En esta efusiva columna hemos hablado de las tremendas deudas que se cargan las diversas dependencias estatales y los organismos descentralizados con Pensiones Civiles del Estado.

Pues bien, ahora van las quejas de los deudores.

A esta Doña le llegó el chisme de que la dependencia a cargo de Hugo Gutiérrez Dávila ha hecho crecer la bola de nieve de la deuda por los tremendos cobros extras, recargos e intereses que le aplica a sus deudores morosos.

Para que lo sepan: de los 6 mil 944.2 millones de pesos que le deben 50 organismos a PCE, 3 mil 36 mdp son puros recargos.

Es decir, que  el 43.72 por ciento de la cuenta por cobrar es el “copete”, como le llaman en el argot bancario a la bola de nieve que se junta con recargos y gastos de cobranza.

La verdad, ni las tiendas departamentales más “cobronas” se las gastan así.

Por otra parte, nos comentan que, si se llegó a ese bodoque de casi 7 mil mdp de deuda, es por lo mala paga que resultaron ser las diversas dependencias que tienen a su trabajadores inscritos en PCE, pero también, a que esta ha ido capitalizando intereses.

O sea, que le aplica la dolorosa llave del anatocismo a sus deudores.

Si esa cuestionable táctica de cobro ya está por verse, pero aún si se trata de instancias de Gobierno, pues el dinero sale de la misma bolsa: del que paga y del que cobra. A ver si se ponen de acuerdo, el uno, para pagar, y el otro, para bajarle a la cuenta.

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La bancada panista del Congreso fue por lana y se llevó su trasquilada.

Durante la sesión celebrada este lunes 9, el grupo panista denunció en la tribuna del Congreso presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Comunicación y Transporte (SICT) del Gobierno federal, en el estado de Chihuahua.

Con toma de tribuna, letreros en mano y cara de “ya los cachamos”, el grupo, en Pleno, denunció los presuntos actos ilegales que involucrarían a los funcionarios federales por un desvío de recursos que estarían destinados a reparar la muy maltercha red carretera federal de Chihuahua.

Duro y a la cabeza, con audio y video de por medio, el grupo panista presentó un testimonio transmitido el 25 de marzo pasado en la radiodifusora de Nuevo Casas Grandes, la radiodifusora XHTX-La Ranchera de Paquimé 90.5 FM, donde se daba cuenta de los actos que revelaban la corrupción reinante en esa dependencia “insigne” de la 4T.

Hasta ahí, todo en orden para el frente PRIAN.

Pero luego vino la respuesta de los de Morena, con un revire a primera base que tomó mal parado al diputado Ismael Mario Rodríguez, pues salieron a relucir los contratos que la empresa Constructora Lagüera ha obtenido de la actual administración.

Lagüera, una constructora de amplia trayectoria, receptora de contratos de obra en diversas administraciones estatales y municipales, está bajo la administración de la esposa del diputado, según lo expuso la morenista Ilse América García.

Eso no es todo: esos contratos los obtuvo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado cuando estaba a cargo de Mario Vázquez Robles, el actual candidato al Senado de la República y quien, por cierto, también es diputado local electo.

¿Quién creen que es su suplente? ¡Acertaron, Ismael Mario Rodríguez!

Ciertamente, no existe delito alguno qué perseguir, pues Lagüera concursó por los contratos en licitaciones públicas y la condición de Rodríguez no la hacía inelegible. Pero de que eso huele a compadrazgo, a favoritismo y a capitalismo de cuates, qué barbaridad, porque hasta acá da el olor.

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Y ya que hablamos del rey de Roma, en la misma sesión, se hizo un exhorto al Gobierno federal, y en particular al titular del jefe del Poder Ejecutivo –le dicen “López”, acá entre nos– para que repare los muy agujerados tramos federales carreteros que cruzan territorio chihuahuense.

