El miedo no anda en burro, bien dice el refrán popular que ahora se le puede aplicar al Gobierno del Estado en la víspera de la marcha del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Además de la colocación de muros de madera en los frentes de los edificios, en el Palacio de Gobierno, se instaló un filtro de entrada, operado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, que tratan a quien pretende ingresar al edificio cual si fueran miembros una falange terrorista.

¡Bien amables los señores!

En los alrededores, todo tiene “cara de tabla”: el edificio Héroes de la Reforma, sede de la Secretaría de Hacienda, se colocaron muros de madera en la puerta de entrada; en el Registro Público de la Propiedad, ubicado en Vicente Guerrero y Escorza, prácticamente todo el frente quedó “forrado” con hojas de triplay.

Lo mismo pasa con las ventanas del Palacio de Gobierno y con otros edificios oficiales cercanos a la Plaza del Ángel, a donde irá a parar la marcha organizada por colectivos de mujeres con motivo del 8 de marzo.

La posibilidad de que regrese el mismo escenario del año pasado, cuando muchas de las personas manifestantes hicieron pintas, quebraron vidrios y realizaron actos de vandalismo a edificios públicos y a algunos locales comerciales, desató un ambiente de paranoia en algunos círculos gubernamentales.

Como se recodará, en aquel 8 de marzo, miles de personas –mujeres, la mayoría, pero también algunos hombres– marcharon para demandar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y castigo a violadores y acusadores.

La reparación de algunos de esos inmuebles tardó días, semanas en algunos casos, pero en el Palacio de Gobierno se aplicaron casi cuatro meses de intensas labores para retirar las pintas y reponer la madera de puertas y ventanas dañadas durante la manifestación.

Si bien el temor es grande, se optó por solo colocar los tablones y no por las vallas metálicas, como las que se colocaron en los alrededores del Palacio Nacional en fechas similares.

En este caso, se consideró que una acción como esa podría ser tomada como una provocación y, acaso, se motivaría una reacción adversa de más alto calibre.

Lo que nos han comentado personas cercanas a la organización de la marcha es que se hará un manifiesto para “rebautizar” a la Plaza Mayor, también llamada “Plaza del Ángel”, como “Plaza ni una más”, en memoria de todas las mujeres asesinadas o desaparecidas en el estado de Chihuahua durante las últimas tres décadas.

La cita es a las 16:00 horas en la Glorieta de Pancho Villa. Así que habrá que estar pendientes.

………………

Ahora que se ha vuelto a poner de moda el tema del acta de nacimiento de Javier Corral Jurado, esta Doña se dio a la tarea de buscar opiniones de personas auténticamente enteradas de esa materia, para que nos expliquen si el exmuchos cargos es un auténtico mexicano o es un candidato “pafo”.

Las respuestas han sido tajantes, si bien con diferencias de matices, pero todas van a dar al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que trata sobre la nacionalidad mexicana.

En el numeral II de ese precepto, dice con todas las letras que se es mexicano con el solo hecho de ser hijo de padre o madre, o de ambos, nacidos en México.

Así dice el artículo, para no errarle:

Son mexicanos por nacimiento:

I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus

padres.

II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de

padre mexicano…

Ni el agua de trapeador está más clara, porque tanto el padre como la madre de Corral Jurado fueron ciudadanos mexicanos por nacimiento y, por tanto, el exgóber también lo es.

Ahora bien, respecto a las actas que muestra Corral cada que es candidato –una elección sí, y la otra, también– nos comentan que ambas son válidas.

La una, la marcada con el registro CURP número COJJ660802HNERRV03 es un registro de nacimiento, donde se asienta que es hijo de Roberto Corral y Socorro Jurado, ambos, de nacionalidad mexicana y que su registro tuvo lugar en Hidalgo del Parral.

La segunda, marcada con el número CURP COJJ660802HCHRRV02 corresponde a una resolución de una jurisdicción voluntaria para rectificar la corrección del lugar de nacimiento.

Aunque hay dos documentos, no existe ninguna diferencia en la personalidad, ya que se inscribe la misma fecha de nacimiento, mismo lugar de nacimiento y misma filiación, o sea, mismos padres.

El acta luego de las correcciones y resoluciones, se puede encontrar y adquirir solicitándose como “inscripción de documento”.

Lo de tener dos documentos era algo muy común en el México de antes de la existencia del Registro Nacional de Población y más aún entre los ciudadanos que nacieron en los Estados Unidos, de padres mexicanos y radicados en este lado de la frontera.

