJ.

Hasta hace unas semanas, enterados del tema nos juraban y perjuraban que la actual presidenta, quien ocupa el cargo en sustitución del “renunciado” Pablo Héctor González Villalobos, tenía el camino “pavimentado” para reelegirse, pero ahora por un período completo y ya no para completar lo que su antecesor dejó a medias.

Pues resulta que sí, que el camino está pavimentado, pero parece la carretera de Chihuahua a Juárez por tanto bache que le ha salido a últimas fechas.

Apenas se retiró de la contienda el magistrado Luis Villegas Montes, quien se sentía bendecido por las fuerzas del Palacio de Gobierno, se daba por hecho, casi por trámite a cubrir, la repetición de Myriam Hernández al frente del máximo tribunal del estado.

Sin embargo, a últimas fechas se “apareció” un contendiente de peso, digamos, un “heavyweight” de a deveras y no como los bultos que a veces le ponen al Canelo Álvarez.

Se trata del magistrado Leo Alvarado Roldán, actual titular de la Sala de Control Constitucional del TSJ, quien—nos aseguran—va con todo por la presidencia, y apoyo es lo que menos le falta.

Ciertamente, el abultado currículum del magistrado aspirante lo respalda, y de sobra: maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y, doctorante por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

Por si fuera poco, es “profe” en las Facultades de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Sin embargo, no es eso lo que le apuntala para la presidencia, sino su padrinazgo político-judicial, ya que es el “ahijado” de José Miguel Salcido, el expresidente del TSJ, del Tribunal Electoral del Estado y auténtica “mano que mece la cuna” en organismos electorales de la entidad.

Según nos comentan, José Miguel Salcido ya se ha acercado a las oficinas del Palacio a “ofrecer” a su ahijado y, a cambio, ayudar en todo lo que sea necesario en el proceso electoral del 2024, al menos en el ámbito estatal.

No está fácil, ciertamente. Myriam Hernández conserva fuerza, pero, además, andan por ahí otras y otros suspirantes al cargo que buen ruido van a hacer. Así que ¡hagan sus apuestas!

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El festejo por los 18 años de vida del Ichitaip se convirtió en todo un mitin político, con expositores abiertamente adversos a la 4T, público a modo y un fuerte llamado a defender al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante una concurrencia fácilmente identificable con las fuerzas políticas adversas al obradorismo, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, llamó a no permitir que ese organismo sea tomado “de rehén”.

La concejera se comunicó vía electrónica desde su oficina en la Ciudad de México, donde permaneció para participar en los festejos del Día Internacional de la Transparencia.

Su discurso fue breve, pero reunía los tres “isos” que todo buen pronunciamiento debe reunir: conciso, preciso y macizo.

“Nadie nos debe tomar como rehenes, la transparencia y acceso a la información no pueden ser rehenes de nadie”, exclamó la concejera y para pronto se ganó el aplauso del “respetable” que llenó a tres cuartas partes uno de los salones del Centro de Convenciones.

Se refería, seguramente, al forcejeo que sostienen con la 4T por el nombramiento de tres magistrados, el cual sigue en el aire y en espera de una resolución de la Corte.

Ya entrados en conferencias, el expositor Enrique Pons Franco se dejó ir duro y directo a la yugular a la 4T por la poca atención que les han prestado a las reformas legislativas en materia de inteligencia artificial.

Luego, Enrique Pons, el expositor estrella, no dudó en echar el dardo envenenado, después de criticar al Congreso de la Unión por la reforma que aprobó en materia de inteligencia artificial, en opinión suya, totalmente volteada al revés: “Que genios nuestros diputados, hay qué tener mucho cuidado por quién se vota”.

Cabe mencionar que el expositor es comentarista de planta de Latinus, el medio de comunicación que dirige el “amiguísimo” del presidente AMLO, Carlos Loret de Mola.

Luego, comparó las propuestas de Marcelo Ebrard—quien hasta hace poco aspiraba a ser candidato de Morena a la Presidencia de la República—con las políticas que se aplican en Corea del Norte.

