La Comisión Nacional de Derechos Humanos recibirá sonora cachetada con guante blanco de parte de la CEDH-Chihuahua, y será en breve, muy en breve.

Se trata de la contestación que se le dará al máximo organismo derechohumanista del país en torno a su recomendación, la número 47/2023, en la que pone como palo de gallinero a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, la CEDH.

Como les contamos en esta extrovertida columna, la CNDH pretendió “regañar” a su homóloga chihuahuense por las recomendaciones que emitió en el pasado remoto en torno al caso de la jovencita Sonia Ivette Ramírez Ramírez, quien fue asesinada en el año de 1996 en Ciudad Juárez.

Nos cuentan que la respuesta a la CNDH a esa recomendación ya está en camino y tiene uñas y dientes, aunque también una sonrisita “para la cámara”.

En primeras, la CEDH admitirá la recomendación, pero para “beneficio de la víctima”. Dicho de otra manera: “La acepto en bien de la víctima, no porque tú me lo pidas”.

En segundas: se le dará respuesta puntual a los ocho puntos de la recomendación 47/2023 que parecían una auténtica moquetiza, pero que la CEDH devolverá con finura, hasta eso.

Una de las peores exhibidas que le dará la CEDH a su “organismo madre” es que el extravío de los resultados de la necropsia lo dejó pasar la propia CNDH en su recomendación del año 1998. A ver si les entendemos: “me regañan por lo que ya hice o, peor aún, por lo que tú no hiciste”.

Una de las peores, si no es que la más grande “perla” en el documento de la CNDH, es donde le reclama a la CEDH de Chihuahua por qué no investigó de dónde surgió la información que en aquel entonces, años 96 al 98, publicaron los medios periodísticos de Juárez.

¡Nada más eso faltaba! Que el órgano garante de los derechos humanos se ponga a violentar el derecho no solo a la libertad de expresión, sino el que tiene cada periodista a guardar la identidad de sus fuentes de información. ¿Pues en qué están pensando esos de la CNDH?

Si bien el texto de respuesta va en los mejores términos, todo indica que la relación no quedará muy bien parada que digamos. Pero eso a nadie debe sorprender: la CNDH no es ajena a los vaivenes de la política nacional. Eso ya deberíamos saberlo.

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Las cosas se están volviendo a poner como un comal en el alejado municipio de Guazapares, ese que, por desgracia, ha dado la nota por hechos violentos ocurridos en años recientes y que ahora alberga un conflicto que podría tener alcances internacionales.

Se trata de la demanda que trae la gente del ejido del mismo nombre contra la empresa canadiense TC Energy por la construcción que ésta hizo de un gasoducto que pasa por terrenos de los demandantes.

La disputa legal tiene ya algunos años de antigüedad, pero el viernes pasado agarró otro tono cuando los lugareños, enojados por la indemnización que les dio la empresa, de plano le cerraron a la llave—literalmente—al gasoducto, en demanda de un pago que ellos estiman que debe ser por 60 millones de pesos.

Para darnos una idea del problemón: es una tubería que cruza en diagonal al estado de Chihuahua; que viene desde el norte del continente y llega hasta el Pacífico mexicano para salir hacia los mercados internacionales.

Esos mercados están actualmente con el Jesús en la boca porque dos de los principales países productores de gas: Rusia y Ucrania, están librando una guerra que no parece tener fin, no en fechas próximas.

Lo de los mercados y la seguridad al inversor privado es un ángulo del problema. El otro es que los demandantes se hayan puesto en tan grande peligro al cerrar el paso a una tubería de gas. No se trata de una “llave de agua”, sino una válvula de precisión que cierra o abre el paso al gas a muy altas presiones.

El problema ya es añejo y se puso peor cuando el gobierno de Javier Corral lo quiso aplacar a macanazos de policía; luego, se puso peor cuando la 4T se quedó viendo nada más y ahora, hasta que adquiere tamaños internacionales, le van a entrar al quite.

Pobre Guazapares: primeros se vuelve noticia porque su jefe de Policía participó en el secuestro de un activista social, quien luego apareció asesinado, y ahora, por una lucha de alta presión, en toda la extensión de la palabra.

A ver si ahora sí le ponen una solución de a deveras.

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El IMCO le puso estrellitas en la frente a las ciudades de Chihuahua y Juárez en su Índice de Competitividad Urbana 2022, al colocarlas en el “top ten” nacional entre las urbes con mejores servicios y calidad de vida.

Chihuahua aparece en el lugar número seis entre las ciudades con un millón o más de habitantes, con un índice alto, mientras que Juárez quedó en el casillero número 10.

Se trata, dice el IMCO, del índice que mide la capacidad de las ciudades mexicanas para generar, atraer y retener talento e inversión.

Lo anterior se hace partir del análisis de 69 indicadores agrupados en 10 subíndices, con el que se revisó la competitividad de 66 ciudades del país.

Por cierto, a Delicias no le fue tan mal, pues aparece bien “rankeado” entre las que tienen 250 mil habitantes o menos.

Buenas cifras, pero nada de echar campanas a vuelo, porque hay datos señalados por el IMCO que deben preocupar. Ejemplo: la alta generación de residuos tóxicos en la ciudad de Chihuahua, mientras que Juárez se “destaca” por su alta tasa de homicidios y de secuestros por cada 100 mil habitantes.

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El organismo que preside Rosario Piedra Ibarra, la CNDH, trae de encargo a los gobiernos de Chihuahua.

Nada más en lo que va del año lleva cinco recomendaciones a diversos órganos de gobierno, y en el 2022, se aventó otras siete.

Podría pensarse que, con el perfil de la actual presidenta de la CNDH, hija de una excandidata presidencial de la izquierda, como lo fue Rosario Ibarra, tiene en la mirilla a un gobierno como el de Chihuahua más pintado de azul y cargado a la derecha que otra cosa.

Sin embargo, la verdad es que también los gobiernos locales se han ganado esa tanda de reprimendas, pues los receptores de esas regañizas son cuerpos policiacos, instituciones de salud u órganos de gobierno.

Más que quejarse de la señora Piedra, los gobiernos de Chihuahua deberían ver si no tienen piedras en el zapato que les permitan caminar sin pisotear la dignidad de las personas.