Razón no les falta a los prianistas, porque esas vías están como para que las usen de lavadero o las conviertan en molcajetes, pero no para comunicar a las personas ni conectar las rutas de carga que cruzan por el estado.

No merecemos menos: piden la reparación y mantenimiento de las Carreteras Federales Número: 2; 10; 16; 24; y 45 al igual que de los Puentes Federales del Estado de Chihuahua: el de Ojinaga; el Porvenir; Doctor P. Parra; Puente Zaragoza-Ysleta en Juárez y el Benito Juárez.

Lo malo es que el bloque blanquiazul con tonos tricolores no tiene ojos y voz mas que para el Gobierno federal, porque la misma le pudo haber pedido al Gobierno del Estado.

Hasta el momento, poco sabemos de la reparación de los tramos carreteros que se iba a cubrir con la contratación de un crédito por 3 mil millones de pesos que ya se licitó desde el año pasado.

Esa cuantiosa suma se aplicaría en reparar 999.67 kilómetros de carreteras, según el decreto publicado en el Periódico Oficial el 11 de noviembre pasado.

De los 3 mil millones “del águila”, mil 750 se irían a rehabilitación y los otros mil 250, a reconstrucción.

Son nueve tramos en total, los que recibirían el “zarpazo de tigre”, ya no digamos la manita de gato, porque las pésimas condiciones en las que se encuentran requieren de trabajos de alta ingeniería.

Son 142.6 kilómetros de la carretera a Gómez Farías; 189, de Cuauhtémioc; 90, de la de Parral; 113, de la vía a Creel; 97, de Villa Ahumada; 113, de Delicias, 86, de Camargo y 168 de Chihuahua.

Bonito el proyecto, pero no sabemos ni en qué vamos.

Sería bueno darle una revisada al tema y, al menos, mandarle decir al Gobierno de la 4T que, en Chihuahua, nos echamos la deuda, pero al menos tenemos carreteras en razón.

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Después de varios años de verlas hacer negocio sin reportar un céntimo al erario estatal, las empresas dedicadas al servicio de hospedaje a través de plataformas digitales van a pagar impuestos locales. ¡Faltaba más!

El grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua, de modo que se instaure una regulación a todos esos sistemas digitales de alojamiento, que se ofrecen través de plataformas como Airbnb, Booking y Trivago, entre otros.

Y es que, desde hace algunos años, vienen operando cual “China libre” en el estado y en el país, sin desglosar impuesto al hospedaje en el cobro de sus tarifas y, mucho menos, reportarse a las cajas de la Recaudación de Rentas.

Esta situación es por demás injusta, porque los hoteles y moteles debidamente instalados, que facturan sus servicios y ofrecen garantías de servicio a sus clientes, sí que pagan impuestos, tanto federales como estatales e incluso municipales.

Para darnos una idea, el Gobierno estatal contempla recaudar este año 119.6 millones de pesos por concepto de Impuesto al Hospedaje.

¿Y quienes los pagan? Los viajeros que se hospedan en hoteles y moteles formales, y no en espacios habilitados, cuyas funciones eran distintas a las de los servicios turísticos.

La legisladora Rosa Isela Martínez, del PAN, promotora de la iniciativa, dijo que, durante el 2023, el estado registró una derrama económica aproximada de 16 mil 387 millones de pesos en materia turística.

Si al menos la mayor parte de esa derrama se tradujera en recaudación de Impuesto al Hospedaje, le caería bastante bien al erario estatal.

Nada más en el periodo vacacional de Semana Santa 2024, el municipio de Guachochi, uno de los más visitados, tuvo una derrama económica de más de 5 millones de pesos, con la visita de alrededor de 11 mil 600 turistas, según lo mencionó la panista.

Ese “boom” turístico está muy bien, pero ahora falta que todas las empresas dedicadas al ramo caminen por la misma línea, ofrezcan servicios de calidad y operen en áreas comerciales, sin causarle problemas a vecinos que ven cómo sus barrios residenciales de pronto se convirtieron en zona hotelera.