La revista CEO publicó un “ranking” de ciudades productivas basado en datos del Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, en el cual Juárez quedó como la ciudad más productiva del país.

Según CEO, uno de los factores que hace de Juárez la joya de la corona entre los centros urbanos de México es el elevado salario que se paga a sus trabajadores, sin contar con los procesos productivos de alta calidad que se hacen en las industrias instaladas en la “Heroica” frontera.

Bravo por los juarenses, porque es de ellos todo el mérito, y no del sector oficial, que de seguro buscará colgarse la medallita.

El sector productivo “juaritos” logró levantar ese trofeo a pesar del elevado índice de criminalidad que lo ubica entre las 10 más peligrosas del mundo.

Bien podrían decir que Juárez es la ciudad más productiva, pero también las más maltratada, pues ni de cerca le regresan en forma de inversión los millones que paga en impuestos federales y estatales.

Sin obra pública significativa por parte de los gobiernos estatal y federal, y obligada como está a atajar problemas de dimensiones insospechadas, “juaritos” se las ha arreglado casi sola y aun así gana campeonatos de productividad.

Ahí está ahora, resistiendo una aglomeración de migrantes mal atendida por parte de la Federación.

Juárez ha padecido un abandono institucional y pronunciados rezagos que se han acentuado a causa de la inequidad fiscal.

Con todo y ese trato injusto, la “Cuna de los burritos” está ahí, de líder general de la tabla. Los números ahí están y si no les gustan, reclámenle a Pitágoras, o a la calculadora

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Este miércoles, la gobernadora constitucional del estado libre y soberano de Chihuahua anunció que Maru Campos no irá por la candidatura a la Presidencia de la República por la alianza opositora a Morena.

El dato es del todo confiable, ya que la gobernadora y la supuesta precandidata son la misma persona.

A estas alturas, la gobernadora de Chihuahua ya debe tener un cálculo realista que le hizo ver que, si deseaba contender por ese pesado encargo, debería pedir licencia cuanto antes, es decir, cuando no ha cumplido ni la mitad de su mandato.

Separarse del cargo a dos años y meses del inicio de su período constitucional hubiera causado un descontrol totalmente innecesario que el estado no está para soportarlo.

Ahí están las crisis generadas por actos delictivos, más la sequía que ya está haciendo estragos y los recortes presupuestales federales que ya hacen mella en el presupuesto estatal.

Si alguien le sugirió que saliera a aclarar el punto, bien por esa persona y mejor por la declinante.

No había razón para apresurar las cosas. A final de cuentas, saldrá del encargo en el 2027 y podría estar a buen tiempo para postularse, tal vez, para ser la segunda mujer que llega a la Presidencia de la República.

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Si otra cosa no sucede, este jueves 4 de mayo se celebrará la audiencia del juicio que se le sigue al exgobernador César D.J., mediante la causa penal 3041/2019 por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Sin embargo, no será la continuación de la intermedia que debió celebrarse el pasado 24 de abril, la que se debió postergar a causa de la ausencia por motivos de salud del imputado.

Se trata de una audiencia en la que la defensa pedirá la revisión de la medida cautelar dictada en contra de su defendido, es decir, una donde le pedirán a la jueza de control Delia Valentina Meléndez que deje al acusado seguir el proceso penal en su contra desde la comodidad de su hogar…o de su hospital. ¡Otra vez arrooooz!

No será la primera vez que la unidad defensiva del exgobernador pide eso: ya antes, desde que se le dictó la vinculación a proceso, solicitaron que no se aplicara la medida cautelar porque el acusado no tenía—dijeron—, la más mínima intención de evadirse de la justicia.

Es más, hasta dieron un domicilio de residencia ubicado en la Bahía de San Quintín, ubicado al norte de la capital.

En aquel entonces se les negó la petición y es muy probable que en esta ocasión también. En los últimos dos meses, “Dee Jay” (dirían en Estados Unidos para referirse a él por sus iniciales “D.J.”) ha salido de su reclusión en el penal de San Guillermo por motivos de salud.

En ambas ocasiones, sus abogados difundieron la versión de que había sufrido un infarto, luego, que un “microinfarto” y después que una crisis derivada de la hipertensión que padece desde hace años.

En ambas ocasiones, pidieron el cambio de medida cautelar por motivos de salud, ya que, según lo expusieron, su representado estaba en tan delicadas condiciones de salud que hasta podría perder las piernas.

Nada cambió: ni el juez anterior, Humberto Chávez Allende, ni la actual, Delia Valentina, la han concedido.

El Ministerio Público ha sido claro al pedir la medida cautelar, pues se trata de un procesado que llegó a los tribunales de Chihuahua después de ser aprehendido en el extranjero y “regresado” al país mediante un proceso de extradición.

El hecho es que este jueves 4, en punto de las 9:30 inicia un nuevo capítulo en este largo “serial” que se ha convertido el proceso penal en contra de un exfuncionario al que le acusan de haber desviado más de 96 millones de pesos del erario, aunque su antecesor le tilda más de 6 mil mdp de daño a las arcas del estado.

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Y ya que hablamos del período de gobierno antepasado, se ha vuelto a poner en la mesa de la discusión el monto de la deuda de largo plazo que arrastra la administración pública de Chihuahua desde la década pasada, cuando el entonces gobernador César Duarte la incrementó de manera increíble, por decir lo menos.

El diputado “moreno”, Benjamín Carrera Chávez, pidió ayer en la tribuna del Congreso que haya “transparencia” y “claridad” en torno a la deuda pública de Chihuahua, antes de autorizar una nueva línea de crédito que pagarán las próximas administraciones.

Los datos que pide el legislador están a la mano en las páginas digitales tanto del Gobierno del Estado como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque eso no quita gravedad al tema que subió ayer a la tribuna del Congreso.

Nada más para darnos una idea: solo en el año 2022, Los bonos “UDI´s”, el bonito regalo que nos dejó Duarte, subió 819, 818,448 en un año, nada más. Así, los chihuahuenses pasamos de tener una deuda de 14,827.3 mdp a 15,647.1 ¡en un año!

Vale recordar el dato para que lo sepan los usuarios sobre los tramos de peaje: cada vez que pagan su cuota en la caseta, acuérdense que ese dinero se va para pagar tamaña deudota que contrató el gobierno de “Dee Jay” en el 2013.

Otra más: los más de 25 mil mdp que heredó aquel gobierno, solo de créditos bancarios de largo plazo, obligaron al estado a gastar ¡3 mil 95 millones de pesos en pago de intereses! Eso lo dice la propia página de la Secretaría de Hacienda estatal.

Esa deuda se gastó “en algo”, pero nunca nos dijeron exactamente en qué.

Ahora, la administración actual deberá explicar con bolitas y rayitas el destino que tendrán los 350 millones pagaderos a 20 años que está por contratar, si el Congreso no dice otra cosa.