Jurídicamente, nos dicen, no hay lugar a una controversia. O sea que, si quieren tundirle a Corral, hay municiones de sobra, pero eso de decirle que es un “traidor a la patria” por haber nacido en el país que, por lo demás, es el principal socio comercial de México, suena a reverenda vacilada.

Si no fue así, que la carguen también contra las autoridades electorales que le permitieron competir ocho veces en igual número de procesos, desde el 1991 y hasta el 2024. Si algo anduvo mal, están buenos para un apuro.

………………

El divorcio es un gran negocio, ni duda cabe. Ahí están los despachos de abogados especializados en derecho familiar, rebosantes de trabajo ante tanta demanda de personas que quieren anular su contrato civil para separarse de su actual pareja.

Y pues bueno, si ha de ser negocio, que lo compartan los que lo disfrutan, y eso parece ser el criterio que privó en el Gobierno del Estado para fijar una tarifa estratosférica por inscribir los divorcios en el Registro Civil.

Nos cuentan que esa institución cobra mil 600 pesos por cada registro, pese a que se trata de la inscripción de una orden judicial. Léase: es un juez el que ordena el finiquito del matrimonio, por lo tanto, no debería tener costo. ¿O se lo van a cargar al juez de la causa?

No, desde luego, se lo cobran a el o la interesada que quiera dejar establecida documentalmente su nuevo estado civil.

Imagínese nada más: si se registran, en promedio, 8 mil divorcios al año en el estado de Chihuahua, y se cobran mil 600 por cada inscripción, son 12 millones 800 mil pesos de ingreso “limpiecito”, nada más por agregarle una breve leyenda al libro de actas.

Con razón el Gobierno se pone tan dadivoso en las bodas colectivas, si tiene de dónde ingresar dinero por medio de la disolución de los contratos matrimoniales.

Pero ojo, mucho ojo, porque hay abogados que ya analizan la posibilidad de recurrir a tribunales federales para ampararse contra ese cobro, y por lo visto, no les falta razón, pues se trata de una “tarifa” sobre un acto judicial y pues, como que no casca.

………………

El próximo 15 de marzo tendrá lugar en Chihuahua la gran “premier” del documental “La farsa”, donde exduartistas llorarán a lágrima tendida por los malévolos planes de Javier Corral, de meterlos a la cárcel.

Se trata, nos adelantan, de la versión de algunos de los acusados de desvíos de recursos públicos durante el gobierno de César Dee Jay, y de las causas penales que se les armaron en el marco de la llamada “Operación justicia para Chihuahua”.

Según los inculpados, fueron ellos las víctimas, y no los victimarios, de un mal uso de las funciones de Gobierno, pues la administración corralista enderezó toda un operativo que incluyó la tortura psicológica y la detención sin orden judicial para lograr integrar los expedientes que luego derivaron en órdenes de aprehensión.

“En Chihuahua se vivió una historia de extorsión, tortura y muerte que quedó oculta tras el manto de un Gobierno tirano y perverso”, dice el mensaje del canal de Youtube donde se exhibe “La Farsa Documental”.

Para quien quiera ver quejumbres de exfuncionarios que ejercieron el poder a sus anchas durante el período 2010-2016 en la comodidad de una sala de cine, palomitas y refresco a la mano, les informamos que se exhibirá en una de las salas del conjunto Cinépolis Fashion Mall a las 11:00 horas del viernes 15.

Entre los protagonistas “estelares” estarán Ricardo Yáñez Herrera, quien ocupó cuatro distintos cargos en la administración duartista; Raymundo Romero Maldonado, exsecretario General de Gobierno; Enrique Carlos Valles, exsíndico de Chihuahua; Marcelo González Tachiquín, eterno suspirante a la candidatura al Gobierno y Alejandro Villarreal Aldaz, dirigente de la Sección 8ª del SNTE.

Las denuncias de tortura datan prácticamente desde el inicio de la Operación Justicia para Chihuahua y, sobre todo, cuando comenzaron las detenciones por presuntos actos de corrupción durante la gestión de Javier Corral.

Sin embargo, una de las que alcanzó más resonancia fue la que expuso el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro “La Coneja” Gutiérrez, quien denunció que lo bañaban con agua helada –en pleno diciembre chihuahuense– para que declarara contra diversos exfuncionarios del ámbito estatal y del federal.

Cabe recordar que el fiscal anticorrupción que integró todos esos expedientes, Francisco “Panchito” G. se encuentra bajo proceso penal, por presuntos actos de tortura en contra de uno de los testigos protegidos de aquella operación.

También vale recordar que, aunque se digan exonerados, todavía prevalecen 47 carpetas de investigación por presuntos desvíos de recursos públicos cometidos en aquel período gubernamental. Así que bien vale ver las cosas con el debido tiento.