Así por el estilo el festejo de un Ichitaip que pronto cambiará de mandos, pues tres de los tres consejeros terminan su gestión y el Congreso deberá elegir a sus tres sucesores.

Y bueno, ya se ve venir la cargada del PRIAN para echarle aplanadora a la 4T y elegir nuevos consejeros que vayan más o menos por el estilo de los que organizaron esta jornada por la transparencia.

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En las comisiones del Congreso del Estado ya se analiza una reforma al artículo 4º de la Constitución local para darle plena libertad a los ciudadanos de grabar a los servidores públicos y usar esas imágenes como elemento probatorio en un litigio judicial.

Se trata, nos dicen enterados del caso, de una de las modificaciones más importantes en cuanto a empoderamiento ciudadano y una apertura al uso de recursos digitales para evitar abusos de la autoridad, principalmente, de fuerzas policiales.

El artículo, uno de los más largos y abundantes del texto constitucional, que es muy similar al 1 y 4º de la constitución del país, consagra todos los derechos a los que tiene un ciudadano o una ciudadana chihuahuense, incluido el de la protección de los datos personales.

Es en ese sentido que, quienes han empujado la reforma, pretenden hacer la modificación, pues consideran que una autoridad no tiene el mismo derecho que un particular a proteger su imagen e identidad, ya que aquel, especialmente el agente de policía o el efectivo de tránsito, tienen un contacto directo en uso de fuerza con el gobernado.

La propuesta busca que el ciudadano o ciudadana pueda grabar en plena libertad cualquier acto de autoridad, sin que ésta se lo impida.

Vale recordar, para el caso, los penosos incidentes donde agentes de vialidad o de policía le arrebatan el teléfono que pretende grabarlos cuando éstos hacen alguna diligencia supuestamente “de ley”.

El caso es que esas imágenes sirvan como evidencia, que el juzgador las acepte como elementos probatorios y que el ciudadano o ciudadana pueda usar sus propios recursos—su celular, por ejemplo—para reunir testimonios de algún abuso.

El proyecto ahí está en el Congreso. ¿A qué velocidad corre? Nos dicen que lleva paso de oruga.

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Los frentes políticos en disputa por el estado y la nación—para no decirles “grupos parlamentarios”—se aventaron una mega jornada de más de una hora en el uso del micrófono para echarse culpas por la crisis migratoria que vive el estado y, muy en particular, Ciudad Juárez, por las oleadas de migrantes que no paran de llegar día tras día.

Primero, el PAN tomó la tribuna para presentar un exhorto dirigido al presidente AMLO para que se ocupe él de la crisis migratoria y le dé recursos al estado para solventar el gastazo que representa eso de atender a miles de migrantes extranjeros.

El diputado Alfredo Chávez, líder del grupo panista, rodeado de sus compañeras y compañeros de bancada, denunció que la falta de acción del Gobierno federal pone en riesgo “la integridad de los migrantes y de los ciudadanos de Chihuahua”.

En resumen, el diputado y su grupo le piden al presidente, a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración (INM) a cumplir con los acuerdos establecidos en la Reunión de Coordinación Binacional del 22 de septiembre, celebrada en Ciudad Juárez.

Las pérdidas económicas diarias de alrededor de 40 millones de dólares, dijo el panista, quien ya entrado en el tiro parlamentario demandó la comparecencia del titular del INM, Francisco Garduño Yáñez ante el Congreso del Estado. ¡Claro, el funcionario federal nada más estaba esperando a que lo llamaran!

¿Y qué contestaron los morensitas? Pues poca cosa: que ha sido el propio Gobierno del Estado, encabezado por el PAN, el que firmó un convenio “inconstitucional” con su similar de Texas para detener migrantes.

Dicho acuerdo, dice el grupo de la 4T, contempla el uso de los recursos de la famosa “Plataforma Centinela” para detectar a extranjeros ilegales y luego, pasar la información al gobierno texano para advertirle de posibles ingresos de esos indocumentados.

Horas y horas de discusión y a nadie se le ocurrió reformar la ley para darle más facultades y recursos al Instituto Estatal de Migración.