Fin de la primera temporada de la serie “Policías en conflicto; Nuevo Casas Grandes”. Solo que con un final inesperado: no fueron 30 los policías que prefirieron renunciar antes que someterse a nuevos exámenes de confianza, sino 40, y que el director de Seguridad Pública quedó en el “limbo”, pues al final ni amparo promovió.

Tras ese “bajón”, a la ciudad noroccidental le quedaron nada más 20 efectivos de los 78 que tenía: unos, porque ya habían causado baja, y otros, los más, porque prefirieron irse antes de volver a ponerse a disposición del “confianzómetro”.

Desde el mes pasado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal había desarmado, confiscado armas e inhabilitado de manera temporal a todo el cuerpo de policía.

Esa acción, que parecía drástica, ocurrió después de que dejaran “colgado” un cadáver en los límites entre Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes.

De inmediato, se procedió a aplicarle exámenes de confianza a todos, pero 30 de ellos optaron por retirarse. Sin embargo, al final fueron 40 y ahora “Nuevo Casas” está prácticamente sin policía propia.

Ahora, las funciones de patrullaje, prevención y acciones de fuerza pública las deberá hacer la Policía del Estado, que ya bastante carga tiene con darle el mismo servicio a otros 13 municipios que tampoco tienen policía.

Y eso que no hemos hablado del déficit que se carga esa policía estatal, porque no le sobran, ni mucho menos, los agentes. Más bien le faltan, y bastantes.

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Eso de usar las figuras de participación ciudadana para enseñar el petate del muerto ya se está poniendo de moda y tal parece que no espanta ni a un perro subido en un columpio.

Son dos alcaldes, una alcaldesa y una diputada local quienes tienen, digámosle así, “las horas contadas” por aquello de que se lleve a cabo una votación para ver si se les quita o no el cargo que adquirieron en las urnas.

Uno de los procesados, es el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, a quien lo quieren quitar por solicitud del promotor de la causa, José Luis Olivas Salgado.

El otro alcalde con la mirilla en la nuca es Selestino Estrada Villanueva, de Práxedis G. Guerrero, a petición de Leobardo García Galindo.

La alcaldesa que tendría su cargo en juego es María de los Ángeles Moreno Rascón, de Gómez Farías, por encargo de Jesús Armando Córdova Ruiz.

En el caso de la diputada, se trata de María Antonieta Pérez Reyes, de Morena, a quien la quieren “despedir” como representante del distrito X con cabecera en Juárez.

Dato curioso el anterior: es la primera vez que un representado quiere despedir a su representante ante el Congreso del Estado.

La petición tiene por objeto consultar a la ciudadanía si está a favor o en contra de la revocación del mandato de los antes mencionados.

El detalle, o mejor dicho, los detalles son muchos y no fáciles de salvar como para echar a andar esa maquinaria y decidir si una persona electa en las urnas deba quitarse del puesto antes de la fecha prevista en la ley.

Veamos: para pedir que se lleve a cabo la consulta en Práxedis G. Guerrero se requieren de 800 firmas; para Gómez Farías, mil 101; en Juárez, hay qué juntar la friolera de 58 mil 26 y en el décimo distrito, 10 mil 341.

Si ahí parara la cosa, vale, pero no: todavía se deben validar las firmas y, en caso de que pasen la prueba, el Consejo del IEE decidirá si lleva a cabo o no el proceso de votación en el cual, en una de esas, la mayoría vota por echar al funcionario que es objeto de la consulta.

La recolección de firmas inició este lunes 30 de mayo y debe terminar el 27 de agosto. De ahí a que se haga la validación y se decida ir a las urnas, pues ya tendrán como quien dice el proceso electoral constitucional encima.

Eso ya había pasado cuando se convocó a una votación para revocar o ratificar en el cargo al alcalde Armando Cabada, quien ya estaba de salida por el término de su mandado.

Buenos intentos, pero como que le falta mejorar el procedimiento.

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El Congreso del Estado aprobó el año pasado una reforma a la Ley de Transporte para cobrar un impuesto especial del 1.5 por ciento del cobro que hagan por cada viaje que tengan las empresas de sistemas de plataforma digital.

Hablamos de plataformas como UBER, DIDI y otras más que andan flotando en el ambiente.

El dichoso impuesto fue creado mediante una modificación al Artículo 128 de la Ley de Transporte para el Estado de Chihuahua, que apenas se había creado en el 2020.

En un segundo párrafo de ese artículo, la ley establece que “Las Empresas de redes de transportes que suscriban el convenio, realizarán la aportación del 1.5 por ciento del monto efectivamente cobrado por cada viaje iniciado en el Estado…”.

Es decir, que si un viaje en UBER o DIDI sale en 50 pesos, el prestador de servicio debe aportar 75 centavos por ese impuesto.

El dinero que se recaude se debe destinar al Fondo de Movilidad establecido en la Ley de la que venimos hablando.

De ser así, se aplicaría en renovación de parque vehicular, modernización de infraestructura, dice la ley.

Son centavos por viaje, pero también son millones los que se hacen al año en el estado de Chihuahua y bien podría ser la fuente de recursos para mejorar en algo la calidad del transporte.

Sin embargo, en la Ley de Ingresos para el 2023 no está contemplado ese cobro y, por tanto, no se está haciendo.

¡Qué caray! Se dejó de cobrar justo en el año cuando subieron la tarifa de transporte, que para “modernizarlo” ¡Para eso me gustaban!

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En fechas pasadas, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas al Código Penal de Chihuahua para, “ajustar” los años de prisión a secuestradores.

De primera vista, parecía que se trataba de una reducción de penalidades “per sé”, pero en realidad se trata de una adecuación para quedar iguales que la legislación federal.

Nos explican que, al tener penalidades distintas en los ámbitos federal y estatal, el presunto extorsionador conseguía amparos hasta con la ayuda de un estudiante reprobado de la Facultad de Derecho.

Era tan fácil que un juez considera excesiva la pena por ser mayor a la establecida en el Código Federal, que salían rápido y campantemente de prisión.

Ahora no: la reforma puso más o menos “tablas” las sanciones, para que se acabe eso de los amparos que salen hasta en la caja del cereal y se queden bajo la sombra, si es que se les dicta sentencia.

Lo que hizo el legislador chihuahuense fue agregarle agravantes al acto, por cierto, uno de los delitos que más lastima a la sociedad.

Por ejemplo: si el extorsionador fue integrante de una corporación policiaca, o se ostenta como integrante de una asociación delictuosa, sea real o de ficticia, o si tenía relación de parentesco con la víctima.

Ahí sí, la pena se puede ir hasta los 40 años.

Buen ajuste y mejor “atorón” a la puerta giratoria. Ahora falta que los agarren y los sienten ante un juez.